Profesora receptora de la notificación enviada por la Comisión Interamericana explica por qué se presentó petición.

Abogado de la PUCP cuenta cómo se ha dado este proceso.

El señor Walter Muñoz Cho, designado por el Arzobispo de Lima ante la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva-Agüero, presentó al Tribunal Constitucional (TC) un escrito de desistimiento de la apelación por salto que había interpuesto hace casi dos años en contra de la Universidad. El 4 de setiembre, el TC ha publicado la resolución que acepta ese desistimiento.

Esto equivale a decir que el Arzobispado de Lima reconoce la validez de la resolución contra la que apeló en diciembre de 2011 y que, por tanto, también reconoce que la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en marzo de 2010, no es la última palabra de los jueces peruanos sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero. Corrige, así, una errónea afirmación que ha repetido insistentemente a lo largo de los tres últimos años.

La defensa jurídica de la Universidad se mantiene firme para garantizar la autonomía universitaria y la propiedad de los bienes que sirven para nuestras actividades académicas. Seguiremos informando a la comunidad universitaria de la evolución de los procesos judiciales sobre la materia.

Profesores receptores de la notificación comunican sobre trámite ante la CIDH.

A la comunidad universitaria:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que ha dado trámite a la petición presentada en setiembre de 2010 por miembros de la comunidad universitaria de la PUCP en contra de la sentencia emitida en marzo de 2010 por cuatro integrantes del Tribunal Constitucional en un proceso de amparo seguido por nuestra Universidad.

2. Dicha sentencia, como se ha demostrado ampliamente, afectó los derechos al debido proceso, a la educación —incluyendo la autonomía universitaria— a la libertad de cátedra, y a la no discriminación.

3. La CIDH ha decidido notificar nuestra petición al Estado peruano para que presente observaciones a su contenido en un plazo de tres meses. Al respecto, la comunidad universitaria hará sus mejores esfuerzos para favorecer una solución dentro de los términos mencionados en la notificación de la CIDH, resguardando los derechos de sus integrantes.

4. Esta notificación no es un prejuzgamiento sobre la situación existente, pero la apertura a trámite hace que el Estado deba informar sobre esa sentencia, cuestionada por nosotros, en virtud del Art. 205 de la Constitución Política.

Mantendremos informada a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de este trámite.

Marcial Rubio Correa
Rocío Villanueva Flores

Lima, 2 de setiembre de 2013

Lee la columna completa: Catholic Universities

Ver en la revista Ideele, aquí.

En mi última columna recordé el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. En este, la Santa Sede aceptó en 1980, sin poner condición alguna, su sometimiento a la legislación peruana en cuanto a sus emprendimientos educativos privados. Esperé que se me desautorizara rápidamente por los voceros del Arzobispado que defienden otra posición en relación con la propiedad y el gobierno de la PUCP. Solo hubo silencio.

La única respuesta que recibí es ciertamente correcta, pero no cambia en nada el asunto de fondo. Es cierto que la ley que dio el dictador militar Velasco en 1969 para regular las universidades le reconocía una excepción exclusiva a la Universidad Católica. Se le permitió, para esa fecha, nombrar su rector de acuerdo con el estatuto vigente, el cual incluía al Arzobispado y a la Santa Sede en la decisión. Sin embargo, no excluyó a la PUCP del cumplimiento de ningún otro artículo de la ley y mucho menos el de someterse a la Asamblea como “máximo órgano de gobierno”. La PUCP en 1983, por mandato de la ley en tiempos de Belaúnde –a la que también se sometió la Iglesia al firmar el tratado–, nuevamente realizó una reforma estatutaria que trató de conciliar las disposiciones eclesiásticas con la ley peruana. Debo señalar que por un error consigné solo cuatro universidades privadas para 1969, cuando ya eran doce. Pero la primera universidad particular del Perú fue la PUCP, fundada en 1917. La experiencia nacional en educación superior privada no ha cumplido ni 100 años.

¿Qué es esta Asamblea, causa de las iras santas? El conjunto de profesores, alumnos y representantes de la Iglesia que disponga el estatuto. En el Perú las personas jurídicas se gobiernan a través de sus órganos de gobierno y en cumplimiento de sus estatutos, que vienen a ser su ley interna. Los estatutos definen el nombre, objeto, domicilio, órganos de gobierno, entre otros muchos detalles. En las asociaciones sin fines de lucro, y la PUCP es una, la Asamblea es la única que puede modificar el estatuto. Nadie ajeno a ella puede romper ese pacto social.

