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En esta investigación se documentará, desde una mirada interdisciplinaria entre el derecho y las ciencias sociales, un itinerario del avance de la agenda de protección de derechos humanos tomando como eje un conjunto de fallos del Tribunal Constitucional de diversas áreas temáticas. Estos fallos serán explicados no solo en términos de su significación jurídica sino también en relación con las circunstancias sociales y los debates políticos que los rodean. Se busca, así, hacer visible una cierta evolución de la agenda de derechos humanos desde una doble vertiente, en la esfera estrictamente judicial y en la esfera pública.. Entre sus objetivos se encuentran: 1. Difundir para un público no especializado en Derecho un corpus de sentencias que promueven la protección de derechos humanos. 2. Mostrar la complejidad del campo de derechos humanos mediante una exploración de las interrelaciones entre lo que sucede en la esfera judicial y lo que tiene lugar en la esfera de la discusión pública. 3. Fortalecer la respuesta judicial a los ciudadanos en los ámbitos de acceso a la información y el desempeño profesional de magistrados y servidores judiciales, a partir de la reflexión de su papel dentro del desarrollo de la jurisprudencia peruana.
Participantes:
Instituciones participantes:
El proyecto se desarrolló en el marco del Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos, con el apoyo de la Fundación Ford. Su objetivo fue identificar, bajo una perspectiva comparada latinoamericana, propuestas de regulación para la prevención, control y reparación de los impactos provocados por la cadena productiva minera sobre los derechos humanos. En concreto, el proyecto se propuso (i) realizar un estado de la cuestión sobre las regulaciones en materia de derechos humanos y empresas en los Estados de la región; (ii) identificar el grado de responsabilidad estatal y empresarial por violación de derechos humanos en la cadena productiva minera, con foco en empresas transnacionales; (iii) formular propuestas de prevención, control y remediación de impactos en los derechos humanos; y (iv) difundir parámetros y buenas prácticas de actuación estatal y empresarial en materia de derechos humanos.
Participantes:
Instituciones participantes: