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22/07/2020

Acuerdo de Escazú: ¿Es importante su ratificación?

¿Es importante su ratificación?

Estos, son derechos fundamentales, que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales.

El Acuerdo de Escazú se ratificó en nueve países por unanimidad, lo cual revela que no tiene sesgo ideológico o político, pues es un asunto de derecho fundamental. 

Al día de hoy, ¿cuál es el estado del Acuerdo de Escazú para su ratificación en nuestro país?, Mariano Castro ex Viceministro de Gestión Ambiental Ministerio del Ambiente, Docente de la Facultad de Derecho e investigador del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental del INTE-PUCP, responde estas y otras interrogantes.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Es un acuerdo pionero porque alude a cuestiones de derechos de acceso, a información ambiental, participación y derecho ambiental, integra temas de carácter ambiental y de carácter de mejoramiento de institucionalidad democrática para nuestro país.

En ese sentido, es pionero porque ha sido negociado de manera muy transparente por los países de América Latina y busca contribuir a la implementación efectiva de estos derechos de acceso, a través de la cooperación entre los países.

Ahí la importancia de que sea un acuerdo solo de los países de América Latina; y los Estados, han participado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y académicos, representantes de diversos sectores durante todo el proceso de negociación. 

Hemos sido muy cuidadosos en garantizar los principios de soberanía, sobre nuestros recursos y de decisión, de política que cada país adopta sobre estas materias. México está en pleno proceso de ratificación; así como Argentina y Colombia. Es un esfuerzo regional en favor de las poblaciones de América Latina. 

¿Por qué es necesaria su ratificación?

El Perú y otros países de América Latina hemos venido desarrollando estos derechos de acceso de manera muy importante. Este acuerdo lo que hace de manera coherente, es reforzar las capacidades de implementación a este desarrollo normativo, institucional y de gestión.

Además, es importante tener en cuenta que este Acuerdo responde a lo que está en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo; este Principio establece que el mejor modo de tratar cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde. Esto significa que a países como Perú, nos interesa abordar cuestiones ambientales porque tiene que ver con nuestro bienestar. 

Esta pandemia es una prueba palpable de la urgencia de abordar adecuadamente las cuestiones ambientales, entre otras factores sanitarios. Y por esta razón, y esta pandemia también lo demuestra, es que se requiere la participación de todos, no solamente del Estado o de las empresas, o de la ciudadanía, sino de todos, cada uno desde el nivel que le corresponde en el proceso, justamente en acceso a información, acceso a la participación y acceso a la justicia.

En tanto, el Acuerdo lo que hace es fortalecer la capacidad de implementación de estos derechos de acceso, es un beneficio para todos.

Al día de hoy, ¿cuál es el estado del Acuerdo de Escazú y su ratificación?

Perú ya firmó el Acuerdo, lo que está pendiente es su ratificación. Para la firma del Acuerdo, han ocurrido varias cosas importantes, no es que solamente una funcionaria, que en este caso fue la Ministra del Ambiente, va y firma. Fue un acuerdo de diversos sectores del Estado, que expresaron su conformidad durante la negociación qué tomó cerca de seis años. Y luego, por acuerdo del Consejo de Ministros, se envió el Proyecto de Resolución Legislativa al Congreso de la República.

Este Proyecto de Resolución Legislativa N°4645, contiene un expediente en el cual aparecen todas las opiniones favorables de todos los sectores. Claramente se observa – no solo porque está la firma del Presidente de la República o del Canciller – que existe una cohesión por parte del Ejecutivo que luego se ve reflejada en la firma del Acuerdo. Este acuerdo luego debe ser, como corresponde para este tipo de documentos, ratificado por el Presidente de la República. Desde agosto del año pasado está en el Congreso para su consideración, y la Comisión de Relaciones Exteriores debe dictaminar sobre el Proyecto de Resolución Legislativa, aprobarlo y luego remitir al pleno para tomar la decisión final. 

Para mí, la posición formal del Ejecutivo y de la Cancillería es clara. Y claro, lo que ocurre es que ha aparecido una campaña llena de falsedades en contra del acuerdo de Escazú. Debemos seguir con los diálogos democráticos para que el proceso de toma de decisiones sea informado y sea veraz. En este sentido me parece positiva la llamada del Canciller para que continúe el diálogo, porque además debe darse en el espacio correspondiente que es la Comisión de Relaciones Exteriores, pero también en la opinión pública en general, para que nos quede claro que el Acuerdo es beneficioso.

¿Qué retos enfrentamos como Estado y qué deberíamos hacer desde la academia para impulsar su ratificación?

La pandemia nos ha revelado que hemos quebrado límites ecológicos. En este sentido, el Acuerdo de Escazú se vincula con esta necesidad de cambio y de tener más cuidado porque permite mejorar la información que se tiene sobre estos temas y el acceso a la misma, y participar responsablemente, en las medidas que sean necesarias para el cambio, para ser más resilientes, para transformar el país y aplicar una economía baja en carbono, entre otros fines que apuntan a la sostenibilidad social y ambiental de nuestro desarrollo. El Acuerdo ayuda a tener una reactivación económica más sostenible y atender condiciones sanitarias que son urgentes. 

Y en relación a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú contiene un artículo específico que se refiere a las personas que son vulnerables cuando ejercen derecho de defensa del ambiente. Hay casos en nuestro país, como el señor Edwin Chota y el señor Victor Zambrano en Madre de Dios, y entre otras personas que, por defenderse frente a la economía ilegal, frente a actividades como tala o minería ilegal, defender su derecho de vida, de aprovechamiento sostenible de los recursos, y defender sus medios de vida, es que han sido amenazados y violentados. 

En estos casos, tanto ellos como sus familias que son amenazadas, requieren de protección. En Perú ya tenemos un protocolo, justamente para la protección de los defensores que incluye los derechos ambientales, hace una aclaración sobre los esfuerzos que debe realizar el Estado para proteger a los defensores ambientales en ese sentido. En ningún caso eso debe entenderse como una protección a extorsionadores o a aquellos que ejercen violencia. Lo que se busca es salvaguardar la legalidad y la garantía de un estado de derecho. 

Los estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, desde hace un tiempo han contribuido y aportado al mejoramiento del articulado del Acuerdo de Escazú. Han organizado eventos de discusión donde estuvieron representantes de la Cancillería, de la Red Eclesial Amazónica, entre otros representantes especializados sobre el tema.