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22/11/2017

La seguridad de los territorios indígenas aportará a la mitigación del cambio climático, revelan expertos

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En el Perú, el 49% de los bosques se encuentran dentro de los territorios indígenas y áreas naturales protegidas; además, el 49% del carbono forestal se encuentra dentro de estas áreas. El 85% de las áreas naturales protegidas colinda con comunidades indígenas de algún tipo. Estos datos demuestran que las comunidades nativas, campesinas y ribereñas juegan un papel importante en el cuidado de los bosques, ríos y lagunas, así como de los recursos pesqueros que estos contienen, expresó Richard C. Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC).

Smith destacó que el Perú podría hacer significativos aportes a la mitigación del cambio climático a partir de avances en la titulación de las comunidades rurales y la seguridad de la tenencia comunitaria. Asimismo, lamentó que, a pesar de la importancia que reviste el tema desde varios puntos de vista, el Estado peruano aún mantiene una vieja deuda en materia de titulación de comunidades. Añadió que esta no es una prioridad para los gobernantes: “Es muy difícil que los políticos consideren necesario atender los requerimientos de las poblaciones no urbanas”.

Esta y otras reflexiones se dieron en el ámbito de un diálogo que reunió a expertos del Instituto del Bien Común, la Red Amazónica RAISG y el Centro de investigación forestal Internacional – CIFOR, los cuales abordaron desde su especialidad la relación entre los bosques y las poblaciones amazónicas. Estos temas cobran particular relevancia cuando en Bonn se discute importantes acuerdos internacionales para hacer frente al cambio climático, en el marco de la COP 23, y cuando culmina un año que ha puesto más que nunca de manifiesto los devastadores efectos del cambio climático.

Por su parte, Sandra Ríos, de la red amazónica RAISG reveló que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los territorios indígenas en la Amazonía peruana contienen el 49% del bosque original y también 49% del carbono forestal, lo que destaca su importancia para la mitigación del cambio climático. Asimismo, se refirió al estudio de la deforestación ocurrida en toda la cuenca amazónica entre 2000 y 2015, cuyo mapeo expresó en cifras el aporte que hacen los territorios indígenas y las áreas naturales para frenar la deforestación. A nivel amazónico, el 88% de la deforestación ocurre fuera de ANP y territorios indígenas: para el Perú esta cifra corresponde al 77%. Ríos destacó la vulnerabilidad de las comunidades que no poseen título y que por ende tienen dificultad para defender sus recursos, donde se ha producido un incremento en la deforestación en el último quinquenio.

En el Perú, la mayor deforestación en ANP y Territorios Indígenas se ha dado en el noroeste de la Amazonía peruana, en el Bosque de Protección Alto Mayo (más de 5 mil ha entre 2001 y 2015) y en dos comunidades de su entorno: Huascayacu y Shimpiyacu, donde se viene dando un tráfico de tierras y fuertes presiones para el cultivo de café y arroz. Ríos señaló que, si bien cada región del Perú tiene una dinámica particular, entre las principales causas de deforestación a nivel nacional están la agricultura y la ganadería, la agroindustria, los cultivos ilícitos y la minería, como en el caso de Madre de Dios.

Dado que en Perú los territorios titulados a las comunidades indígenas son relativamente pequeños, los pueblos indígenas han adoptado distintas estrategias para asegurar el control sobre mayores extensiones de territorio, según Smith. La primera consiste en agrupar a varias comunidades tituladas colindantes, como en el caso del Alto Marañón.

La segunda se refiere a la creación de mosaicos que contienen territorios de comunidades nativas y áreas naturales protegidas de nivel nacional o regional, que plantean cogestión con las comunidades; tal es el caso de un mosaico de 3,5 millones de hectáreas entre el Putumayo y el Amazonas. Por último, está el intento de constituir territorios integrales en los ríos Corrientes y Putumayo. La organización regional indígena CORPI es la fuerza política detrás de esta definición, la cual sin embargo aún no cuenta con el respaldo de una base legal establecida.

Con información del Instituto Del Bien Común (IBC)