Durante el evento se discutirá la iniciativa sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
¿Qué implica el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales?
En la declaración de Río de 1992 los países de América Latina y el Caribe y todo el planeta, acuñaron y aprobaron los Principios de Río. Entre ellos el llamado Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente. Básicamente dicho principio tiene 3 elementos: el primero es que el mejor modo de tratar los aspectos ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados; el segundo de los elementos tiene que ver con cómo es esta participación. Básicamente todas las personas tienen derecho a acceder a la información sobre el medio ambiente que tengan las autoridades, que les permita participar en forma oportuna en los procesos de adopción de decisiones y de políticas públicas. Finalmente, el tercer pilar, tiene que ver con los procesos de sensibilización y participación de la información y la proporción de sistemas efectivos de tipo administrativo o judicial que permitan protegerles en caso de que no se tutele los derechos de acceso a la información y participación y que les permitan resarcirse de posibles daños asociados a la degradación del medio ambiente.
¿Cómo es el panorama internacional de estos derechos de acceso?
Los tres pilares de Acceso a la Información, Participación y Acceso a Justicia en materia ambiental están recogidos básicamente en casi todos los acuerdos multilaterales ambientales. Desde el acuerdo de París firmado recientemente hasta el Convenio de Minamata que Perú ya ratificó, hasta el Convenio de Estocolmo, Róterdam, de Basilea, Viena, Montreal, entre otros.
Lo que podemos ver a nivel internacional es que los acuerdos ambientales recogen el Principio 10 como un elemento esencial para la implementación efectiva de sus acuerdos; pero que también están reconocidos los derechos de Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en los acuerdos asociados a los tratados universales de derechos humanos que todos los países han firmado. Desde Rio +20 se ha producido un proceso de desarrollo de una mirada amplia sobre en qué consiste el desarrollo sostenible dentro de Naciones Unidas y el 2015 la Asamblea General aprobó La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que trata de forma integral de alcanzar el desarrollo sostenible tutelando aquellos aspectos económicos, sociales y ambientales. Por tanto, el principio 10 recoge acuerdos internacionales, los tratados de derechos humanos y la agenda de desarrollo sostenible.
¿Qué países intervienen y cómo se desempeña el Perú en este acuerdo?
Nuestra región desde el 2012 inició un proceso propio para fortalecer la implementación efectiva de estos derechos de acceso. A la fecha, tenemos 23 países que han firmado la declaración y están negociando en pleno derecho. Perú tiene un papel muy proactivo, no solo porque es un país avanzado dentro de la región en la protección de estos derechos, sino que tiene un liderazgo en el proceso de negociación siendo una de las vicepresidencias del proceso, luego sigue Chile y Costa Rica. Además, porque lidera grupos de trabajo sobre participación junto a Argentina. Este liderazgo, no solo en la profundización de los derechos y de avanzar más de lo que ya tiene, es fundamental para su desarrollo económico y sus procesos de integración internacional.
Asimismo, Perú ha sido muy activo en su participación y está en un nivel muy avanzado en la región; sino también tiene muchos elementos para compartir, aspectos específicos que se están negociando. Por ejemplo, los registros de emisiones contaminantes, que han implementado Chile y México en su totalidad y Perú les sigue en la región.
¿Cuáles son los desafíos que debe superar el Perú en relación a este acuerdo de Derechos de Acceso?
En términos de proceso regional, el primer reto, en el cual el Perú está trabajando fuertemente desde la Cancillería y desde el Ministerio del Ambiente, es avanzar y concluir la negociación de este acuerdo este año para que pueda entrar en vigor en cuanto antes posible de tal manera que todos estos elementos se implementen en forma adecuada.
Aunque el Perú pueda estar, como en todos los países, hay cosas que mejorar. Por ello, todo el tema de la generación de información, es decir, de fortalecer su sistema de información ambiental y la generación de información adicional en aspectos que no se tienen hasta ahora por ejemplo en temas de sustancias peligrosas. También los temas de educación y consciencia ambiental, de los cuales Perú tiene muy buenos ejemplos pero hay que seguir fortaleciendo.
¿Cuáles la importancia de generar aspectos académicos en el marco de este tema? En ese sentido, ¿Cuál es la responsabilidad del sector educación?
En toda la temática ambiental el tema de consciencia, educación y generación de información es básico. Por varios motivos, uno porque los procesos de degradación en materia ambiental van aumentando entonces, en países como el Perú que dependan de su minería y de sus recursos naturales, generar información de todo lo que se tiene disponible en el país y cómo gestionarlo correctamente es fundamental.
Esa concientización es clave, no solo hacia la población sino también de los poderes públicos y privados para que puedan ver que las políticas desarrolladas con procesos de acceso de información oportuna y participación oportuna e informada pueden ayudar a que los resultados tengan menos conflictos y sean más eficientes a la hora de ser implementados. De esa manera, los temas de educación y los espacios de información son claves para cambiar formas de pensar y para que las nuevas generaciones tengan más incorporada la importancia de la protección del medio ambiente.
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