Precisamente ahora se halla pendiente de expedición una nueva resolución del Tribunal Constitucional acerca del conflicto entre la PUCP y el Arzobispo de Lima. La sentencia anterior, del 17 de marzo del 2010, dictada en mayoría, abiertamente favorable al prelado estuvo marcada por la incoherencia discursiva, la parcialidad manifiesta, el grosero rompimiento de la cosa juzgada, y las serias dudas sobre su autoría, legitimidad e independencia. Como ocurrió con otros grandes casos de nuestra historia judicial, ¿emergió esta sentencia acaso en los extramuros de las cortes de justicia? ¿En palacio de gobierno? ¿En un Estudio de San Isidro? ¿En la Universidad de Navarra? La verdad algún día saldrá a luz. Lo que se sabe es que el gobierno anterior colocó estratégicamente estrechos colaboradores del primado en embajadas estratégicas. Desde allí se obtuvieron informes jurídicos favorables para la causa del prelado. Para los embajadores, desde la privilegiada posición de agentes del Estado peruano, era fácil socavar ante la Santa Sede los créditos de la PUCP e indisponerla ante las autoridades eclesiásticas.

En realidad, no había necesidad de una declaración del Tribunal Constitucional para conseguir el reconocimiento del derecho de propiedad de la PUCP. Es como si el derecho a la vida o la salud exigieran un reconocimiento previo. El disfrute del dominio (y, en consecuencia, su plena administración) no requería de un reconocimiento judicial, menos todavía en sede constitucional. Se trata de un derecho per se, intrínseco, que se deriva de los títulos; es decir, la adquisición a título oneroso o gratuito a lo largo del tiempo como, en efecto, se han adquirido los bienes de la Universidad Católica. Irónicamente, el TC ha reconocido —y dudo que ahora pueda retractarse— la plena titularidad de la propiedad de la PUCP. En ese momento, no se utilizaba la táctica maximalista de considerar tales bienes como eclesiásticos. Esa argumentación vendría más tarde, con motivo de sucesivos reveses judiciales del Arzobispado en los tribunales ordinarios.

Una despistada Sala Civil entendió que la parte expositiva de aquélla —y no del mandato o parte resolutiva— debía anotarse en el Registro de la Propiedad Inmueble. Algo inaudito, pues ni siquiera el TC lo había ordenado. Por mayoría, la Sala Civil dispuso que todos los bienes de la Universidad, procedieran o no de la testamentaria de José de la Riva-Agüero, figurasen a nombre de la Junta de Administración. Existen bienes registrados que fueron adquiridos por la Universidad Católica inclusive antes de la muerte de Riva-Agüero el 25 de octubre de 1944, otros que lo fueron con donaciones particulares, de gobiernos y fundaciones extranjeras o con las pensiones de los estudiantes, sin que tuvieran por causa de la adquisición ni el patrimonio ni los testamentos del gran peruanista. Bastaría para comprobarlo una comprobación registral y contable. Asunto que justamente tiene que ventilarse en los juzgados civiles.

Esta vez la defensa del Arzobispo, por medio de la discutida figura de la apelación por salto, curiosamente aplicado para el caso de la PUCP, insólitamente por la parte demandada, cuando solo podría hacerlo la parte demandante, ha requerido al TC que impida a la justicia ordinaria el conocimiento de cualquier causa que se refiera a la interpretación de los testamentos de don José de la Riva-Agüero. Quiere, además, que el acuerdo válido del 13 de julio de 1994 celebrado con todas las de ley entre el representante del Monseñor Augusto Vargas Alzamora, el canonista Carlos Valderrama, y el representante de la PUCP, Salomón Lerner F., que limitaba las funciones de la Junta de Administración, esa suerte de albaceazgo perpetuo, contrario a la Ley Universitaria, sea declarado ineficaz no por los tribunales ordinarios, sino por el Tribunal Constitucional. Eso solo podría hacerse a través de un proceso de conocimiento ante la justicia civil con estación de pruebas incluida. No me sorprendería, sin embargo, si el TC opta por acoger la extraña apelación por salto del Arzobispo. Hace algunos meses, uno de los magistrados, preguntado sobre su militancia partidaria, sostuvo con franqueza criolla: “Uno no se acuesta hereje y amanece monje”. Pareciera, sin embargo, que tal conversión se materializó. La mayoría suscribiría una sentencia en la que, refiriéndose a la voluntad de Riva-Agüero, se lee:

“A este prominente peruano no le asaltó la idea de si la Universidad estaría en manos de Jesuitas, Dominicos o Franciscanos; si encausaban su fe en la línea Opus Dei, del Padre de Andrea, Sodalicio u otros.
Él solo pensaba en la Jerarquía Católica, Apostólica y Romana, y punto.”

