Por: Ariana Gallegos, voluntaria de Clima de Cambios
Las áreas naturales protegidas en Perú desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad y en el crecimiento económico. A través del turismo sostenible y el uso responsable de recursos naturales, generan ingresos importantes, crean empleos y contribuyen al desarrollo local. Iniciativas recientes de financiamiento han fortalecido su gestión, proyectando beneficios tanto presentes como futuros para la sostenibilidad del país.
En los últimos años, el Estado peruano ha tenido avances con respecto a la implementación de proyectos enfocados a una economía verde; es decir, una economía que reduzca los riesgos ambientales y apunte a una sostenibilidad ecológica (ONU Medio Ambiente, 2019). Uno de los mecanismos con mayor éxito para asegurar la preservación y protección de la biodiversidad nacional, a la vez de fomentar la economía del país, ha sido el establecimiento de las áreas naturales protegidas del Perú (ANP). Según el exviceministro de Desarrollo de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Gabriel Quijandría, el turismo sostenible en estas zonas aporta aproximadamente US$800 000 000 al año y genera 36,000 empleos directos a nivel nacional (Estado Peruano, 2020).
De acuerdo con la Ley N° 26834 de nuestro ordenamiento jurídico, las ANP se definen como espacios terrestres o marinos delimitados en el territorio nacional que apuntan a la conservación de la diversidad biológica y a objetivos en materia cultural, ambiental, económica, entre otros. En torno a la dimensión económica, las ANP albergan gran capital natural; es decir, recursos naturales y servicios ecosistémicos fundamentales para nuestra economía. En estadística, se estima que “el capital natural sustenta más del 50% del producto bruto interno y más del 80% de las exportaciones” (Novoa, 2011). Por ejemplo, la mayoría de las especies marinas de las que depende la actividad pesquera se encuentran en las ANP y se proyectan como una fuente económica en forma de divisas (exportación de pescado enlatado y congelado, harina y aceite de pescado, etc.) (León, 2007).
En lo que respecta a su administración, las ANP de carácter nacional son gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Sin embargo, surgieron problemas en torno al financiamiento de estos espacios en años anteriores. Durante la década de los 2000, el presupuesto público fue insuficiente para financiar los costos de gestión de estos espacios, por lo que se generó una gran brecha financiera que fue cubierta por esfuerzos internos en vez de haberse proyectado en ganancias. Por consiguiente, la incorporación de nuevos mecanismos de financiamiento ha sido clave para asegurar el adecuado funcionamiento de las ANP y mitigar este déficit financiero. Según el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe) (2023), uno de estos nuevos mecanismos es “Patrimonio Natural del Perú”, la primera iniciativa de conservación a largo plazo que empezó en 2019, y es liderada por el Sernanp y el Ministerio del Ambiente. Para sentar las bases de la iniciativa, se utilizaron recursos internacionales procedentes del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF), World Wide Fund for Nature (WWF), Andes Amazon Fund, y operaciones de canje de deuda y donaciones multilaterales. Con la iniciativa, se ha evidenciado una mejora en los procesos de gestión en las jefaturas, un óptimo desarrollo de planes operativos, el seguimiento de condiciones habilitantes y acciones sostenibles que involucran a las poblaciones locales en la conservación de las ANP. Bajo este marco, Luis Alfaro, coordinador de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú, destaca que, “al 2023, se ha logrado fortalecer las condiciones de trabajo de las 38 áreas naturales protegidas que conforman el bioma amazónico”.
Imagen: Parque Nacional del Huascarán – Andina
Este financiamiento, a su vez, permite que las ANP puedan generar diferentes tipos de beneficios que pueden ser directos, indirectos y de opción. Los beneficios directos provienen de usar los bienes y servicios ambientales de las ANP como insumos en diferentes actividades de producción y como productos transables (importables o exportables) directamente en el mercado. Un beneficio directo serían las ganancias procedentes del uso del recurso hídrico que las ANP proveen. El agua de las cuencas de estos espacios es ofrecida a un conjunto de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) para el consumo local o usada en centrales hidroeléctricas. Un segundo beneficio directo procedería de la actividad turística sostenible que se puede realizar en estas zonas. Las ANP albergan los lugares turísticos más frecuentados por extranjeros como el Santuario Histórico de Machupicchu y la Reserva Nacional de Paracas. Estas visitas impactan positivamente en las economías locales, ya que, además, del costo de entrada, el turista también incurre en gastos vinculados a transporte, alojamiento, comida y actividades con fines recreativos. Por ejemplo, en el 2001, en la Reserva Nacional de Paracas (RNP), se generó US$110,550 por tarifas de ingreso y el impacto de la actividad turística se valorizó en US$10,100 000 (Rivas, 2002, p. 169).
Por otro lado, los beneficios indirectos refieren a los servicios ambientales de las ANP que aún no tienen un valor de intercambio en el mercado, pero son indispensables para la sostenibilidad de la vida y las actividades económicas. Los beneficios indirectos más destacados serían la protección del suelo y la regulación del clima por la captación y fijación del carbono por parte de árboles y plantas nativas de estos espacios. Por último, se tiene a los beneficios de opción o beneficios futuros que, aunque tampoco están expresados en el mercado, podrían ser incorporados en el mediano plazo. Un beneficio futuro podría ser la prospección biológica para su uso en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Este beneficio se esboza como una posibilidad en el Perú al tener de referente a Ecuador, un país vecino que firmó un convenio de bioprospección en las islas Galápagos, que reportó un pago de US$20 por hectárea (León, 2007).
Al tener presente los beneficios de las ANP, se sostiene que su implementación ha sido de gran ayuda para el desarrollo sostenible del país. Además, la progresiva mejora en la gestión y el financiamiento de estas áreas ha permitido que no solo sean espacios capaces de autosostenerse, sino que también puedan contribuir a la economía nacional y local. Esto incluye el desarrollo de planes maestros para su operatividad, la creación de empleos en áreas rurales y la promoción de prácticas sostenibles que benefician tanto a la biodiversidad como a las comunidades nativas. Además de los beneficios patentes actuales, a su vez se proyectan beneficios a futuro que procederán del uso sostenible de recursos naturales dentro de estas zonas. Por consiguiente, esto propicia a continuar pensando en proyectos que ayuden a las ANP en su crecimiento y desarrollo.
