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La trata de personas es un fenómeno criminal que afecta la dignidad de sus víctimas, destruye sus proyectos de vida y las mantiene en una situación de degradación permanente en tanto las convierte en objetos al servicio de otros (Corte Suprema de Justicia, 2019). En el Perú, más del 70% de casos de trata de personas persigue la explotación sexual y tiene como víctimas, en su inmensa mayoría, a mujeres, adolescentes y niñas (INEI, 2022). De entre las regiones afectadas por el fenómeno destaca Madre de Dios por ser en la que se presenta con mayor incidencia. Ciertamente, el cálculo de la tasa de afectación por cada cien mil habitantes de esta región equivale a 48.9 lo que representa aproximadamente veinte veces más la tasa de la región Lima, que es en la que se interponen más denuncias (INEI, 2022). Frente a esto, se hace necesario comprender las limitaciones del Estado peruano en materia de prevención y lucha contra la trata de personas en Madre de Dios. Si bien existen ya diversos reportes y estudios que indican las falencias del sistema de justicia en la comprensión del fenómeno y la aplicación del tipo penal, queda aún un vacío sobre la experiencia cotidiana de los operadores de justicia y la manera cómo esta incide en la atención que proporcionan a las víctimas. Desde una aproximación interdisciplinaria que reúne al Derecho y las Ciencias Sociales, este proyecto, a modo de estudio exploratorio, apunta a demostrar que, a pesar de la adecuación de la legislación penal a los estándares internacionales para la sanción de la trata de personas, la aplicación de la norma en los casos resueltos por el sistema de justicia no se adecúan a la real magnitud de las situaciones de violencia estructural que afectan a las víctimas, perpetuando así situaciones de vulnerabilidad.
Participantes:
Instituciones participantes:
Desde un punto de vista puramente jurídico son innegables los avances producidos para la prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas. No obstante, el Estado ha centrado sus esfuerzos en las acciones en contra de los perpetradores, antes que en la protección integral de las víctimas. En este marco, el interés principal del presente estudio se centra en la manera en la que los jueces penales establecen las reparaciones civiles en sus sentencias pues su formulación parece ser la representación de un sistema que no concibe a la víctima como un sujeto relevante.
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