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La política pública hacia el pueblo mapuche parece estar en crisis 25 años después de haber sentado sus bases. Esto se expresa no solo a través de la creciente conflictividad en la macrozona sur de Chile sino también a través de los cuestionamientos al diseño e implementación de los principales programas públicos que no han logrado reducir las brechas socioeconómicas que afectan a este grupo de población. Se sostiene la necesidad de una nueva perspectiva que, junto con superar las deficiencias anotadas, enfatice un enfoque multidimensional de política pública que permita un acción más integrada para enfrentar un problema que tiene raíces multicausales y a la que la fragmentación del Estado es poco propensa a enfrentar con éxito. Consecuentemente, el principal desafío es coordinar y dotar de mayor coherencia y oportunidad a las intervenciones gubernamentales y, antes que técnico, es fundamentalmente un reto de carácter político
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Desde mediados de los 80s han tenido lugar un conjunto de reformas en el Estado que han impactado notablemente tanto en su estructura como en la forma en la que se gestionan las políticas públicas en Chile. Esto ha tenido, como una consecuencia no prevista, una creciente fragmentación del Estado y una mayor dificultad en la coordinación y la coherencia de las políticas públicas. Bajo el enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP) estos cambios buscaron una mayor eficacia y eficiencia gubernamental a través de reducir los grandes ministerios por organizaciones públicas más especializadas, autónomas del poder político y focalizadas en desarrollar servicios. Ello ha debilitado la capacidad de coordinación del centro del gobierno para alinear la gestión de diferentes organizaciones y desarrollar políticas públicas más coherentes que limiten la redundancia, los vacíos y las contradicciones entre intervenciones de diferentes sectores y niveles de gobierno
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La revisión de la información permite establecer cinco conclusiones principales sobre análisis de las brechas de inversión. Un primer dato que surge al analizar el material es que no hay claridad en términos de la cantidad de población indígena beneficiaria del gasto público. Una tercera conclusión es que los fondos de tierras y aguas que representan 2/3 del gasto público focalizado desde la Administración Central no tienen -luego de 21 años de operación- una evaluación de impacto. La segunda es que algunos de los programas más antiguos y que, además representan la mayor parte de los recursos ejecutados, como los fondos de tierras y aguas, beca indígena y educación intercultural bilingüe, han estado sujetos a cambios en su organización interna y dependencia institucional pero siguen ¿arrastrando¿ algunos problemas de fondo. Por ejemplo Beca Indígena y Educación Intercultural Bilingüe han pasado por etapas distintas, ajustándose a las distintas prioridades de política. Sin embargo, siguen siendo preguntas y problemas vigentes identificar ¿Quiénes son los beneficiarios de la educación intercultural bilingüe? ¿Cómo se identifican escuelas/colegios con alto porcentaje de alumnos indígenas? ¿Cuáles son los logros a nivel de impacto que se obtienen? Una cuarta conclusión vinculada con la anterior, es que se observa la ausencia de programas complementarios que de forma coordinada y coherente ¿asistan¿ a la compra de tierras. No es evidente, si los predios y terrenos adquiridos cuentan con las condiciones de habitabilidad como caminos, acceso a energía eléctrica, viviendas, obras de riego que permitan hacer un uso productivo si es que esa es la vocación de sus propietarios. Una quinta conclusión es sobre la falta de articulación entre el mundo de la sociedad civil, el sector público y privado en torno a cómo se diagnostican, diseñan e implementan políticas públicas
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