Una mañana de invierno de 1986 un grupo de estudiantes de Derecho de la PUCP conversaba en la cafetería sobre sus opciones para desarrollar y ejercer el derecho ambiental en el Perú. En esos años no había cursos en las aulas, legislación aprobada o profesionales reconocibles. Lo “ambiental” se regulaba en las normas de recursos naturales, salud, agricultura, flora y fauna. El ambiente era apenas el “medioambiente”.
Estos chicos buscan, entonces, a Jorge Caillaux, autor de la única tesis existente que vinculaba ambiente y derecho, y juntos deciden constituir la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; para promover el Derecho Ambiental en el Perú y contribuir a consolidar una legislación e institucionalidad que favorezca el desarrollo sostenible del país.
Desde entonces, hemos visto cómo aparecieron los cursos de derecho ambiental en las aulas; se aprobaron, implementaron y revisaron normas; se fundaron instituciones ambientales; surgieron y se multiplicaron abogados ambientalistas en ejercicio, tanto en el ámbito privado como del interés público.
Cuando uno mira hacia atrás, es imposible no darse cuenta de que todo cambió: la agenda “ambiental” es hoy la agenda del desarrollo mundial. Así lo reconocen las Naciones Unidas, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o lo acredita la firma del Acuerdo de París en el marco de la Convención de Cambio Climático. Los nuevos acuerdos vinculantes comprometen a las naciones a reducir emisiones, proteger su capital natural, asegurar calidad de agua y alimentos, proteger la salud de sus pobladores fijando estándares ambientales a las actividades económicas. La OCDE, los TLC, el BID o el Banco Mundial aparecen hoy en sus recomendaciones tan exigentes como el ambientalista más radical de hace 30 años.
Y es que al mismo tiempo que avanzó y se consolidó la agenda ambiental, avanzaron también las amenazas y los daños por el abuso sistemático al planeta y a sus recursos naturales: sequías frecuentes, inundaciones descontroladas, fríos y calores extremos, pérdidas millonarias de inversiones agrícolas o infraestructura, conflictos sociales por las enormes desigualdades en el acceso a los recursos.
El rol del derecho ambiental sigue siendo en este contexto altamente urgente y relevante. El ideal de “justicia”, entendida como el equilibrio en generar oportunidades de bienestar y desarrollo para todos, exige que las normas e instituciones deban revisarse constantemente, ser difundidos, implementados, monitoreados y defendidos para que la justicia sea siempre viable dentro de la legalidad.
El gran reto del Perú y del planeta para los siguientes años será construir desarrollo no solo sostenible sino también equilibrado; ser “justos” en el acceso y uso de los recursos; dejar a las generaciones siguientes iguales o mejores oportunidades que las nuestras; ser recíprocos y solidarios; y poder hacer todo eso en un marco de legalidad, institucionalidad y gobernanza.
Cumplir treinta años como institución dedicada a este objetivo no es la tarea más fácil, pero sí la más inspiradora y gratificante. Estamos muy orgullosos por nuestra contribución hacia el Perú que queremos y hacia el planeta que queremos. Somos conscientes de los enormes retos que hay por delante, pero los vemos con la misma alegría, curiosidad y convicción de esa mañana de 1986. Mirando todo lo avanzado no tenemos la menor duda sobre la misión elegida, de que cada día somos más, y de que este es el camino correcto para aspirar a una sociedad más justa, sostenible y feliz.
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