El mecanismo de asamblea no permite que una sola persona se haga “dueña” de una colectividad. Este es, creo, el problema central. Los representantes de Arzobispado quieren un poder único de gobierno universitario: el de la Iglesia a través de sus representantes. La PUCP, acogiéndose a la ley peruana, a la que está obligada, no puede, sin caer en la ilegalidad, aceptar esa posición. Tampoco lo puede hacer la Santa Sede porque aceptó someterse a la ley nacional. Por esa razón, el decreto que le quita el nombre a la PUCP no tiene efectos jurídicos en el Perú. Incluso la Cancillería podría protestar por un acto inamistoso de otro Estado que supone el desconocimiento de un tratado.

El genial Carlos Carlín creó un personaje que se llama “la señora Tozzo”, una elegante señora mayor que vive en San Isidro y está llenecita de prejuicios. Además de hacer reír a carcajadas al público por su absoluta desconexión con el país, grita, en medio de su monólogo, “¡Maldito Velasco!”. Su personaje, una caricatura de la realidad, se ha encarnado nuevamente en aquellos que no quieren aceptar que ya pasaron casi cuarenta años y que nuestro país, para bien o para mal, cambió y que, en su momento, ellos aceptaron esos cambios en un tratado.

Reproducimos el comunicado sobre la situación jurídica de nuestra Universidad, emitido por la Asamblea Nacional de Rectores, ente que rige, coordina y orienta las actividades universitarias del país.

COMUNICADO
SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PUCP

La Asamblea Nacional de Rectores, por acuerdo de los señores Rectores miembros de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, en su sesión extraordinaria de fecha 08 de agosto del presente, se dirige a la opinión pública a fin de efectuar las siguientes precisiones sobre la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP):

1. La PUCP es una universidad peruana que como persona jurídica de derecho privado se rige por la Constitución Peruana y el ordenamiento jurídico nacional.

2. La Constitución Peruana en su Art. 18º en su último párrafo establece que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Además, el Art. 4º de la Ley Universitaria señala que, la autonomía universitaria se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica el derecho de aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él y administrar sus bienes y rentas.

3. En cumplimiento de la Constitución y de la ley, la Asamblea Nacional de Rectores reconoce el funcionamiento de la PUCP que como universidad peruana integra el sistema universitario nacional, manteniendo intacta su autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria; y realiza legalmente las actividades propias de sus fines institucionales, entre las que se mencionan, a modo enunciativo las siguientes:

a. Ejercer el derecho a utilizar su actual denominación, reconocida en el artículo 97º de la Ley Universitaria e inscrita en el INDECOPI.
b. Prestar servicios educativos, ofrecer programas de educación continua, convocar a procesos de admisión y matricular a sus alumnos de pre y posgrado.
c. Otorgar grados y títulos en nombre de la Nación, los cuales seguirán siendo inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR conforme a la Ley N º 25064, los que cuentan con valor legal para el ejercicio profesional ante las entidades públicas y ante las personas naturales y jurídicas privadas.
d. Revalidad grados y títulos obtenidos en el extranjero.

4. El Rector de la PUCP como representante legal de la Universidad mantiene su estatus y prerrogativas de miembro del Pleno de Rectores de la ANR y de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, de acuerdo a Ley.

Surco, 09 de agosto del 2012

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

En un primer documento, el doctor Delgado Barreto, profesor principal del Departamento de Derecho, revisa la normatividad nacional referida a la autonomía universitaria y la legislación referida a las relaciones entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica. En este se destaca que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico”, según señala la constitución en el artículo 18.

En cuanto a las relaciones con la Santa Sede y la República Peruana, el especialista cita el Acuerdo suscrito entre ambas en 1980, donde se precisa que la Iglesia no está facultada en el Perú a obligar a una Universidad Nacional, que además es Pontificia y Católica, ir en contra de la autonomía universitaria.

Descarga el documento “La PUCP está regida por la Constitución nacional y las leyes de la República Peruana“.

El segundo análisis del doctor Delgado Barreto se refiere al Decreto de la Secretaría del Estado Vaticano. El abogado sostiene que el decreto carece de legitimidad por ser injusto, ya que desconoce la fidelidad de la PUCP al magisterio de la Iglesia y es ilegal por opornerse a lo expresado en un acuerdo internacional suscrito por la Santa Sede y la República del Perú.

Descarga el “Análisis del decreto de la Curia Romana que priva a la PUCP de su título de Pontificia y su condición de Católica“.