Los 72 millones de bosques tropicales del Perú, hacen de este sector uno de los más sensibles cuando se discuten los temas ambientales, debido al impacto que tendría el deterioro de la masa forestal en la disminución de la biodiversidad y en el cambio climático (por su rol en la absorción de dióxido de carbono). El tema crecientemente se incluye en negociaciones internacionales como el anexo forestal en el TLC Perú – EUA, donde el Perú se comprometía a cumplir con una serie de requisitos y estándares mínimos para la transparencia y gestión forestal en un plazo de 18 meses (Anexo18.3.4).
Desde hace varios años, el sector forestal reclamaba una mejor transparencia y participación ciudadana en su legislación, fortalecimiento institucional de la autoridad forestal, el ordenamiento y gestión de la producción que cautele que toda extracción maderera tengan origen legal y asegurando una adecuada cadena de custodia, y luchar contra la corrupción de los funcionarios forestales. Una correcta respuesta del Estado ante estas necesidades pudo haber sido reformular la Ley Forestal aún vigente, mejorar las deficiencias que estaban sobre todo en la aplicación de la ley en el campo (como en el control de la tala ilegal y el contrabando). Pero, el Estado decidió reemplazar toda la legislación forestal y crear una nueva que tenia aspectos más permisivos, como considerar recursos forestales únicamente a los bosques de protección y no a las tierras en producción. Miles de hectáreas de tierras de vocación forestal podrían ser llevadas al régimen agrario. Esta reforma forestal fue rechazada por la población local que consideró perjudicaba sus intereses sobre las tierras forestales, y el Estado tuvo que ceder derogándolas. Actualmente, se encuentra pendiente de aprobación una nueva Ley Forestal que intenta recoger los pedidos de las poblaciones amazónicas (especialmente las referidas al tema de la consulta previa).
Aunque existen voces que exigen una rápida aprobación de la ley modificada, una nueva ley forestal debería propiciar un debate mayor buscando consenso. Como señala Pulgar Vidal, mas bien se debe priorizar el reforzamiento del actual sistema legal forestal relativo a aumentar las penas a los madereros ilegales, mecanismos anticorrupción, otorgar mayor independencia a OSINFOR y mejorar la legislación en CITES. De hecho, algunas medidas de los últimos meses se han realizado en este sentido, y han sido aceptadas por Estados Unidos como indicador de avance en el cumplimiento del anexo forestal.
No obstante, consideramos que un tema de fondo es que en la nueva ley forestal que próximamente se aprobará en el Congreso, existe una elevada orientación a ver los bosques únicamente como recursos madereros. No se están considerando otras opciones que pueden ser incluso más rentables que aprovecharlas como madera, y que generan menores alteraciones ecosistémicas. El mecanismo voluntario de absorción de carbono para mitigar el cambio climático, mecanismo REDD, puede ser uno de ellos. Sin embargo, la promoción de este mecanismo viene siendo manejado por el Ministerio del Ambiente, mientra que la legislación forestal está a cargo del Ministerio de Agricultura. El ecoturismo, el aprovechamiento de especies no maderables como la castaña y el pago por servicios ambientales (como muestran las experiencias que se están llevando a cabo en Moyobamba), son algunas de las opciones que existen para darle mayor valor a tener nuestros bosques en pie, en lugar de bosques convertidos en madera. Estas opciones también deben ser tomadas en cuenta en la legislación forestal.
Los estándares del TLC con EEUU no solo implican fiscalización y mecanismos de intervención, sino que establecen mecanismos de sanción por incumplimiento. Así, errores en el manejo de este tema no solo complicará la implementación del TLC con EEUU, sino que podría reeditar dolorosos conflictos con las comunidades selváticas.
