En las últimas dos décadas se han perdido cerca de 2.6 millones de hectáreas de bosques en el Perú principalmente por la deforestación. Esta cifra representa más de 2,600 veces el distrito limeño de San Isidro.
Según el Ministerio del Ambiente (Minam), solo en el 2020, la pérdida por deforestación varió en 37.16% respecto al año anterior en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Esto se debe a las distintas actividades económicas que se realizan en esta región, tales como las que realizan los pequeños agricultores con el fin de mejorar sus tierras para la producción. Otra amenaza que contribuye con la explotación de los espacios forestales es la tala ilegal, la cual extingue a los árboles más longevos, los cuales cumplen un papel importante en la absorción y purificación del aire, esto implica un aumento en la temperatura, además de que afecta la supervivencia de las comunidades indígenas, que son protectoras del medio ambiente.
Además, otro caso reciente es la presencia de actividades extractivas intensivas por parte de entidades empresariales que no cuentan con certificaciones ambientales para poder realizar dichas prácticas. Tal es el caso de la exportación de palma aceitera, la cual desencadenó efectos negativos como la deforestación. Agregado a ello, los incendios forestales naturales y los provocados por el hombre, que son utilizados para limpiar la tierra, son otros de los causantes en afectar negativamente los espacios verdes del Perú y del mundo, debido a que contaminan el aire y emiten los gases de efecto invernadero.
Ante lo expuesto, el rol importante que cumple la Amazonía peruana en la absorción de dióxido de carbono (CO2) producido por el mundo ha disminuido con el pasar de los años. Esto no solo ocurre en el Perú sino también en otros países de Sudamérica. Tal es el caso de Brasil, donde está la mayor parte de la Amazonía. Así, Luciana Gatti, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, explica que la cantidad de CO2 producida por la quema de los bosques es el triple de lo estos pueden absorber.
Fuente: Víctor Moriyama/Greenpeace
Tras la continuidad de estas prácticas que atentan contra la Amazonía peruana, además de vulnerar los derechos de los indígenas, el gobierno ha venido planteando, progresiva y lentamente, actividades y proyectos con el fin de salvaguardar los bosques; sin embargo, tal como menciona Julio Guzmán, procurador del Minam, la presencia de la pandemia significó un retraso más para poder proteger estos espacios, ya que las medidas de protección contra la COVID-19 fueron limitantes para la fiscalización y supervisión continua de las actividades ilegales, así como para la protección de la vida de los indígenas. En contraste, también mencionó que se espera cumplir con los objetivos que se plantean en el plan de lucha contra la tala ilegal 2021-2025, el cual fue aprobado a mediados del 2020.
