Atravesamos una “época postmoderna” en donde los sistemas político-económicos tradicionales se resquebrajan ante los desafíos éticos, sociales y medioambientales. Al parecer, estos últimos llevarán nuestra capacidad de sobrevivencia al límite, dado que en los últimos años fenómenos como el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento demográfico exponencial, entre otros, van causando estragos en diversas zonas del planeta, generando cuantiosas pérdidas humanas y materiales.
La Amazonía, uno de los últimos bastiones de la diversidad biológica del planeta, es foco de atención internacional, dado que a pesar que presta ingentes “servicios ecológicos” claves para afrontar los fenómenos medioambientales globales, ha venido siendo blanco de agresiones no solo de cierto sector irresponsable de la población, sino también viene siendo destinataria de discutibles regímenes legales que van en detrimento de sus recursos naturales.
Frente a este contexto, resulta impostergable que siendo un país amazónico el Perú tome acción para proteger su patrimonio natural. ¿Qué mejor hacerlo que involucrando a los pueblos indígenas, sabedores ancestrales de los procesos naturales del bosque? Al contrario de lo que pudiéramos creer los pueblos indígenas son un sector de la población ávido de oportunidades y con muchas ganas de incorporarse en la dinámica productiva del país.
La noción “negocio ambiental” permite la alianza de la protección de nuestro patrimonio natural amazónico y la generación de riqueza por parte de los pueblos indígenas. Dicha noción tiene su antecedente en el término “negocio ecológico”, difundido por el desaparecido Antonio Brack Egg, ex Ministro del Ambiente. En otros ámbitos también se usa como sinónimo de aquél, el concepto “negocio verde”. Sobre éste, la abogada Patricia Iturregui Byrne en su libro “Negocios Verdes en el Perú” se refiere a ellos en los siguientes términos “…aquéllos que basan una parte importante de sus ingresos en productos y servicios que generan un impacto positivo al ambiente o al uso eficiente de los recursos naturales”.
Por otro lado, el profesor Pierre Foy Valencia en su libro “Consideraciones jurídicas sobre los negocios ambientales” señala que lo novedoso de los negocios ambientales es su fórmula compositiva: 1) rentabilidad + b) bajo impacto ambiental + c) responsabilidad social (empleo + riqueza local). Lo que quiere decir que los negocios ambientales además de redituar un ingreso o ganancia por el propio desarrollo del negocio, tienen efectos indirectos hacia el entorno pues generan impactos positivos al medioambiente, y a su vez, generan un mínimo o nulo impacto negativo a éste.
Los negocios ambientales pueden ser: agricultura ecológica, manejo forestal sostenible, piscigranjas, captura de carbono, reciclaje, ecoturismo, reforestación, entre otros. Estas nuevas alternativas que tienen el doble efecto de generar riqueza y cuidar el entorno, se enmarcan en una Era de grandes cambios, donde resulta necesaria la “evolución” de las actividades económicas tradicionales.
Estamos seguros que con una adecuada política de Estado de promoción e incentivo a los negocios ambientales en la Amazonía, incorporando a los pueblos indígenas y demás habitantes de la misma, lograremos la conservación de este “bastión biodiverso” y al mismo tiempo lograremos generar una riqueza “de abajo hacia arriba”, más redistributiva e inclusiva con los sectores más necesitados del país. Por último, resaltar que como viene sucediendo en algunas áreas del país, los negocios ambientales pueden ser apalancados por la industria extractiva responsable, a través del financiamiento de iniciativas locales en el ámbito de los proyectos de inversión.
Autor: Abogado por la PUCP, Marco Antonio Espinoza Miranda, consultor en Derecho Ambiental.
Email: espinozam.ma@pucp.edu.pe
