Entrevistas
19/03/2014

En la mayoría de conflictos por el agua en nuestro país están involucradas actividades extractivas

En el marco de la Semana Mundial del Agua que celebra la PUCP, la profesora Patricia Urteaga nos brinda diversos alcances para conocer los actuales conflictos por el agua en nuestro país y qué se está haciendo para mitigar los riesgos y peligros de los mismos.

¿Cuáles son los actuales y principales conflictos por el agua en el Perú?
Del año 2004 al 2007, solo los conflictos por cantidad de agua en el norte del Perú habían aumentado de 63% a 83% (Pereyra 2009). Hasta el 2008 en Cajamarca, Lambayeque y Piura había 120 conflictos por cantidad y calidad del agua.

En el año 2010 Panfichi y Coronel habían identificado 115 conflictos a nivel nacional entre los consignados en los reportes de la Defensoría del Pueblo.

De estos, sólo alrededor del 20% fueron resueltos.

Pero este recuento solo recoge aquellos conflictos en los que la Defensoría del Pueblo tiene injerencia. Hay algunos conflictos no considerados en los reportes de la Defensoría debido a varios factores, lo cual da como resultado un número aparentemente mayor de conflictos por el agua y una tasa relativamente baja de conflictos gestionados o resueltos.

Los más importantes son el de Conga en Cajamarca por la pretensión de drenar varias lagunas para extraer oro; el conflicto entre Arequipa y Cusco por el plan para derivar agua de Espinar, Cusco, hacia Arequipa para el proyecto de irrigación Majes-Sihuas II; el conflicto de Ica versus Huancavelica por el proyecto Tambo-Ccaracocha para desviar aguas de la cuenca Pampas hacia la cuenca de Ica; y varios otros conflictos que tienen que ver con la contaminación de las aguas en la Amazonía, y, por lo tanto, con la vida de los pueblos indígenas que habitan en las cuencas del Río Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre.

¿Qué actividad económica contribuye a generar conflictos por el agua en nuestro país?
En la mayoría de conflictos por el agua están involucradas actividades extractivas, es decir la minería y petróleo.

¿Ha empeorado o mejorado la situación de los conflictos por el agua en nuestro país en los últimos 10 años?
Ciertamente, en los últimos diez años el estado ha desarrollado más instrumentos técnicos para exigir un buen uso de los recursos, pero hay varios factores que confabulan contra la supervisión de la calidad y cantidad de los recursos hídricos en el Perú.  
Uno muy importante es la falta de información.

No existe información sobre la oferta de agua en muchas cuencas. El segundo, es la falta de supervisión del uso de los recursos hídricos. En noviembre de 2013 la OEFA sancionó a Pluspetrol con 20 millones de soles por la desaparición de la laguna Shanshococha de 3,000 m2, no estamos hablando de cualquier cosa; esta empresa ha cambiado la geografía nacional desapareciendo una laguna, un bien de la nación, bajo la miopía del Estado.

Y el tercero es la captura del estado y la corrupción por parte de los usuarios más poderosos. Sólo hace unos días, el actual Ministro de energía y minas ha declarado que se debe desregular para no exigir como requisito la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para la exploración de petróleo.
La desregulación ambiental favorece a actores específicos y perjudica a otros. Esto es lo que llamamos racismo ambiental.

¿Qué se está haciendo para mitigar los riesgos y peligros de los actuales conflictos?
Yo creo que la Autoridad Nacional del Agua e instituciones como la OEFA, entre otras, están tratando de controlar los efectos de los conflictos sobre la población local, y en algunos casos, incluso realizando acciones de prevención, pero mientras estos tres problemas no se resuelvan y mientras el Estado siga apostando por un modelo de desarrollo salvaje basado en la mera extracción de recursos, estos conflictos se van a reproducir a pesar de estos esfuerzos.

¿Cuál es su propuesta frente al tema?
Creo que lo primero es escuchar a las poblaciones locales y tener información científica que sustente las decisiones. No todo debe ser cifras económicas, sobre todo, se debe tener la voluntad política para gobernar sin afectar el ambiente, los recursos y la vida de los más vulnerables.

Sobre Patricia Urteaga:

Investigadora y profesora asociada del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. Miembro del Comité Directivo de la Maestría en Gestión Pública de los Recursos Hídricos de la PUCP.
Sus últimas publicaciones incluyen el libro titulado «Agua e Inequidad. Discursos, políticas y medios de vida en la región andina» (2013), Lima: IEP, JH.