¿Qué está en juego en la Universidad Católica?

Por: Ciro Alegría, Docente

Departamento de Humanidades

Los múltiples desafíos que se presentan a la democracia peruana nublan la visión del grave riesgo que atraviesa la Pontificia Universidad Católica del Perú, hoy la más poderosa impulsora de investigación y pensamiento crítico en el país. Amenazada por una demanda judicial planteada por el Arzobispado de Lima, a la Universidad se le ofrece como salvación que renuncie –no en todo, sí en lo fundamental– a ser regida exclusivamente por profesores y estudiantes, es decir, a su estatuto autónomo. La propuesta planteada por los negociadores enviados por el Cardenal Cipriani es que la Universidad supedite a la jerarquía de la Iglesia la elección de Rector y la disposición del patrimonio. Este ofrecimiento es una antigua práctica romana: anda suicídate para que no tengas que afrontar una ejecución que consideras injusta. En ambos casos, el suicidio y la ejecución, el Perú perdería el principal motor de su desarrollo en investigación científica y calificación académica internacional. A la Iglesia actual, duele decirlo, no parece interesarle el desarrollo de la ciencia ni de una ciudadanía consciente y responsable. A la Iglesia actual le interesa más que nada que su Magisterio se imponga a todos mediante la fuerza de la ley y, por ello, le interesa conservar las posiciones de poder económico y político que ha adquirido a lo largo de los siglos.

Lo que está en juego es el estatuto autónomo que la Universidad adoptó hace unos 40 años, bajo el rectorado del jesuita Felipe Mac Gregor. En este estatuto, la autoridad administrativa está en manos de profesores y estudiantes. Eso implica que los únicos intereses que priman necesariamente en ella y se ejecutan mediante sus órganos de gobierno son los de la calidad de la educación superior y de la investigación. La universidad honra sus raíces católicas con explícitas declaraciones de fines que están en los estatutos, pero eso no basta hoy a la jerarquía de la Iglesia, ellos quieren controlar también los medios para avanzar hacia esos fines; no les basta la fe, requieren obediencia instalada en el orden legal. La autonomía estatutaria consiste en que profesores y estudiantes, mediante sus representantes elegidos, gobiernen la Universidad y decidan la forma en que van a realizar los fines institucionales. Ese es el mandato principal de la Ley Universitaria peruana, hoy debilitada por las excepciones permitidas por un decreto de Fujimori todavía vigente. La Universidad, como organización de los estudiosos, es una autoridad autónoma para preservar la calidad académica dentro de sus aulas y centros de investigación. La Universidad no tiene dueño ni patrón, es una asociación profesional y educativa cuya libertad está protegida por la ley.

Establecer autoridades autónomas es uno de los mejores medios que se ha encontrado en el mundo moderno para preservar bienes comunes. Para esto es importante que los encargados de la autoridad autónoma tengan su identidad y su destino unidos al bien que protegen. Tiene que ser un hecho cierto que su vida será valorada, medida y pesada según la integridad con que han cuidado el bien común que se les encargó. Cuando esto es así, los miembros de una autoridad autónoma tienen buenos motivos para resistir a los intereses contrarios al bien común que tienen a su cuidado, sean intereses empresariales o populares, humanos o divinos. Si la Universidad es controlada por un patronato empresarial o religioso, entonces esos patrones, en un caso, la engordan para venderla, y en el otro, extirpan de ella (o podan al ras del suelo) la enseñanza y la investigación que vayan contra sus doctrinas. Por eso, en el mundo moderno, la academia se ha separado de la Iglesia, así como el Estado se ha separado de la Iglesia. La sociedad moderna está hecha de esferas de valor autónomas. Los profesores que no tenemos otra vida que la de la enseñanza y la investigación, no tenemos otro interés que hacer bien esto mismo. El gobierno se legitima cuando respalda la autoridad autónoma, porque se desprende de todo contubernio con intereses de parte.

Fue enaltecedor para la Iglesia aceptar el estatuto autónomo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyos rectores, elegidos y regulados por este estatuto, han sido confirmados por la jerarquía eclesial durante décadas, hasta que Cipriani empezó su ofensiva. Mientras la Iglesia siga siendo portadora de un mensaje moral, se abstendrá de imponerlo mediante el derecho de propiedad y de dominio administrativo. El pastor de almas que, para guiar a su grey, recurre a la coerción legal, al control de presupuestos y actividades, transacciones, nombramientos y puestos, ya no es un pastor de almas, es un propietario y un gobernante terrenal. Los sacerdotes fariseos estaban en una zona gris hasta que, liderados por Caifás, decidieron salir en la foto junto a Herodes y Pilatos. El portador de un mensaje moral comete autoengaño y traición a sí mismo cuando recurre a premios y castigos para hacerse aceptar. La amenaza de excomunión y la promesa del Cielo, cuando son usadas como medios para conseguir poder, son instrumentos tan torpes como el dinero y las armas.

