Por Carlos Ramos N.(*)
La reforma que se introdujo a la Constitución de 1860 en noviembre de 1915 es, si se quiere, la plataforma histórica de la UC. Se declaraba la libertad de cultos en el Perú. Antes y después de esa enmienda, laicistas y confesionales se enfrentaban entre sí con el mismo furor que observamos hoy.
En ese escenario surge la UC. Quien interpretaba mejor esa voluntad era Jorge Dintilhac, sacerdote de los SSCC. San Marcos, quien fuera bastión del pensamiento conservador, se había secularizado en demasía, tal como muchos piensan hoy sobre la PUCP en torno a su pluralismo. El sacerdote francés, acompañado por un grupo de laicos, comenzó entonces los trámites ante el gobierno de José Pardo. Logró primero, en diciembre de 1916, que a la nueva institución educativa se le reconociera con el nombre de Academia Universitaria, pero en virtud a una estrategia más audaz, concebida en el verano de 1917, ‘Centro Dintilhac’ o ‘Escuelita del padre Jorge’, así como las vacilaciones del gobierno, se concretó la idea de constituir una Universidad Católica.
Para la creación legal de la UC, se requería, sin embargo, la autorización gubernamental. La universidad sin una norma de creación dispuesta por el Estado no podía existir. No bastaba el acuerdo interno de sus organizadores. Era claro que el Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto debía aceptar o rechazar la iniciativa sobre la base de la potestad administrativa del Estado, a la cual naturalmente la universidad y sus fundadores se sometían. Ese era, en realidad, el principal terreno de batalla.
La fundación legislativa llegó a través de la RS del 24/3/17 suscrita por el presidente José Pardo y su ministro Wenceslao Valera.
La partida de nacimiento de la UC es, pues, un acto administrativo del Estado, marcado ya por la separación entre el Estado y la Iglesia. Precisamente, el 24 de marzo de cada año se celebra el aniversario de esa fecha histórica. No se celebra como día de creación de la universidad la fecha de aprobación de sus estatutos por el Arzobispado de Lima ni su título de pontificia de 1942. La Iglesia no es la madre de la universidad, sino la ley peruana y de ella han dependido hasta hoy su organización, sus funciones y la naturaleza de sus bienes. La norma legal era un requisito sine qua non e imprescindible.
En 1917 el reconocimiento arzobispal se daba por descontado y este no era un requisito ni esencial ni secundario que exigiera la autoridad estatal. Es más, se trata de un acto posterior a la creación legal y no previo, como erradamente se ha dicho. Basta una comprobación cronológica para reparar en ello. Por otro lado, el arzobispo de Lima, Pedro García Naranjo, era amigo de los SSCC. No costó ningún esfuerzo entonces que acogiera con entusiasmo la fundación de la UC. Desafortunadamente, García Naranjo falleció en septiembre de 1917. Fue nombrado entonces arzobispo de Lima monseñor Emilio Lisson, quien rechazaba la creación de la UC. No tenía, en realidad, una buena comunicación con los sacerdotes de los SSCC.
Lisson propugnaba que se creara otra universidad que se denominaría Bartolomé Herrera, como es de verse de las actas del Consejo Superior de la Universidad del 27/8/21. El padre Jorge defendió con ardor la sobrevivencia de la universidad y hasta convenció a monseñor Lisson para que cambiara de actitud. Lisson, arequipeño y ex obispo de Chachapoyas, tuvo un triste destino. La jerarquía romana lo renunció y prácticamente fue desterrado a España: él nunca firmó la renuncia y se enteró por una comunicación de que lo había hecho. La Santa Sede no deseaba malquistarse con el gobierno de Sánchez Cerro. Lisson era acusado de numerosos cargos, sobre todo por su estrecha vinculación con la dictadura de Leguía.
(*) Subdirector del Instituto Riva Agüero.
