El reemplazo de las autoridades de gobierno es siempre una buena oportunidad para evaluar la acción estatal en temas que son una preocupación para los ciudadanos, como es el agua. ¿Qué ha hecho el Estado con respecto al agua?
La política pública ha estado orientada desde los años 90 a desconocer el costo real de la disponibilidad de agua. Esto significa que la prioridad estatal ha estado en hacer posible que todos los que requieren acceso al agua para realizar sus actividades productivas la tengan, sin considerar los costos que para la sociedad implica otorgarles dicho acceso.
De esta manera, lo que paga la actividad agrícola y energética, que consume y utiliza más del 90% del agua disponible a nivel nacional, por este recurso natural no refleja su verdadero valor para la sociedad. En otras palabras, en el precio de los bienes y servicios que pagan los consumidores no está incluido todo el valor que el agua aporta.
Esta situación tiene como consecuencia que existe la percepción en la sociedad -en ciudadanos y empresarios-de que el agua no tiene por qué tener un precio alto, lo que hace que no existan los recursos económicos para invertir en actividades que le den sostenibilidad, es decir, no hay dinero para garantizar que siempre exista disponibilidad de agua.
Una segunda consecuencia está en que como el precio es reducido, entonces el agua es utilizada en actividades que no son las más indicadas, desperdiciándose, como ocurre en el norte del país en donde el arroz –gran consumidor de agua- es producido en zonas desérticas, en lugar de producir otros productos menos intensivos en agua.
La persistencia de una política pública en esta dirección es más riesgosa en la actualidad debido a los efectos que el cambio climático tiene sobre el agua, como es la reducción de las fuentes y la necesidad de utilizar procesos cada vez más costoso para obtenerla. Esta situación es agravada por la escasa cultura de ahorro del agua que existe en nuestra sociedad, en ciudadanos y empresarios, que ven como un gasto las acciones a preservar el agua y que no moderan el consumo porque al final “no cuesta tanto”.
La solución a esta situación requiere de mucha decisión dado que es “políticamente incorrecto” promover el incremento en el costo del agua, más aun cuando hay una campaña electoral, pero sin embargo la persistencia en esta trayectoria es muy probable que tenga graves consecuencias en la disponibilidad del agua en los próximos años, y entonces los costos serán mucho mayores de los que podríamos estar pagando hoy.
En ese sentido, es necesario que los diferentes candidatos a ser autoridades de gobierno tengan mucha madurez política en este tema. Esperemos que las futuras autoridades nacionales, regionales y locales decidan corregir finalmente esta situación, pues las consecuencias de continuar con esta forma de intervención estatal van a provocar el rápido agotamiento del agua, con graves consecuencias para la actividad productiva y para la vida en las ciudades, y por último para el desarrollo sostenible del país.
Autor: Flavio Ausejo