¿Tan rápido hemos olvidado cómo hemos llegado a esto? La dominación consiste en acumular miedo hasta que se convierta en temor reverente. El temor ha surgido en algunos cuando se han sumado la infundada demanda del Cardenal Cipriani y la infundada demanda del Estado Pontificio. El miedo se ha transformado en temor cuando se ha creado la apariencia de que si la universidad no acata la interpretación arzobispal del testamento, interpretación que convierte al albacea en titular, tendrá que acatar la autoridad del Arzobispo de todos modos para satisfacer la otra demanda, que viene de Roma, de que la universidad cambie sus estatutos a favor del Arzobispo. Es una tenaza hecha de dos amenazas, es decir, de coerciones imaginarias, hipotéticas, fantásticas, pero que sumadas hacen un temor real. Se ha producido la ilusión temible de que, si la Universidad no cambia el estatuto, entonces Roma la declarará disuelta, con lo que se espera que unos magistrados peruanos establezcan la muerte legal del único heredero y los bienes del testamento pasen a ser administrados por el albacea, que es el mismo Arzobispo. Así es como se compone una tenaza efectiva con dos premisas falsas, para expoliar a la comunidad universitaria y someterla administrativamente a la jerarquía eclesial. Ahora se negocia con temor, y la solución más fácil es sacrificar el estatuto autónomo a cambio de que nos perdonen el supuesto lucro cesante de la Iglesia y las costas del juicio que se da por perdido. Pero Cipriani ya ha dado a entender que tampoco esto le satisface. ¿Por qué? Porque basta un principio de solución, un destello orientador en las tinieblas, para que el temor se disipe, para que escapemos a la tenaza y volvamos por nuestros derechos.

Falta decir que una buena parte del valor de la autonomía está en que impide la discriminación. Las leyes peruanas han evolucionado y ya no se permite la discriminación por sexo, religión, raza, opción sexual ni discapacidad en ninguna actividad pública ni privada. Un estatuto que reservara el cargo de rector para aquel que viva de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia sería discriminador y los ciudadanos estaríamos en la obligación de denunciarlo y combatirlo con medios judiciales. Hoy el Club Regatas ya no reserva a los varones el derecho de ser socios, y varios centros de entretenimiento han sido multados por discriminación racial. Con el tema del Magisterio, la Iglesia fomenta la discriminación en todos los ámbitos en que tiene influencia y la impone en los que controla estatutariamente. Las mujeres no pueden ser autoridades de la Iglesia, ni siquiera pueden ser clérigos. Recientemente se ha enfatizado que los católicos no pueden compartir los lugares de culto de otras religiones. Ahora resulta que los templos católicos excluyen físicamente a las personas que no viven de acuerdo al Magisterio. Así también pues, el rectorado, el corazón de la Universidad, donde se deciden los méritos de los docentes y el doctorado honoris causa, equivaldría a un templo católico; los divorciados, convivientes, gays, o simplemente no católicos lo profanarían con su presencia. Por eso, si la Universidad perdiera el estatuto autónomo, si la república académica muriera por mano propia o por pública ejecución judicial, entonces quedaría excluido del rectorado todo aquel que no fuera un católico cabal a los ojos de la jerarquía, pese a tener los méritos personales y académicos para ser rector, que no son pocos.

¿Cómo han llegado a ser necesarias estas aclaraciones a comienzos del siglo XXI? ¿Cómo es que los líderes empresariales y políticos contemplan impasibles la degradación cultural que pone en riesgo la autonomía universitaria? ¿Es tan amplia la influencia de los neoliberales, los mismos que pactaron con el régimen de Fujimori y Montesinos? ¿Acaso son mayoría quienes, para encubrir su fidelidad exclusiva al capital y a los medios de dominación, alimentan discursos de odio, de exclusión e intolerancia que simulan fidelidad a valores trascendentes? Hoy es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad proteger el estatuto autónomo de este bien viviente imprescindible para el desarrollo de la investigación y la calificación académica internacional del Perú. Escribo esto con profunda lástima, con el dolor que causa ver que quizás no es cierto aquello en que he creído desde muy joven. He creído con todas mis fuerzas que servir a la Humanidad es servir a Dios. Me queda pensar que, como lo ha recordado Umberto Eco en su novela, la rosa es más que el nombre de la rosa.