«Es el signo de sus realizaciones: la sociedad industrial que hace suya la tecnología y la ciencia se organiza para el cada vez más efectivo dominio del hombre y la naturaleza, para la cada vez más efectiva utilización de sus recursos».
Herbert Marcuse, El Hombre Unidimensional (1964)
Escrita hace más de 60 años, la cita podría alzarse hoy como el lema no reconocido del extractivismo. Este último concepto, cuyo estudio en círculos socioambientales se ha acentuado los últimos años, podría definirse como un modelo de desarrollo que tiende a la acumulación del capital y poder en manos de unos pocos -es decir, del Estado y las industrias extractivas-, y cuyo objetivo primordial es la exportación de los recursos naturales extraídos, muchas veces de manera violenta, y que fueron poco o nada procesados. Que los términos ‘modelo de desarrollo’ y ‘extracción violenta’ coexistan en una misma oración puede parecer incongruente, o incluso malintencionado; sin embargo, ahí radica el núcleo de la crítica marcusiana: la irracionalidad que implica la ejecución de supuestos racionales. Bajo esta premisa, el avance minero se ha posicionado como el prospecto económico racional de las naciones ricas en recursos minerales, mientras encarna, paradójicamente, el mayor riesgo irracional para los suelos que los contienen.
Por: Joaquín Verástegui y Mauricio Collazos, voluntarios de Clima de Cambios
Nasca no es el único patrimonio en disputa
A raíz de los hechos suscitados el pasado 8 de junio, cuando el Ministerio de Cultura dejó sin efecto el artículo 1° de la Resolución Viceministerial N.º 128-2025/VMPCIC/MC, emitido el 30 de mayo de este año, que estableció la reducción del área protegida de la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, en la región Ica, de un perímetro inicial de 5,600 km² a 3,200 km²; distintos portavoces se pronunciaron en contra de la primera medida, en tanto consideraron que ‘’la resolución respondía a intereses ajenos a la protección cultural’’ (Sudaca, 2025) . La desaprobación ciudadana se debió en gran parte a posteriores noticias que informaban la existencia de, como mínimo, 300 concesiones mineras en las zonas excluidas, en su mayoría informales (Actualidad Ambiental, 2025). Es posible afirmar, a la luz de la crítica de Marcuse, que ni la ciencia ni la tecnología extractivista son factores neutrales orientados a fines positivos preestablecidos, sino más bien son instrumentos de dominación de territorios-personas, que conciben los patrimonios culturales asentados sobre recursos minerales no como suelo ancestral portador de valor intrínseco, antes bien, como mera materia bruta explotable y obstáculo para la renta minera.
Lo ocurrido en Nasca a inicios de junio no es un evento aislado, es un elemento más dentro de un patrón congruente de casos símiles cuya lógica reposa en el ideario extractivista. Este último término, como se ha evidenciado antes, es irracional en el seno de su aclamada racionalidad. Antes bien, esta lógica no se restringe al sector informal, sino también logra calar en su contraparte formal, dado que ambos encierran los mismos discursos mercantilistas y se reafirman en la acumulación por desposesión, o sea, procesos donde la racionalidad capitalista reduce toda forma de vida -incluido el patrimonio cultural- a materia explotable para la generación de renta. Por ejemplo, retrocediendo al año 2023, un proyecto de ley impulsado por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas, en el que se modificarían nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, recomendó la reducción de la extensión de estas zonas, favoreciendo así la exploración y extracción de hidrocarburos (Derecho, Ambiente y RRNN, 2025). Particularmente, interesaba el pozo Candamo-78-53-1X/ST, en el valle del mismo nombre y con un volumen estimado de 2,1 trillones de pies cúbicos de gas natural (Mongabay, 2025). El problema residía en que, de aprobarse, podrían fundamentarse análogamente extracciones mineras en zonas distintas a la topografía de la zona, continuando así con una cadena de extracciones violentas e ilógicas. Este caso acentúa la paradoja marcusiana del progreso autodestructivo: entidades estatales promoviendo la irrupción de maquinaria tecnológica, a manera de instrumentos de control politizados, en territorios protegidos por el mismo trasiego jurídico interno, con el presunto fin de lograr el progreso.
Imagen: Mongabay
El extractivismo también es un discurso
Consideramos que, a la par de la acción práctica, el extractivismo opera también discursivamente, planteándose como vía de desarrollo con sustento lógico-científico, y, por ende, incuestionable. Frente a esta retórica, se alza un deber ético: la confrontación del statu quo cuando sus supuestos axiomáticos no se trasladan de manera íntegra al plano real y cuando su intersectorialidad no es congruente con el bien común. Ese fue el caso de las Líneas de Nasca, donde políticas ‘subsanatorias’ develaron que, tras bambalinas, existe una estrecha colaboración entre Estado e industria minera y mineros informales, fiel reflejo del paradigma ilógico que actúa permanentemente bajo la racionalidad extractivista, mercantilizando sus propias raíces. El Estado, por ende, estaría incumpliendo su deber como ente protector de los patrimonios naturales y culturales del país, los cuales son parte clave de la identidad nacional. En este contexto de contradicciones institucionalizadas -incongruencia entre discurso y práctica-, la resistencia no es solo legítima, es un acto de lucidez en un mundo donde procesos como la cuantificación de la cultura y la operacionalización de la memoria se plantean como progreso.
Bibliografía
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/8679335_PL_EM_LeydeANP-1-1.pdf