Con un dogmatismo religioso de este tipo (hasta por las mayúsculas) queda claro que el TC no es un órgano especializado en Derecho Civil. En su seno no existe ningún juez o asesor, que la comunidad jurídica reconozca como técnicamente competente para pronunciarse sobre el tema de actos jurídicos, legados y herencias. El conocimiento de los procesos que conciernen a la interpretación testamentaria corresponde a la justicia común. La discusión sobre los testamentos y sus alcances es inherente a la justicia civil a través de sus distintas jerarquías. El TC no podría pronunciarse acerca de la interpretación de las cláusulas testamentarias, más todavía cuando las causas se hallan en pleno proceso y ningún órgano judicial se ha manifestado sobre el fondo del asunto. El TC incumpliría, así, un elemental principio constitucional: el respeto a la pluralidad de instancias. Avocándose además el conocimiento de causas pendientes. Rompería, además, el principio del juez natural: un juez constitucional invadiría los ámbitos de un juez civil. Ojalá que la lucidez se apodere de los magistrados del TC y que se disponga que la causa por los testamentos de Riva-Agüero se siga ventilando ante jueces civiles especializados de cuyo ámbito nunca debió salir. De otro modo, las puertas de la justicia supranacional estarían simplemente franqueadas.

Estas declaraciones aparecen dentro de los argumentos de defensa del arzobispo y cardenal, monseñor Juan Luis Cipriani en el litigio que tiene con la PUCP. Pero, además, ya las habíamos escuchado en otras ocasiones, cuando por razones políticas cuestionaba a las autoridades, profesores y estudiantes de la PUCP.

Consideramos que el señor Rey está completamente equivocado y carece de un mínimo conocimiento sobre la realidad de una universidad y de información sobre el contenido de los términos que propiamente utiliza. Veamos por qué:
1. La PUCP es considerada por varios años consecutivos la primera universidad privada del Perú. Este título lo ha adquirido por su calidad en la enseñanza, en la investigación y en la proyección o responsabilidad social. El elemento que más destaca en esta calidad universitaria es la pluralidad de ideas y aportes, en sus distintas especialidades: desde las especialidades de humanidades hasta las especialidades de ciencias e ingeniería.

2. La “ideología anticristiana y anticatólica” es inconcebible en una universidad como la PUCP. Lo anticristiano y anticatólico se encontraría en actitudes homofóbicas, intolerantes y excluyentes, lo que justamente no se practica en la PUCP. He conocido de cerca el trabajo de proyección social en Derecho a través del programa PROSODE, donde justamente se práctica desde 1992 la ayuda a los excluidos de los servicios legales, a través de asesorías, capacitación y difusión legal con el apoyo de estudiantes y profesores en la forma cristiana y católica más objetiva y pública. Dicho programa no existe en ninguna universidad privada o nacional del Perú y son muy pocas las universidades del mundo que tienen programas semejantes.

3. Un “Centro de capacitación de la ideología marxista y de la “políticamente correcto”” es también inconcebible en la PUCP. ¿Qué es la ideología marxista? ¿Qué es la ideología “políticamente correcta”? Probablemente el señor Rey desconoce que Carlos Marx fue el autor más citado del siglo XX, y que producto de las crisis económicas mundiales de 2008 (EEUU) y de 2010 (Europa) comenzó a ser el autor más consultado por economistas y políticos en la búsqueda de soluciones. El marxismo es una corriente de opinión y como tal debe ser estudiada académicamente. No es ni puede ser una solución en sí a los problemas de economía política o Estado que caracterizan a países como el Perú. Pero, si pretendemos enfrentar a movimientos subversivos o “terroristas” como Sendero Luminoso o el abuso de las empresas transnacionales, o las protestas por conflictos socio-ambientales, debemos conocer qué es el marxismo. De lo contrario estaríamos limitados a soluciones parciales como han sido las acciones policiales y militares que caracterizan a los distintos gobiernos de turno.

Pero, tampoco se enseña marxismo en la PUCP, excepto uno o dos cursos que se comparten en la Facultad de Ciencias Sociales. Como estudiante de los años 80, quise conocer de marxismo y me atreví a llevar voluntariamente uno de esos cursos. Así, tuve la oportunidad de leer y analizar por capítulos la obra más importante de Marx: El Capital. Si bien mi carrera base fue derecho, a través del curso pude comprender cómo un autor de economía política, no sabiendo mucho de derecho, podía escribir tanto del mismo. Luego, cuando me tocó estudiar en universidades europeas pude confirmar qué importante era estudiar autores clásicos en las ciencias sociales como Marx, Weber y Durkheim.

