En los últimos tiempos, el medioambiente se ha visto afectado por las acciones de los seres humanos. En este contexto, las y los defensores ambientales han jugado un rol importante desde años atrás hasta la actualidad.
La violencia consumada hacia dichas personas cuidadoras de la biodiversidad ha posicionado a América Latina como una de las regiones más peligrosas para ellas y ellos. De acuerdo con un informe emitido por Global Witness, en 2020 se registraron 227 asesinatos de estos defensores, entre los cuales las tres cuartas partes provenían de la región latinoamericana. De igual manera, dicho informe sostiene que entre los principales factores de asesinato que estos encuentran se destacan la minería ilegal, el desarrollo industrial y, principalmente, la protección de los bosques.
Respecto del contexto nacional, entre 2020 y 2021, nuestro país registró 12 asesinatos perpetrados en su mayoría en la Amazonía, tanto hacia hombres como mujeres, encontrándose estas últimas expuestas a formas específicas de violencia de género. A pesar de las medidas de protección otorgadas por el Estado hacia los familiares de los deudos, aún no se ha rectificado el Acuerdo de Escazú, tratado que fomenta y garantiza el derecho a la información, así como la justicia ambiental. En ese sentido, pese a que el Acuerdo representa un cauce hacia la protección de las y los defensores ambientales, no ha logrado insertarse dentro de la agenda pública.
Es imprescindible que nuestro Estado refuerce la protección hacia las y los defensores ambientales y realice políticas públicas a corto y largo plazo con el objetivo de protegerlas y protegerlos.
