Quién no ha entonado alguna vez, con mayor o menor éxito, el conocido vals criollo Mi Perú de don Manuel, “el chato”, Raygada. Y es que retrata un país lleno de “ricas montañas, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos [y] quebradas” con el que emocionalmente nos identificamos de inmediato.
Sin embargo, cuando comparamos esa imagen idílica con la realidad de nuestros nevados, glaciares y ríos llegamos a la conclusión de que estamos atravesando una severa crisis ambiental; una crisis de conservación, gestión, uso y disposición adecuada del agua.
Y es que el Perú es un país de paradojas, lo que se refleja en el manejo del agua. Aunque tiene una oferta hídrica privilegiada, que lo ubica dentro de los 20 países más ricos del mundo, todo indica que hacia el año 2025 experimentaremos un severo estrés hídrico junto a estados tan diferentes como Eritrea, Irán, Somalia o Sudáfrica.
Además, padecemos de una notable descompensación demográfica, que se grafica en tener al 65% de la población en la costa, la que solo dispone del 2% de los recursos hídricos. Por último, la propia gestión del recurso es inadecuada e ineficiente. Esta nos ha conducido a la sobreexplotación insostenible de algunos acuíferos (i.e, Ica, Tacna, Lambayeque), a la contaminación creciente de cuencas enteras (i.e., Mantaro, Rímac, Santa) y a la conflictividad abierta por usos incompatibles, trátese de conflictos interregionales (i.e., Arequipa-Moquegua, Ica-Huancavelica, Ancash-La Libertad) o intersectoriales (i.e., agricultura-minería).
Frente a esta crisis de gestión, el Estado peruano despliega un enorme esfuerzo institucional y normativo que se traduce, por ejemplo, en la creación y despliegue territorial de la Autoridad Nacional del Agua, la promulgación de la nueva Ley de Recursos Hídricos (2009) y la adopción del paradigma de la gestión integrada del agua (GIA) que pretende desterrar las visiones sectoriales y postula que “el agua es un recurso finito, vulnerable y esencial que debe ser manejado de manera integrada” y participativa debido a su valor multidimensional (sociocultural, económico y ambiental) (Primer principio de Dublín, 1992, y ley 29338). El objetivo al año 2025, con estas herramientas en mano, es evitar el escenario de “Agua para Pocos” y lograr el de “Agua para Todos.”
El éxito de esta política dependerá de que los usuarios, profesionales y funcionarios involucrados en el manejo del agua desarrollen estrategias, planes de acción concertados y acciones destinadas a revertir o por lo menos mitigar la dramática situación de nuestras cuencas. El objetivo es mejorar el manejo de los recursos hídricos, superar la fragmentación institucional y, finalmente, espantar el fantasma del stress hídrico. Solo si generamos una nueva arquitectura técnica, institucional, normativa y social para la gestión del agua lograremos el ansiado balance entre equidad, eficiencia y sostenibilidad.
El reto es formidable y apremiante. Por eso mismo, las universidades deberían desarrollar programas institucionales de investigación-acción y asumir la conducción del gran debate nacional sobre la crisis del agua. Si bien la autoridad y las organizaciones de usuarios despliegan sus mejores esfuerzos, las universidades limeñas o regionales, públicas o privadas, no se han sumado a una causa de alcance nacional. No es suficiente que distinguidos profesores y centros de investigación aporten significativos esfuerzos y resultados. Se requiere que las universidades se transformen en los grandes ejes de articulación entre la investigación, el conocimiento y las políticas públicas. Eso supone, naturalmente, un cambio de paradigmas y agendas. ¿Estaremos a la altura del reto?
Sobre el autor:
Armando Guevara Gil ha realizado varias publicaciones, como Agua y Derecho (2006) y Out of the Mainstream (2010, con R. Boelens y D. Getches), Derechos y Conflictos de Agua en el Perú (2008), Diversidad y Complejidad Legal (2009) y El Derecho y la Gestión Local del Agua en Santa Rosa de Ocopa (2011). Está vinculado, como Investigador Invitado, a los Institutos de Historia y Antropología del Derecho del Max-Planck Institut de Alemania. Actualmente es Vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
