El rol que las comunidades indígenas desempeñan en el resguardo de nuestro llamado “pulmón del mundo” es imprescindible, ya que ayudan a su cuidado y a mantener su riqueza. Sin embargo, esta labor muchas veces se encuentra obstaculizada por problemas sociales y ambientales, como la minería informal, la tala ilegal de árboles, entre otros.
Como se sabe, la Amazonía ha sido constantemente amenazada tanto por personas que realizan las actividades mencionadas anteriormente como por las consecuencias del cambio climático; esta última causante de incendios que arrasan con kilómetros de áreas verdes. De acuerdo con un análisis de MapBiomas Amazonía, que involucra a expertos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela, y es liderado por la Red Amazónica de Informaciones Socioambientales Georreferenciadas (Raisg), la Amazonía perdió 74.6 millones de hectáreas de vegetación nativa entre 1985 y 2020, lo que supone un 15% de su superficie total, equivalente al tamaño de un país como Chile.
Actores que resguardan nuestra Amazonía
La presencia del gobierno peruano en la conservación de bosques de la Amazonía peruana está representada por las acciones, políticas y proyectos que se vienen realizando, y planificando en los últimos años hasta el mandato anterior del presidente Sagasti. Entre las entidades que más resaltan se encuentran el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. Asimismo, los personajes que sobresalen en la protección de la Amazonía peruana son los propios líderes de las comunidades que habitan en dichas zonas, tales como los líderes asháninkas, los cashibos y los líderes de las comunidades de Alto Tamaya-Saweto, quienes arriesgan su vida para proteger la Amazonía peruana de actividades como la tala ilegal, la deforestación y el narcotráfico.
En ese mismo marco, al inicio de la pandemia, el Minam manifestó que se volvió difícil controlar todas las actividades al 100%, ya que se habían registrado altos niveles de deforestación en el Perú y el mundo. Esto se debió a la falta de gestión y organización de los distintos gobiernos a nivel mundial.
Sin embargo, con el paso del tiempo, tras estabilizarse mejor la situación de crisis mundial, el Minam, en coordinación con los gobiernos regionales y las comunidades indígenas, ha venido trabajando conjuntamente en el proyecto llamado “Programa nacional de conservación de bosques”, en el cual las entidades mencionadas dan soporte y mecanismos a las comunidades. Esto último es realizado con el fin de que se pueda monitorear eficientemente las zonas de la Amazonía que se ven afectadas por actividades que atentan contra la sostenibilidad.
Por esta razón, el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, mencionó que, a pesar de las dificultades que generó la pandemia para la continuidad de estos proyectos y actividades, se está tratando de velar por los problemas que atentan contra la sostenibilidad de la Amazonía peruana y sus habitantes. Tal es el caso de las fiscalías especializadas en materia ambiental, las cuales contribuyeron con el resguardo amazónico a pesar de la inmovilización a causa de la COVID-19.
Principales amenazas
Los líderes indígenas y sus comunidades al cumplir un rol importante en la protección de la Amazonía y sus tierras ancestrales, debido al vasto conocimiento de estas, exponen constantemente su seguridad y hasta sus vidas. Una de las principales amenazas que enfrentan es el tráfico de drogas, actividad que se lleva a cabo de manera ilegal, principalmente en las zonas altas de la Selva amazónica peruana, como el Vraem, Huánuco, los valles del Ene y Mantaro, entre otros.
Muchas de las personas que se dedican a dichas acciones ilícitas invaden los territorios de las comunidades de manera arbitraria para destinarlos a cultivos, principalmente plantaciones de coca. De hecho, estos cultivos en zonas protegidas aumentaron en un 36% en el 2017 con respecto al año anterior.
Otra actividad que vulnera a las comunidades indígenas y a sus líderes es la minería ilegal. Las personas que se dedican a esto invaden también tierras de las comunidades locales de manera violenta. Muchos de los dirigentes ambientales comentan que la ausencia del Estado contribuye a que se incremente la invasión de colonos para realizar esta actividad perjudicial. En efecto, desde el 2013 hasta el 2021, se registra un total de 22 asesinatos de líderes ambientales e indígenas, solo en Perú, lo cual se califica como alarmante. En lo que va de la pandemia, se van registrando 7 muertes.
En ese mismo sentido, la tala ilegal es una actividad común en la Amazonía por la existencia de una inmensa variedad de tipos de madera. Líderes ambientales, principalmente de las zonas de Huánuco y Ucayali, mencionan el hostigamiento y ataques que reciben por parte de las personas que se dedican a dicho ejercicio ilícito, ya que, muchas veces, sus vidas se ponen en riesgo tras realizar las denuncias correspondientes.
