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La investigación evalúa la contribución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) a la afirmación del derecho a la igualdad y no discriminación de ciertos grupos vulnerables en el Perú: mujeres y niñas, pueblos indígenas, reclusos, personas con discapacidad mental y población LGBTI (2001-2016), considerando que la discriminación no sólo tiene una dimensión individual sino también carácter estructural, como forma de opresión de grupos, que se plasma en discriminaciones múltiples o interseccionales que comprenden a más de uno de los grupos vulnerables. La investigación aborda una temática de gran relevancia política y social que hasta ahora no cuenta con un estudio integral de Derecho Constitucional. Además, se enfoca en la eficacia del Derecho a través de las sentencias del TC, cuyo carácter vinculante alcanza a todo el Estado y la sociedad. Ello coadyuva a la construcción de ciudadanía y al ejercicio pleno de los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional. Asimismo, la investigación examina de manera crítica si el desarrollo del derecho a la igualdad y no discriminación por el TC podría no ser homogéneo en atención a variables como la protección de los grupos y las características de los sujetos, considerando la materia específica a la que se refieren los casos, las indicaciones prohibidas que se intersectan y condicionando la discriminación como fenómeno observado en estudios anteriores en el país. Para este análisis crítico tendrán especial importancia las teorías jurídicas feministas, y las categorías género ¿en mayor medida¿ y origen étnico (racial) como indicaciones que ponen de manifiesto la opresión integrupal. La investigación también concede importancia al examen del diálogo jurisprudencial entre el TC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de un esfuerzo académico internacional que analiza la posible configuración de un constitucionalismo multinivel o de un Ius Constitutionale Commune en América Latina.
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Una de las tendencias contemporáneas más importantes del Derecho es la constitucionalización de todo el sistema jurídico, esto es, cómo de la mano del nuevo paradigma del Estado constitucional, la Constitución viene impregnando no sólo al derecho constitucional sino a todas las áreas del derecho. El suscrito considera que este nuevo paradigma de Estado constitucional y la consecuente constitucionalización del derecho, en América latina en general y en el Perú en particular, ha tenido y tiene un derrotero especial y distinto, la gestación de un paradigma parcialmente distinto: el Estado constitucional interamericano. Por cierto que este paradigma comparte rasgos comunes con el del Estado constitucional, pero se distingue en dos aspectos centrales: por un lado, viene empujando también una parcial ¿interamericanización¿ del derecho y, por otro lado, que el eje central de este proceso son los derechos fundamentales, a falta de un proceso de integración regional en el continente americano. Así, puede hablarse de la interamericanización del derecho constitucional y, simultáneamente, de la constitucionalización del derecho interamericano. Por ello, en la presente investigación planteamos profundizar la investigación ya iniciada en el doctorado en derecho, sobre la gestación del paradigma del Estado constitucional interamericano, en dos sentidos: por un lado, investigar y sistematizar la jurisprudencia del Tribunal constitucional peruano que mostraría ¿o no- este proceso de gestación y, por otro lado, recoger otras investigaciones y opiniones en otros países del continente, que confirmarían ¿o no- que este proceso también se viene dando en otros ordenamientos nacionales. Esta investigación busca plasmarse en la publicación -digital o impresa- de un libro o artículo arbitrado, en el Perú o en otro país del continente.
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Esta investigación es un esfuerzo colectivo que se planteó como objetivo la promoción del acceso, pleno y efectivo, a la justicia en América Latina. Por ello, se llevó a cabo un ejercicio de identificación y análisis de los principales obstáculos que impiden este acceso, así como las mejores prácticas que los Estados miembros de la OEA han desarrollado para superarlos. El propósito fue el de contribuir a la gobernabilidad democrática en la región, promoviendo estrategias e iniciativas para proponer políticas públicas que conduzcan a la expansión de la ciudadanía política, civil, económica y social.
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