Se encontraron 16 investigaciones
La creciente inserción de las mujeres en el mercado laboral peruano desde los años 1980 plantea las cuestiones del cuidado de sus hijo/as de corta edad. Las necesidades de atención de la primera infancia resultan ser problemas importantes para numerosos hogares que deben enfrentar costos de todo tipo relacionados con el cuidado de sus hijos/as. En Perú no existe una oferta suficiente de servicios de cuidado infantil institucionalizado para menores de 3 años en los sectores de estratos socioeconómicos bajos. El objetivo general del proyecto es identificar los costos sociales de la ausencia de servicios de cuna, así como las características de la demanda de servicios de cuidado institucionalizado para niños/as menores de 3 años en distritos periféricos de Lima metropolitana donde se concentra la mayor parte de la población urbana en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o pobreza en Perú, a través de un estudio a profundidad realizado en un distrito. Asimismo, los objetivos específicos son: 1) identificar las estrategias que implementan los hogares en situación de pobreza y/o precariedad socioeconómica para el cuidado de los niños menores de 3 años; 2) observar la relación entre dichas estrategias y la composición, estructura y sistema de ayuda mutua de los hogares; 3) analizar la oferta de servicios de cunas existentes en el distrito de residencia de los hogares estudiados; 4) evaluar los costos sociales de la ausencia o insuficiencia de servicios de cunas; 5) sistematizar las alternativas de cuidado que las madres/padres de los/las menores estarían dispuestos a considerar. La metodología del proyecto es mixta (cuantitativa y cualitativa), y la recolección de datos se centrará en diferentes zonas de un distrito peri-urbano de Lima Metropolitana (San Juan de Miraflores).
Participantes:
Instituciones participantes:
La derecha religiosa peruana ha logrado imponer ciertos temas en la discusión pública y en la agenda legislativa de forma muy visible en los últimos años, por ejemplo en su oposición al enfoque de género en el currículo escolar. Netamente conservadora, enfoca sus prioridades en temas relacionados con la familia, la sexualidad y la reproducción. Constituida por organizaciones en la sociedad civil laicas o eclesiásticas, la derecha religiosa tiene una gran capacidad de movilización callejera, y varios aliados elegidos en el Congreso o nombrados como ministros. Varios factores explican su crecimiento notable en los últimos años. Esta investigación apunta a entender las formas de acción y el discurso de la derecha religiosa peruana, entendiéndola como un movimiento social conservador, parte de un fenómeno transnacional articulado alrededor del rechazo al uso del concepto de género como base de la acción pública estatal. En ese sentido, proponemos analizar sus formas organizativas, los recursos que ha logrado captar, y su dinámica de movilización en reacción contra las demandas de movimientos sociales feministas y a favor de la diversidad sexual. En dialogo con la literatura que estudia los movimientos anti-género (Kuhar y Paternotte 2017), pretendemos mostrar que la derecha religiosa peruana ha potenciado su capacidad de movilización en los últimos años a través de la adopción de un discurso basado en lo que llama la ideología de género. Este discurso de origen católico, en el cual la Iglesia peruana ha jugado un rol fundador en los noventas, recién se ha activado en la esfera pública en los últimos años. Este giro, en Perú, es parte de un fenómeno de mayor colaboración entre organizaciones católicas y evangélicas conservadoras, a la vez que permite ir más allá de la denominada defensa de la vida (Mujica 2007), bandera principal de la derecha religiosa desde los noventas, y con eso ampliar el marco interpretativo de su acción.
