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Producir conocimiento nuevo en el área del Derecho Penal, a partir de la reflexión e investigación del desarrollo de la "Teoría del Delito" por la doctrina nacional e internacional, en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.
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1. La existencia de un sistema de resolución de conflictos eficaz, objetivo, previsible y oportuno, es una condición imprescindible para el desarrollo de la sociedad y de las personas. Así, cuanto mayor sea la eficacia del poder judicial mayor será la seguridad jurídica y mayor será también la protección que se le dispense a la libertad. Esta idea, trasladada al ámbito penal, es la que justifica el proyecto Manual de Derecho Penal-Parte General (se adjunta archivo con el esquema del Proyecto Manual de Derecho Penal-Parte General): es imprescindible que los conflictos sociales que el Derecho Penal aborda (lesiones a vida, integridad, libertad, patrimonio, derechos humanos, administración pública, etc.) sean resueltos adecuada y oportunamente. 2. La actual reforma penal y procesal penal, que se inserta dentro de la reforma de administración de justicia, es una empresa que requiere el concurso de diversas instituciones y una decidida política criminal. Pero requiere también de criterios claros de imputación de responsabilidad penal, de manera que todos los ciudadanos podamos conocer y comprender las reglas de juego que rigen la pérdida de nuestra libertad. Solo así se podrá limitar la actividad sancionadora del Estado en defensa de los derechos fundamentales de las personas. 3. El proyecto Manual de Derecho Penal-Parte General pretende desarrollar y sistematizar dichos criterios de imputación de responsabilidad penal que, si bien se encuentran en el Código Penal, no por ello resultan ser coherentes y comprensibles. Se pretende, en otras palabras, interpretar la legislación con arreglo a los principios constitucionales y ofrecer el marco teórico a partir del cual 1. Condición imprescindible para el desarrollo de las personas en sociedad es la existencia de un sistema de resolución de conflictos eficaz, previsible y oportuno. Tratándose de conflictos que revisten relevancia penal (como los atentados contra la vida, el patrimonio, la administración pública, el me
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Determinar los criterios de imputación de responsabilidad penal, así como el concepto de delito, a partir del modelo de estado que plantea la Constitución. Se pretende también, siempre a partir del marco constitucional, elaborar concepto de autoría y participación, concurso de delitos y determinación judicial de la pena, de manera que la aplicación del Derecho Penal pueda ser razonada y conforme a los parámetros constitucionales
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Nota previa: el proyecto de investigación que se viene ejecutando en el año 2009 (Fundamentos y Fines del Derecho Penal en un Estado Constitucional de Derecho, N° 2009-0013) y el presente proyecto, constituyen la primera y segunda parte, respectivamente, de un proyecto más amplio denominado Manual de Derecho Penal, Parte General, cuya tercera parte (Consecuencia Jurídicas del Delito) se pretende ejecutar en el año 2011. El desarrollo del proyecto Manual de Derecho Penal, Parte General, demanda una dedicación de cuatro años, y se pretende que el último de ellos se realice en el extranjero. Sumilla: 1. Condición imprescindible para el desarrollo de las personas en sociedad es la existencia de un sistema de resolución de conflictos eficaz, previsible y oportuno. Tratándose de conflictos que revisten relevancia penal (como los atentados contra la vida, el patrimonio, la administración pública, el medio ambiente, entre otros), resulta especialmente importante que los criterios de atribución de responsabilidad penal, así como el proceso judicial en el cual se impone la sanción, se condigan con los derechos fundamentales de las personas que la Constitución consagra, es decir, que sean previsibles, objetivos, y permitan afirmar que la sanción penal es una reacción justa y proporcional al delito cometido. 2. En el Perú, desde hace dos años, se viene implementando un nuevo modelo procesal penal de corte acusatorio cuya principal característica es la separación de las funciones de investigación del delito, que le corresponde al Fiscal, y juzgamiento del delito, que le compete al Juez. Con este modelo se pretende un acercamiento al ansiado equilibrio entre garantías individuales y eficacia en la persecución penal. La delicada tensión entre protección de libertades individuales y necesidad de ofrecer seguridad a la sociedad, exige que la facultad sancionadora del Estado esté orientada tanto a la protección de las libertades de las personas como al mantenimiento del sis
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