La Amazonía peruana, una de las reservas naturales más ricas del planeta, se encuentra atravesando una grave crisis ambiental a raíz de los incendios forestales. Este fenómeno, que viene no solo destruyendo la biodiversidad, afecta gravemente a las comunidades locales. El abogado Jimpson Dávila, profesor de la PUCP y experto en derecho ambiental, señala que el marco legal peruano, y en particular las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lejos de mitigar la deforestación, podrían estar alimentando la expansión de los incendios forestales al incentivar prácticas que agravan la destrucción del bosque amazónico.
Estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo los incendios forestales en Perú han aumentado de manera alarmante, afectando principalmente a la Amazonía, una región crítica no solo para el equilibrio ecológico nacional, sino para el planeta en su conjunto. Este fenómeno, que resulta de una combinación de factores climáticos, culturales y económicos, está siendo exacerbado por la legislación vigente, particularmente las modificaciones introducidas a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (artículos 29 y 33 de la Ley 29763). Para entender mejor el impacto de estas normativas, conversamos con Jimpson Dávila, abogado y docente adjunto de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la PUCP.
Ley antiforestal
“La modificación aprobada en enero de 2024 a la Ley Forestal exime a los propietarios y poseedores que hayan deforestado tierras en la Amazonía con fines agrícolas de presentar el estudio de clasificación de suelos, que es fundamental para determinar si la actividad agropecuaria es compatible con las condiciones ecológicas del suelo amazónico”, explica Dávila. Este cambio ha provocado que aquellos que se dedican a actividades agrícolas en áreas deforestadas lo hagan sin un análisis técnico adecuado, aumentando el riesgo de incendios.
Los incendios forestales, como señala Dávila, son el resultado de un conjunto de factores: “Estamos viviendo eventos climáticos más extremos y severos, que, junto con prácticas culturales como la quema y roza para expandir la frontera agrícola, han creado el escenario perfecto para estos desastres. Además, las actividades ilícitas, como la tala y minería ilegal, agravan la situación, generando condiciones propicias para la proliferación de incendios”.
Según el Ministerio del Ambiente, en Perú se pierden entre 120 mil y 150 mil hectáreas de bosque cada año, una cifra que sigue en aumento. Las hectáreas y tierras de cultivo perdidas solo en el mes de septiembre del 2024 por la gran cantidad de incendios supera ya los 3,500.
“Es un contrasentido legal que mientras se sancionan los incendios forestales en el ámbito penal y administrativo, por otro lado, se promueve la deforestación a través de la Ley Forestal”, afirma Dávila. Estas cifras evidencian que la deforestación sigue siendo un problema estructural no abordado adecuadamente por la legislación actual.
Propuestas desde el derecho ambiental
Ante este panorama, Dávila propone tres medidas clave desde el derecho ambiental para frenar el ciclo de daño causado por los incendios forestales. En primer lugar, destaca la necesidad de fortalecer el marco jurídico forestal. “Es crucial evitar normativas que erosionen los estándares ya definidos en la regulación forestal. Si permitimos que la deforestación siga legalizándose, las condiciones para los incendios forestales seguirán en aumento”, reflexiona.
“La legislación actual fomenta la deforestación y agrava los incendios forestales. Si permitimos que la deforestación siga legalizándose, las condiciones para los incendios forestales seguirán en aumento».
En segundo lugar, Dávila subraya la importancia de atacar el problema estructural de la deforestación, vinculado a la proliferación de actividades ilícitas en la Amazonía. “Es necesario fortalecer las capacidades del sistema de justicia y de las entidades públicas para prevenir delitos ambientales, que son un factor central en la deforestación”, declara.
Asimismo, plantea que es necesaria la implementación de un marco jurídico de emergencias ambientales. La reciente aprobación de la Ley de Emergencias Ambientales por el Congreso de la República es un paso positivo, pero falta la reglamentación que permita su aplicación efectiva. “Es fundamental contar con una unidad especializada de bomberos forestales para atacar los incendios tanto en zonas rurales como en la Amazonía”, enfatiza.
La deforestación no solo afecta al medio ambiente y a las comunidades locales, sino que también tiene repercusiones económicas significativas. En 2023, la Unión Europea aprobó una normativa que prohíbe la importación de productos agrícolas como el café, el cacao y la palma aceitera si han sido producidos en áreas deforestadas. Por ello, desde la Clínica Jurídica Derecho Ambiental de la PUCP, se viene realizando un análisis sobre las implicancias de esta regulación.
“El Perú podría perder competitividad en el mercado internacional si no combate eficazmente la deforestación”, advierte Dávila. Esto implica que la lucha contra los incendios forestales y la deforestación no solo es un imperativo ecológico, sino también económico.
Imagen: El País
Acciones concretas para la prevención y mitigación
En cuanto a las acciones de prevención y mitigación, Dávila advierte sobre la necesidad de abordar el problema con realismo. “Es un error simplificar el problema de los incendios forestales a prácticas culturales. Debemos reconocer que existen múltiples factores, como el cambio climático, las economías ilícitas y las políticas que fomentan la deforestación”, dice.
“Es un error simplificar el problema de los incendios forestales atribuyéndolo solo a prácticas culturales. Debemos reconocer que existen múltiples factores, como el cambio climático, las economías ilícitas y las políticas que fomentan la deforestación”.
Jimpson Dávila
Abogado y docente adjunto de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la PUCP
El experto también señala que, aunque se han implementado planes y lineamientos como el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los recientes lineamientos del Ministerio del Ambiente, aún falta mucho por hacer: “Es importante educar a las comunidades sobre la gestión del fuego, pero también necesitamos una unidad especializada en bomberos forestales y políticas efectivas de restauración de los ecosistemas afectados”.
Un desafío urgente
El reto para Perú no solo es detener la deforestación y los incendios forestales, sino transformar su enfoque hacia el manejo forestal y las actividades agropecuarias en la Amazonía. Las cifras y la realidad en campo muestran que, mientras no se aborden los factores estructurales de este problema, las llamas seguirán devorando el futuro del bosque amazónico.
El derecho ambiental, como plantea Dávila, tiene un papel crucial en esta lucha, pero requiere un compromiso sostenido y enfático del Estado, una implementación efectiva, y, sobre todo, una visión a largo plazo que asegure la conservación de uno de los recursos más valiosos del Perú y del mundo.