Participantes:
Instituciones participantes:
En noviembre del 2015, el Estado peruano adoptó la Ley no 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En Julio 2016, adoptó el Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021 (PNCVG), basado en la nueva ley. Si bien hubo dos planes anteriores sobre violencia contra las mujeres (2002-2007 y 2009-2015), una mirada a las estadísticas disponibles indica una mejora neta en la capacidad de atención estatal a las víctimas de violencia contra las mujeres en los últimos años. Por ejemplo, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atendió a muchas más víctimas de violencia familiar y sexual en el 2017, subiendo en 35.2% su capacidad de atención comparando con el 2016. En los primeros cuatro meses de 2018, el programa atendió a 34,063 personas, comparado con 22,330 en el mismo periodo en 2017 (página web MIMP y Diario La República 22/05/2018). El MININTER afirma que las denuncias por violencia familiar registradas por la policía se han incrementado en 19.4% en 2016, respecto al año anterior, lo cual es un salto cuantitativo sin precedente desde el 2005, primer año donde se registra este tipo de estadísticas. Sin embargo, la prensa peruana da cuenta semanalmente de numerosos casos de violencia de género y de varias fallas en los mecanismos de atención y sanción. La Defensoría del Pueblo, en una nota de prensa reciente, señalaba que durante el primer trimestre del 2018, los feminicidios habían aumentado en 10% y las tentativas en 55%, respecto al año pasado (NP no.151/OCII/DP/2018). Asimismo, diversas noticias informan sobre casos en que mujeres han muerto o han vuelto a ser agredidas tras no haber encontrado una protección adecuada en el Estado. ¿En qué dimensión(es) ha mejorado la atención estatal a las víctimas de violencia familiar y sexual, y qué aspectos continúan impidiendo una atención adecuada?
Participantes:
Instituciones participantes:
Desde el 1993 la Constitución peruana reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación, y el carácter oficial de los idiomas indígenas en las zonas donde predominan. A partir del 2011, la política multicultural peruana tomo un nuevo giro. Más allá de la Ley de consulta previa a los Pueblos indígenas, se adoptó la Ley 29735 'Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú'. Esta ley establece una serie de derechos lingüísticos y responsabilidades del Estado nacional y de los gobiernos regionales y municipales en la protección y promoción de éstos. Rompe con el carácter monolingüe del Estado peruano y establece por primera vez derechos positivos de los peruanos y peruanas cuya lengua materna es un idioma indígena, a recibir servicios públicos en su idioma materno en los ámbitos donde predominan poblaciones hablantes de idiomas indígenas. Este proyecto busca investigar cómo se desarrolla la política multicultural de promoción de los idiomas indígenas en dos regiones cuya población es mayoritariamente quechuahablantes: Cusco y Ayacucho-Huamanga. La investigación pretende entender tanto a nivel regional como a nivel de los municipios provinciales de las capitales de esas regiones, qué políticas y programas han adoptado los gobernantes, y en base a qué tipo de dinámica política. Nuestro marco teórico se basa en el rol de los actores sociales y políticos, la construcción contemporánea de la identidad regional y la capacidad estatal para explicar la adopción y la implementación de políticas multiculturales. El método de la comparación permite mostrar diferentes patrones de interpretación de la normativa nacional y su adaptación a nivel regional y municipal en relación a cada contexto.
Participantes:
Instituciones participantes:
Estudio comparativo de 6 casos nacionales en América latina y Oceanía; proyectos y procesos de autonomía indígena y sus efectos sobre la redefinición del Estado-nación.
Participantes:
Instituciones participantes:
Este eje de investigación del CRIDAQ se centra en el estudio de las prácticas a través de las cuales las comunidades minoritarias (nacionales, transnacionales, étnicas, lingüísticas, diásporas, etc.) redefinen sus relaciones con instituciones estatales y al hacerlo construyen y redefinen los principios de la convivencia ciudadana. Los desafíos políticos y normativos de estas prácticas ciudadanas se evalúan en diversos contextos prestando atención especial a las políticas sociales y redistributivas así como a las políticas relacionadas con el reconocimiento de derechos colectivos (territorial, cultural, étnicos, etc.).
Participantes:
Instituciones participantes:
Estudio comparativo de los procesos contemporáneos de movilización y organización de las mujeres indígenas dentro de los movimientos indígenas y feministas o de mujeres, en Perú y Bolivia.
Participantes:
Instituciones participantes:
Estudio de los movimientos sociales contemporáneos y su inserción en los mecanismos y lógicas de gobernanza neoliberal. Casos de movimientos obreros, indígenas, feministas, y urbanos.
Participantes:
Instituciones participantes: