Informes, Noticias
03/12/2021

[Informe] Minería ilegal: continua amenaza para nuestro ecosistema

Se estima que la minería ilegal y la minería informal suman entre 300 mil y 1 millón de personas dedicadas a estas actividades, las cuales se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1105, los mineros ilegales son aquellos que no cumplen con los requerimientos administrativos, técnicos, sociales y ambientales necesarios que establece la ley o aquella actividad que se realiza en zonas prohibidas. En otras palabras, se considera minería ilegal a la que utiliza equipos y maquinaria pesada que no corresponden a la condición de pequeña minería o minería artesanal, así como a las acciones que se realizan en espacios prohibidos tales como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Por otro lado, en el caso del concepto de minería informal, se refiere a aquella actividad que se lleva a cabo en zonas no prohibidas por personas organizadas en proceso de formalización. 

Minería ilegal: causas y consecuencias en el medio ambiente

Las causas de la minería ilegal apuntan, principalmente, a la desatención del Estado peruano en cuanto a la regulación de dichas actividades, además de la falta de oportunidad laboral, la cual obliga a las personas a optar por formar parte de estas acciones ilícitas, ya que, al no estar reguladas, significa una oportunidad más simple de incrementar sus ingresos. Agregado a esto, la corrupción dentro de los poderes del Estado es otra causa, pues la existencia de intereses económicos genera que la minería ilegal se desarrolle en concesiones tituladas a terceros. 

Asimismo, a raíz de esto, las consecuencias afectan, ante todo y en mayor medida, al medio ambiente. Lo anterior provoca que se destruyan fuentes de agua y que se afecten los suelos con derrames de minerales altamente tóxicos, los cuales también tendrán efectos en el aire y agua, además se depreda sin control distintas áreas que albergan especies vegetales y animales, generando insostenibilidad en la realidad. 

Fuente: Perú 21

Como bien se menciona, la minería ilegal en el Perú es un fenómeno que va en aumento cada año y las acciones del Estado frente a ello no son suficientes, más bien existe la falta de regulación legal y la carencia de estrategias. En este sentido, la inacción de las políticas contra la minería ilegal ha generado que esta actividad ilícita siga en aumento y se genere un retraso en el cuidado y protección del medio ambiente, además de que se viola los derechos de las personas aledañas a los proyectos. 

¿Posibles soluciones?

La minería ilegal involucra la confluencia de diversos actores, sean estos estatales y no estatales, además de distintos aspectos. Por esta razón, la soluciones, a corto y largo plazo, deben considerar lo mencionado anteriormente. Por un lado, el aparato gubernamental en coordinación con el Ministerio del Ambiente e instituciones de gestión ambiental han propuesto una serie de soluciones de corto plazo, entre las que destaca la supervisión y fiscalización de la actividad minera. De acuerdo con esto, se suscribe como objetivo principal la advertencia y cumplimiento de obligaciones ambientales de los mineros durante la ejecución de sus actividades, aunque los avances son aún precarios por los intersticios entre la endeble evaluación y monitoreo. Por otro lado, las soluciones a largo plazo que han sido impulsadas, de igual manera, por el aparato estatal peruano refieren a la lucha por la formalización de la actividad minera. Para ello, el Estado ha planteado una serie de leyes y planes, tal es el caso de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Sin embargo, esta no ha sido acompañada por acciones concretas que permitieran una efectiva formalización de dichos mineros.  

A fin de complementar el análisis de esta problemática, César Celis, docente del Departamento de Ingeniería de la PUCP, compartió algunas reflexiones con Clima de Cambios. En primer lugar, señaló que “la minería informal contribuye a la contaminación ambiental de manera directa, puesto que es complejo que en este escenario se cuente con alguna norma y parámetros adecuados para el respeto del medio ambiente”. Indicó que esto último desencadena efectos catastróficos en la salud y el medio ambiente, como la tala indiscriminada. 

En segundo lugar, advirtió que “las medidas adoptadas por el Estado en los últimos años no han sido suficientemente drásticas contra la actividad minera informal en nuestro país. Si bien han existido esfuerzos para mitigarla, afirma que los resultados no fueron los esperados, puesto que esta problemática representa un panorama muy complejo para ser resuelto por esfuerzos puntuales”.

En tercer lugar, precisó que “es esperable que las comunidades circundantes a yacimientos mineros en explotación formal estén de alguna manera protegidos, puesto que corresponden al lineamiento de ciertos permisos. Contrariamente, en un escenario informal, dichas comunidades enfrentan una inexistente protección del Estado, lo cual ha devenido en conflictos sociales”. 

Finalmente, reflexionó respecto de algunas soluciones integrales hacia esta problemática en la que resalta la importancia del involucramiento de toda la sociedad en su conjunto y enfocarse en todos los aspectos, sean culturales, la ausencia del Estado, etc. Ante esto, manifestó que “el fracaso de las propuestas para solucionarla se explica porque estas se concentran más en los efectos del problema antes que en las causas”.

La actividad minera es un tema complejo por sus implicancias de diversos agentes. Así, el rol fiscalizador poco exigente del Estado se traduce en el aumento de la minería ilegal y en el incumplimiento de las reglas por parte de la minería formal. Tal es el caso del polémico cierre de cuatro proyectos mineros (Apumayo, Pallancata, Breapampa e Inmaculada), en la región Ayacucho, por parte de la premier Mirtha Vázquez. Más allá de los interés políticos y económicos, los más afectados son el medio ambiente y las comunidades aledañas a estas actividades extractivas. La contaminación de las cabeceras de los ríos de sus zonas está generando efectos negativos no solo para los ecosistemas, sino para la salud de los pobladores y también a sus actividades de sustento que realizan diariamente, como la ganadería y la agricultura. Es imprescindible continuar luchando por la erradicación de esta problemática en unión de la sociedad civil, las organizaciones y el Estado peruano.