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10/02/2023

Alerta ambiental: proponen modificar ley que protege a los bosques peruanos

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre se ve amenazada por la propuesta del candidato Eduardo Salhuana, que podría poner en riesgo la conservación de la Amazonía peruana.

No es un secreto que la conservación de la Amazonía peruana se encuentra en un riesgo permanente. Actividades como la tala y la minería ilegal amenazan la biodiversidad de la región, así como ponen en peligro a las personas que viven en esta zona del país. Para proteger nuestra Amazonía, el Perú cuenta con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N°29763). Sin embargo, existe un proyecto de ley que sigue en agenda del Congreso que podría debilitar esta legislación y su alcance.

Se trata del Proyecto de Ley 3912/2022-CR, presentado por el congresista Eduardo Salhuana de APP (Alianza para el Progreso) que busca modificar los criterios para determinar la zonificación forestal. En este sentido, el Proyecto de Ley propone darle competencias a los gobiernos regionales para otorgar licencias y títulos habilitantes relacionados a los recursos forestales. Esto es un peligro, como explica Héctor Navarro, abogado especializado en temas ambientales: “pueden cambiar las reglas del juego para muchas empresas y personas naturales que han cometido delitos o que se encuentran en procesos e investigaciones fiscales respecto a tala ilegal”.

Según un estudio del Ministerio de Justicia y el Programa Prevenir de USAID, las regiones más afectadas por esta actividad ilegal son Madre de Dios, Ucayali y Loreto, las cuales, hasta 2018, comprendían un 76% del área amazónico. Una de las principales consecuencias de la tala ilegal es la deforestación. En 2020 esta alcanzó el récord de más de 203 mil hectáreas afectadas, según el Ministerio del Ambiente (MINAM). Sin embargo, no es el único problema que amenaza a la Amazonía peruana, la minería ilegal, la trata de personas, el mercado negro de fauna silvestre y la corrupción son parte de un engranaje que atenta no solo contra el medio ambiente, sino también contra los derechos de las personas. 

“Mientras existan estos fenómenos dentro de un mismo territorio va a ser muy complicado que se puedan establecer soluciones. De hecho, las estrategias de formalización, tanto para los mineros ilegales como para las personas que trabajan con recursos forestales, han aumentado, pero eso no basta”, lamenta Navarro. El año pasado un estudio de USAID encontró que existen más de 50 mil trabajadores en minería ilegal tan solo en Madre de Dios, una de las regiones más convulsionadas por esta actividad. 

En este sentido, la propuesta de modificación “podría convalidar estos delitos y que muchas denuncias sean archivadas”, en palabras de Navarro. Uno de los temas que más preocupan al abogado es la falta de evidencia científica en el Proyecto de Ley. “Se intentan modificar, no solamente las competencias del gobierno regional en materia forestal, sino también la clasificación de suelos, que es un tema necesario para determinadas actividades y estos cambios no han sido evaluados previamente por el órgano que se encuentra a cargo de desarrollar información científica”, indica. Esto implica que los autores del Proyecto de Ley no se asesoraron previamente con las oficinas encargadas de regular los recursos forestales. 

                                                              Fuente: Andina

“Debió haberse consultado con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y con las fiscalías especializadas en delitos ambientales, para conocer cómo impactaría esta modificación respecto a las investigaciones que siguen diferentes personas naturales o jurídicas por delitos contra el ambiente”, comenta el abogado. Cabe recalcar que el congresista Salhuana fue gerente general durante la gestión de Luis Otsuka, exgobernador regional de Madre de Dios ligado a la minería ilegal. “Hay que tener en cuenta que, sobre todo los gobiernos regionales de la selva, han tenido varias denuncias por corrupción, específicamente relacionadas al sector forestal. Eso también es un indicio de cuáles son las motivaciones para la aprobación de esta norma”, indica Navarro.

Actualmente este Proyecto de Ley todavía no se discute en el pleno del Congreso. De hecho, se ha tratado de impulsar desde el año pasado; sin embargo, el Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, observó la propuesta el 29 de agosto. Asimismo, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se han pronunciado en contra de esta modificación. ¿Cuál será el desenlace de esta historia y cómo afectará a nuestra Amazonía?