Los conflictos socio ambientales son disputas entre actores desiguales por el acceso a recursos naturales. Los conflictos específicos se manifiestan como disputas en el manejo de recursos naturales y la gestión social y ambiental de su aprovechamiento comercial, a escala local y global, dejando de lado otros modelos de producción y otros servicios de los ecosistemas y los grupos sociales que los manejan. Los conflictos se presentan en una gama diversa de dimensiones según los actores involucrados, el volumen de inversión, la presencia o ausencia del Estado y de los mecanismos legales, políticos, administrativos y jurisdiccionales para gestionarlos adecuadamente. Los conflictos más visibles son los derivados de las actividades mineras, sin embargo, un conjunto amplio y diverso de conflictos menos visibles se presentan a nivel local y tienen el potencial de impactar negativamente en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones involucradas, por ejemplo, sobre la tenencia de la tierra, los bosques, los ríos y lagunas, entre otros.
La posmodernidad influenciada por la globalización de los derechos humanos, puede ser entendida como la coexistencia de una multiplicidad de tendencias con espacio para la diversidad y la inclusión. Así mientras económicamente ésta tiene cabida para grandes actores transnacionales que relativizan la importancia de los Estado Nación; al mismo tiempo reconoce, a través del enfoque de derechos, la necesidad de construir un desarrollo sostenible apoyado en el equilibrio económico, social y ambiental entre todos los actores.
El conflicto entre industrias extractivas y comunidades locales tiene una larga existencia. En alguna medida la clave de la relación entre la comunidad y la industria está marcada por el concepto de desarrollo, lo que en el siglo XIX fue la idea de progreso y en el pasado fue el afán civilizatorio. Ambas partes discuten en mucho a partir del concepto de desarrollo que cada uno maneja en sus propios imaginarios y visiones, con sus particulares interpretaciones que reflejan mucho sus valores e intereses, pero también los segmentos económicos de producción a los que pertenecen o están insertos.
Las industrias extractivas plantean desafíos a la sostenibilidad (cambio climático, reservas globales, sostenibilidad en áreas de extracción) (Bebbington y Bury 2010, 55). Estos desafíos dependen en mucho del acceso de los pobladores locales a los recursos naturales; la calidad de los mismos; la compensación o no de afectaciones; y la opinión local sobre la legitimidad y credibilidad de la intervención. Bebbington y Bury (2010, 72) proponen como alternativas:
a) el desarrollo del capital institucional y social a fin de permitir una intermediación institucionalizada entre las expectativas de modelos de gestión del paisaje o territorio que actualmente operan de manera confrontacional y excluyente entre sí cuando el principio de sostenibilidad nos requiere la importancia de ser complementarios y sinérgicos para el desarrollo sostenible.
b) instituciones adecuadas que superen los fundamentos que llevaron al Estado peruano a favorecer con su actuación sectorializada está superposición.
c) generación de conocimiento e innovación institucional, recogiendo las oportunidades del monitoreo participativo como instrumento de prevención en todos los casos y de manera previa a la instalación de la actividad; así como las que ofrece la zonificación ecológica económica participativa y el ordenamiento territorial.
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Carlos Soria es abogado por la PUCP; Maestro en Ciencias Sociales con mención en Estudios Amazónicos por la FLACSO – Ecuador; Doctor en Filosofía por La Universidad Flinders de Australia del Sur. Actualmente trabaja como Especialista Senior en Políticas para el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF –Perú. Es co-autor del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú, así como de la Ley General del Ambiente y docente de posgrado en la Universidad Nacional Agraria La Molina y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
