Cuando se concluye un mandato en cualquier entidad pública o privada suele formularse una evaluación de gestión o realizarse un balance de lo logrado. Cuando se trata de evaluar la gestión de un Ministerio el balance es algo más complejo, pues una entidad de ese nivel político no puede mirarse como un ente aislado o ajeno al contexto político en el que se desarrolla.
En ese sentido debe reconocerse que aún cuando la creación del Ministerio del Ambiente fue una medida acertada y adecuada no sólo a las necesidades del país, sino a las tendencias sobre gestión ambiental a nivel internacional, ello no se condijo necesariamente con la línea de conducta socio-ambiental del gobierno, que más bien se expresó en posiciones contrarias a los principios de sostenibilidad, con el artículo presidencial de octubre de 2007 “El síndrome del Perro del Hortelano”; con medidas generadoras de los más emblemáticos conflictos, como los decretos legislativos que llevaron a la penosa pérdida de 30 vidas en Bagua; con la observación a las autógrafas de ley de consulta y ley de moratoria de transgénicos, amen de normas sorpresa orientadas a relajar las exigencias ambientales o a promover, bajo la excusa recurrente del interés nacional proyectos de reconocido, alto y negativo impacto ambiental, como los orientados a la construcción de hidroeléctricas y represas en la Amazonía para exportar la energía al Brasil.
Esto permite sacar una primera conclusión. Si bien es cierto contar con una autoridad a cargo de los asuntos ambientales en el más alto nivel de decisión política, es decir sentado en el Consejo de Ministros, constituye una ventaja sobre la cual no teníamos experiencia anterior, ello no significa necesariamente que los niveles de influencia se incrementen significativamente, ya que el verdadero poder no sólo está en la figura del Presidente, sino a su vez en quien guarda la llave de la caja, es decir el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde lo ambiental sigue siendo una materia desconocida, misteriosa y de consideración marginal.
Una segunda aproximación para hacer un balance objetivo pasa por determinar si las funciones que se le otorgaron al naciente Ministerio del Ambiente fueron suficientes o más bien fueron retaceadas por la tan regular e histórica codicia sectorial. Ocurrió lo segundo. Cuando se creó el Ministerio del Ambiente los sectores se negaron a ceder su competencia alrededor del más importante instrumento de gestión ambiental en un país: la evaluación del impacto ambiental, lo que dejó a nuestra novísima entidad convertida en, probablemente, la única de su tipo en la región sin poder sobre ello. A su vez la discusión sobre las competencias alrededor del agua y los bosques dejó dichos temas en manos del Ministerio de Agricultura. Ocurrió también que el organismo de fiscalización, el OEFA, creado como “el brazo armado” del Ministerio no tenía armas para cumplir su función, pues no tenía funciones claras en un inicio, las que luego se trataron de precisar, pero a su vez, al no haber sido creado como regulador, se le negaron los ingresos que organismos como OSINERGMIN tiene y mantiene aunque ahora ya no tenga las mismas tareas que antes.
Dicho ello, el lector se preguntará, por qué entonces el titulo de este artículo habla de un balance positivo, si lo descrito parece plantear más bien un ambiente desolador. La respuesta pasa por reconocer que aun con esas dificultades el Ministro Brack tuvo la habilidad de armar el nuevo Ministerio, tuvo la capacidad de rodearse de técnicos capaces, comprometidos y con experiencia. Desarrolló las bases de la política al aprobar la Política Nacional del Ambiente y dejó una ruta ambiciosa a través del Plan Nacional de Acción Ambiental. A su vez, continuando el trabajo iniciado por el Consejo Nacional del Ambiente, entidad que precedió al Ministerio, concluyó y remitió la denominada “Segunda Comunicación Nacional” sobre el cambio climático y los planes nacionales de mitigación y adaptación al mismo. Sumado a ello logró canalizar recursos para el programa de conservación de bosques como estrategia de mitigación de emisiones, un programa de subsidio directo condicionado con orientación de conservación. Además inició una estrategia orientada a promover la ecoeficiencia trabajando con gobiernos locales y lideró iniciativas orientadas a promover mayor tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas, temas en los que el Perú está en la cola en comparación a los países latinoamericanos. Finalmente logró el compromiso de propietarios privados para el reconocimiento de más de 30 áreas de conservación privada, amen de la creación de áreas de conservación regional y nuevas áreas naturales protegidas del sistema.
La visión positiva de lo avanzado no niega que quedan muchas cosas más por hacer. Que el Ministerio del Ambiente debe ser más activo en prevenir las causas de los conflictos socio-ambientales, que debe seguir luchando por contar con facultades y recursos suficientes, que debe seguir promoviendo la cercanía con los ciudadanos y que debe terminar por convencer a todos y cada uno de los políticos en que no hay desarrollo posible sin condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de mejores estándares de calidad de vida para la población. Los peruanos nos merecemos un mejor ambiente.
Manuel Pulgar-Vidal es Abogado de la PUCP, profesor de la Facultad de Derecho y Coordinador del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales en esta casa de estudios. Es Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
