
Por Joana Cervilla
El caso reciente de Anís Samanez, la diseñadora peruana acusada de apropiación cultural tras utilizar motivos textiles tradicionales en su colección, ha reavivado el debate sobre los límites entre inspiración y explotación cultural. El abogado y profesor PUCP de la Clínica Jurídica de Derechos de los Pueblos Indígenas, Mag. Javier La Rosa, aborda los vacíos legales y las desigualdades interculturales que perpetúan estas injusticias, y ofrece una reflexión sobre la diversidad y la responsabilidad ética desde la academia y el derecho.
El caso de la diseñadora de modas Anís Samanez ha reavivado el debate sobre la apropiación cultural. La polémica surgida por los comentarios hacia la comunidad Shipibo-Konibo durante el evento Orígenes 2024, organizado por la Asociación de Moda Sostenible del Perú, pone sobre la mesa un tema que va más allá de la moda y más bien revela las tensiones entre las culturas mayoritarias y minoritarias en un país como el nuestro, marcado profundamente por su diversidad.
De acuerdo con el Mag. Javier La Rosa, abogado e investigador especializado en derechos de los pueblos indígenas, este incidente debe abordarse como una ventana para reflexionar sobre las dinámicas de poder, la responsabilidad ética y los vacíos legales que enfrentan las comunidades indígenas al proteger su identidad cultural.
En un país tan diverso como el Perú, donde conviven 55 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, la apropiación cultural no solo plantea un dilema ético, sino también un problema legal y social. “En el Perú, no podemos hablar de una sola cultura. Somos un país de una riqueza cultural impresionante, con una diversidad que incluye a comunidades con formas de vida y expresiones culturales únicas”, explica La Rosa. Sin embargo, esta riqueza cultural coexiste con una dinámica desigual. Como señala el abogado, la cultura dominante, desarrollada principalmente en la costa y en las ciudades, tiende a invisibilizar o apropiarse de elementos culturales de las comunidades con menos representación.
Este desequilibrio se evidencia en las relaciones interculturales, donde las comunidades indígenas y afroperuanas enfrentan desventajas significativas. “Cerca del 30% de la población peruana se autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena o afrodescendiente, pero sus necesidades y derechos rara vez se consideran en la agenda estatal”, destaca La Rosa, enfatizando que esta omisión perpetúa las desigualdades históricas.
Un marco legal insuficiente
A pesar de los reconocimientos genéricos en la Constitución peruana, como el derecho a la identidad cultural, el sistema legal aún carece de mecanismos efectivos para proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. “La legislación actual se enfoca en proteger el conocimiento colectivo relacionado con recursos biológicos, como plantas o animales, pero no abarca expresiones culturales como el arte textil”, explica La Rosa.
Esta falta de protección crea un vacío que las comunidades deben llenar recurriendo a normas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, estos mecanismos suelen ser de difícil acceso para comunidades que ya enfrentan barreras no solo idiomáticas, sino también económicas y sociales. “Es un problema estructural. Nuestra legislación está pensada desde la óptica de la cultura mayoritaria y no contempla las lógicas colectivas de las comunidades indígenas”, añade.

Imagen: Alina Ilyasova
Apropiación cultural: ¿inspiración o explotación?
El caso de Anís Samanez es solo un ejemplo de un problema más amplio. La Rosa explica que la apropiación cultural ocurre cuando una cultura dominante toma elementos de una cultura minoritaria sin consentimiento o sin reconocer su valor intrínseco. “No es solo un tema de derechos de autor, sino una cuestión de respeto y justicia. Estas expresiones culturales no son simples productos; son formas de presentarse al mundo, profundamente conectadas con la identidad y la historia de un pueblo”, señala.
El abogado subraya, además, la necesidad de protocolos claros para prevenir estas situaciones. “El Estado debe establecer reglas que protejan las creaciones culturales de las comunidades, pero, en ausencia de ello, los agentes privados tienen una responsabilidad ética de actuar con respeto”, enfatiza.
La supervivencia cultural
Las creaciones culturales de los pueblos indígenas no solo tienen un valor estético, sino que también son una forma de transmitir conocimientos y tradiciones de generación en generación. “Estas manifestaciones no son individuales ni están pensadas exclusivamente desde una lógica de mercado. Son colectivas y buscan preservar la esencia de la comunidad”, explica el abogado.
La vulnerabilidad de estas comunidades se agrava por la falta de espacios en el sistema estatal que permitan su participación activa en la toma de decisiones. “El diseño estatal actual no está pensado para ellos. Muchas veces ni siquiera se considera su idioma o sus necesidades específicas”, lamenta.
Una mirada desde la academia y la sociedad civil
Desde la academia, iniciativas como la Clínica Jurídica de Derechos de los Pueblos Indígenas –curso que se dicta en la Facultad de Dereho de la PUCP– buscan generar aportes para cerrar estas brechas. Fundada hace un año y medio, la clínica trabaja directamente con organizaciones representativas de comunidades indígenas para identificar sus necesidades jurídicas y brindar apoyo técnico. “No decidimos desde el aula qué casos abordar; lo hacemos en diálogo con las comunidades. Hasta ahora hemos elaborado informes jurídicos y hemos trabajado en la visibilización de estos colectivos”, explica La Rosa.
La clínica también ha puesto un énfasis especial en la protección de comunidades en aislamiento voluntario, uno de los grupos más vulnerables del país. “Estas personas dependen del bosque para sobrevivir y cualquier intromisión, legal o ilegal, puede poner en riesgo su existencia. Nuestro papel es ayudar a garantizar que estas reservas se respeten”, comenta.
Hacia un futuro más justo
La polémica generada por el caso de Anís Samanez ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo el Perú aborda la diversidad cultural. “Estos incidentes nos muestran la necesidad de cambiar nuestra perspectiva y actuar con mayor sensibilidad hacia las culturas que coexisten en nuestro país”, dice La Rosa.
El abogado pone énfasis en que el cambio no solo debe venir del Estado, sino también de la sociedad civil y del sector privado. “Es un deber ético y una responsabilidad social respetar y valorar estas expresiones culturales. Si no lo hacemos, perpetuamos un sistema de inequidades que afecta a un tercio de nuestra población”, concluye.
El camino hacia una justicia cultural requiere un esfuerzo colectivo para garantizar que las comunidades –indígenas y afroperuanas– tengan voz y participación en la construcción de un país más inclusivo y respetuoso de su diversidad. Como señala La Rosa, este esfuerzo empieza con el respeto, pero no puede quedar solo en palabras: necesita traducirse en acciones concretas y sostenibles.