Además, es preciso remarcar que no solo las comunidades se ven afectadas, sino, también, el medio ambiente en lo que respecta al suelo, el agua, la fauna y la flora. Por ejemplo, en Cusco, se reportó una tasa de deforestación anual de 17,407 hectáreas.
Hacia una protección comunitaria y territorial
Ante la creciente alteración de los bosques amazónicos en nuestra región, es imperativo que los Estados asuman nuevos compromisos. Por ello, debe trasladarse al debate público la protección de la Amazonía, donde uno de los actores fundamentales para plantear soluciones a esta problemática sean las comunidades indígenas habitantes de este territorio y protectores directos. Sin embargo, el modelo neoextractivista adaptado se ha distanciado de las responsabilidades humanas y ambientales. A razón de esto, quienes resultan más afectados son dichas comunidades y las zonas con abundantes recursos naturales como lo es la Amazonía.
En ese marco, resulta fundamental la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de los Estados a fin de garantizar el acceso confiable de justicia ambiental, cumpliendo la agenda 2030 de la ONU y la protección de los defensores del medio ambiente. Denegarlo retrata la cruda realidad de los defensores medioambientales a quienes se les arrebata la vida y un paradigma claro de ello es Latinoamérica, donde 227 de estos perecieron.
Paralelamente, al ser América Latina una de las regiones más débiles institucionalmente, a pesar de ser la más privilegiada por su exuberante biodiversidad, posee muchos conflictos al momento de legitimar su acción frente a la sociedad civil. Esta situación se agudiza aún más en nuestro contexto donde el alcance territorial y social del Estado es endeble. Ante esto, es esencial enrumbarnos hacia la construcción de una gobernanza sólida y, sobre todo, intercultural. Son las comunidades indígenas quienes ayudan a conservar el 80% de la biodiversidad del planeta, a través de una agricultura y técnicas sostenibles que fomentan, así como la reciprocidad con la tierra.
A pesar de ello, ser un defensor indígena ambiental representa una gran amenaza en la contemporaneidad. En ese sentido, el aparato gubernamental debe contemplar la adopción de políticas interculturales verdes que sustituyan inveterados modelos económicos que estancan un desarrollo sostenible.
A fin de ahondar en estas reflexiones centradas en la gobernanza, el tránsito hacia un nuevo modelo y la ratificación del Acuerdo de Escazú, Clima de Cambios conversó con César Gamboa, docente de educación continua de INTE-PUCP, y director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Respecto de la gobernanza, sostiene que no existe un mecanismo único para implementarla, aunque una manera de hacerlo es homogeneizando la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, garantizando sus derechos colectivos mediante el control de sus territorios. Sin embargo, en esta también debe incluirse a aquellos actores directos que habitan la Amazonía, como los gobiernos locales, caseríos, comunidades campesinas, etc. Afirma que, si bien hay mecanismos que hacen posible esto último, aún existen grandes roces respecto de otorgar poder público a las comunidades sobre sus territorios, lo cual se traduce en la capacidad de influencia en la toma de decisiones o la formación un gobierno territorial autónomo como el de la comunidad wampis.
Acerca de la sustitución del modelo neoextractivista, Gamboa argumenta que es imperativo realizar un tránsito hacia uno nuevo tomando en cuenta el último informe de la IPCC. Al igual que lo anterior, existen un sinfín de alternativas, aunque lo crucial, sostiene, es cambiar el patrón de consumo en el modelo de desarrollo influenciado por una cultura global que viene del norte, productores mayores de gases efecto invernadero.
Para ello pueden realizarse acciones desde lo micro, a través del cambio de conductas -tal vez lo más difícil empleando las palabras de Gamboa- y desde lo macro, empleando incentivos de políticas. Señala, de igual manera, la relevancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú, en el que, a pesar de que este gobierno está ligado a políticas de equidad y distribución, el tema ambiental es un poco “flojo”. Esto último a razón de que, a pesar de los esfuerzos del Estado por realizar acciones en la protección de derechos de los defensores ambientales, aún no son suficientes.
Para concluir, Gamboa reflexiona acerca de la obligación del Estado de promover el desarrollo sostenible en la Amazonía, en donde falta de visión de desarrollo por parte del aparato estatal y el comportamiento de la ciudadanía no contribuyen a concretarlo.
En síntesis, el eco de la protección del 80% de la Amazonía para el 2025, por parte de las comunidades indígenas, retrata un panorama comprometedor en el que confluyen diversos actores. Por un lado, nos denota la importancia de la respuesta estatal ante esta retadora labor, a través de organismos públicos especializados como lo son el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, evidencia la relevancia de las principales amenazas hacia dicho territorio y a quienes la habitan. Para ello, en el último apartado, se trataron algunas reflexiones que contemplan la importancia de la presencia y accionar de los Estados enraizados con estas comunidades para conservar el territorio amazónico junto con lo que este conlleva.
