Por Paula Amaya, voluntaria de Clima de Cambios
En diciembre de 2018, se promulgó en Perú la Ley N.° 30884, que regula el uso de plásticos de un solo uso y envases desechables para alimentos y bebidas de consumo en el país. Esta legislación responde a una creciente inquietud sobre los efectos negativos de los residuos plásticos en el medio ambiente, particularmente en los ecosistemas marinos y terrestres.
Un informe del Ministerio del Ambiente (Minam) revela que en Perú, entre los años 2014 y 2019, se reportó un incremento en la generación de residuos sólidos municipales, pasando de 4.83 a 5.44 millones de toneladas anuales. Entre los desechos se pueden encontrar plásticos de un solo uso que terminan contaminando el medioambiente. Según Actualidad Ambiental, el 46% de los residuos encontrados en las playas peruanas corresponde a materiales plásticos. Estas cifras evidencian el impacto directo en los ecosistemas marinos y costeros. Y es que como menciona PNUMA, a diferencia de otros materiales, el plástico no se biodegrada y puede permanecer en el ambiente durante siglos, acumulándose hasta alcanzar niveles críticos que afectan negativamente a los ecosistemas al asfixiar la fauna marina, deteriorar el suelo, contaminar las aguas subterráneas y representar riesgos para la salud humana.
Así, estos materiales, aunque convenientes, son responsables de una creciente crisis de contaminación. Por ello, el propósito principal de esta ley es reducir de manera progresiva la dependencia de estos materiales y promover alternativas sostenibles, contribuyendo así a una mejora en la gestión de residuos y a la protección de la biodiversidad y la salud humana.
Si hemos salido a comprar, es más que seguro que nos hemos enfrentado a la pregunta “¿desea agregar a su compra una bolsa de plástico?”. Esta práctica es fruto de la Ley N.º 30884, aprobada en 2018, que regula el plástico de un solo uso en el Perú. Entre las principales modificaciones que se han cumplido destaca la progresiva prohibición de bolsas, sorbetes y envases plásticos no reutilizables, así como la promoción de alternativas biodegradables. Además, se aplica un impuesto a las bolsas de plástico, que ha ido incrementándose anualmente como parte de una estrategia para desincentivar su uso. Se ha exhortado el uso de plástico PET reciclado posconsumo en la fabricación de botellas, representando al menos 15% de su composición. Asimismo, se promovió la transición hacia materiales biodegradables y la adopción de políticas empresariales más sostenibles en toda la cadena comercial.
Imagen: Andina
Aunque es ambiciosa la Ley de Plásticos, no se han implementado en totalidad sus incisos debido a distintos factores. En 2022, se constató que un 22% de las medidas estaba en proceso de implementación y no se disponía de información sobre el 45% restante (Climetría). Y es que, sin un monitoreo adecuado y una asignación suficiente de recursos, el cumplimiento de los objetivos de esta legislación corre el riesgo de quedarse rezagado frente a la creciente crisis de contaminación plástica en el país. Por ello, como señala El Comercio, ya que la norma tuvo algunos resultados positivos en el 2019 (se redujo en 30% el consumo de bolsas plásticas en el país), la falta de los reglamentos técnicos ha desacelerado la eficacia de la ley. Estos son importantes pues establecen protocolos para la producción, comercialización y disposición final de los plásticos, lo que facilita su regulación y supervisión.
Resulta necesario entender que, desde la promulgación de la ley, la industria del plástico ha ido creciendo. Según INEI, en 2015, existían 1,844 empresas en este sector y para el año 2022 había 2,795 empresas registradas. Muchas de estas se dedican exclusivamente a la producción y comercialización de plásticos de un solo uso, por lo que necesitan de unos lineamientos claros, pues las empresas carecen de claridad para adaptarse a las nuevas normativas, lo que puede retrasar la transición hacia alternativas más sostenibles. Como señala Climetría, hasta el momento, únicamente se ha publicado 1 de los 5 reglamentos técnicos establecidos en la ley. La falta de estos no solo genera incertidumbre en el sector, sino que también podría afectar la competitividad de las empresas (especialmente las más pequeñas), limitar la innovación en el desarrollo de materiales alternativos y poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales de la ley.
El rol de las empresas en alcanzar el objetivo de la ley es crucial, pues son los productos de plásticos que produzcan o comercialicen los que llegarán a nuestras manos. Como menciona LexLatin, tomando en cuenta que Perú es un país en el que no todas las provincias cuentan con una eficaz capacidad de fiscalización, que la supervisión de la normativa relacionada con la comercialización de envases de plástico de un solo uso esté a cargo de los gobiernos locales abre la enorme posibilidad que disposiciones como el cobro adicional por bolsas de plástico no se cumplan.
Aunque se han logrado progresos, como la reducción en el uso de bolsas plásticas y la promoción de alternativas biodegradables, la expansión de la industria del plástico y la carencia de claridad normativa han frenado los avances necesarios. Para lograr la eficacia de la ley, es fundamental que las autoridades emitan los lineamientos técnicos pendientes, fortalezcan la fiscalización, y promuevan un mayor compromiso gubernamental y empresarial. Así, la implementación plena de esta legislación no solo mejorará la gestión de residuos y la salud ambiental, sino que también fortalecerá la transición del Perú hacia una economía más sostenible y responsable con el medio ambiente.