En suma, no hay razón para creer que la PUCP es una casa de formación ideológica anticristiana y anticatólica y un centro de capacitación de ideología marxista. Por el contrario, lo que prima en la PUCP es el mejor ejemplo de prácticas cristianas y católicas y la mayor amplitud en la enseñanza de pensamientos ideológicos, como científicos, donde el marxismo es solo uno de muchos.

Lo que prima en la PUCP es el concepto de universidad: la unidad en una diversidad de pensamientos y conocimientos. Pero, lo más importante es que esta universidad se ha desarrollado, al lado de su identidad católica y cristiana, con autonomía: con la participación y el aporte de profesores, estudiantes y trabajadores.

Lima, 13 de mayo del 2012

Los “buenos” procesos de negociación se basan en la construcción de confianza. Es más, salir de una abierta confrontación que ocasionó este conflicto requiere dar pasos en favor de entrar en una relación en ese sentido. Una regla básica en toda negociación es que aquello pactado vincula y debe respetarse, por eso es cuestionable que acordado un tema de semejante importancia se le retire unilateralmente del acuerdo sin mayor explicación y se indique que se tiene que aprobar un acuerdo (“que tengan el coraje de ir a la asamblea y tomar una decisión” dice el Cardenal). Esto afecta la confianza y habla mucho del tipo de relación entre las partes.

De otro lado, contar con este acuerdo nos lleva a un ejercicio clave de los procesos de negociación para saber si tenemos un buen acuerdo o, como dirían algunos, si la negociación ha sido “exitosa”. Una forma de saberlo es respondiendo las siguientes preguntas:

1. ¿De qué manera el acuerdo satisface los intereses y necesidades (al menos los más importantes) de la universidad, tanto aquellos de corto, mediano y largo plazo? Esta pregunta implica haber identificado y jerarquizado previamente intereses y necesidades.
2. ¿Cómo quedará la calidad de la relación entre la universidad y la Iglesia luego de pactarse este acuerdo?
3. ¿Cuán convencidas estarían las partes de afirmar que se sienten ambas ganadoras al suscribir este acuerdo?
4. ¿Es este el mejor acuerdo que se ha podido lograr a la luz de algún plan B que pudiera tener la PUCP ante el eventual escenario de un disenso? (Implica saber si la PUCP tiene un plan B)
5. ¿De qué manera se ha negociado este acuerdo? En otras palabras ¿ha sido justa, equitativa y simétrica para ambas partes?
6. ¿Cuán autosostenible es el acuerdo? Es decir, ¿será duradero, viable, aplicable y cumplible?

Adicionalmente, manifiesto dos preocupaciones:

1. Por un lado, tener que resolver un dilema que plantea la propuesta de acuerdo: o la adoptamos o retomamos la senda de la confrontación (jurídica al menos). ¿Es inevitable este dilema?
2. Tener la sensación que aquí existe una asimetría de poder que favorece a la Iglesia debido a que ella ha impuesto un deadline para llegar a un acuerdo, por haber entrado en una negociación condicionada por el dilema arriba citado, por el hecho que para el Cardenal se pueden retirar puntos acordados e igual aceptar la propuesta de acuerdo, y porque según indica en reciente entrevista en El Comercio (8/Abr/12) que él mantendrá una relación cordial con el Rector si ambos no manifiestan sus diferencias a los medios ¿Pero no es justamente lo que está haciendo él al dar estas declaraciones?

Creo que el impasse sobre los bienes de Riva-Aguero es una oportunidad para redefinir el proceso de negociación entre las partes, explicitando condiciones más claras sobre cómo queremos negociar (reglas, principios, objetivos, plazos, etc.) e introducir algunas propuestas que aseguren que se desarrolla un proceso justo, que satisfaga los intereses y necesidades más importantes de ambas partes y que al final les lleva a la conclusión que es el mejor acuerdo que se puede lograr.

Ayudaría también ser conscientes que de arribarse en algún momento a un acuerdo, las negociaciones entre las partes continuarán por cuanto acuerdos de esta naturaleza (donde coexisten valoraciones diversas) marcan el punto de partida de muchas discusiones ex post. No pensemos que este acuerdo resolverá todas las diferencias, éstas surgirán y lo adecuado sería prever los mecanismos de diálogo o negociación para administrarlos constructivamente al igual que mecanismos de solución de controversias en caso subsista el disenso.

Una de esas decisiones fue precisamente la incorporación temprana a la estructura de la Universidad de la función de Gran Canciller, señalando que las atribuciones de dicho cargo serían ejercidas por el Arzobispo de Lima. El Arzobispo de Lima, no como Arzobispo, autoridad jerárquica de la Iglesia, en la Universidad, sino como Gran Canciller de la Universidad, para ejercer la presidencia de honor de la institución. La fórmula, adoptada respondió a un acto de voluntad libremente concebido y ejecutado como una de las formas posibles de relación de buena voluntad con la Iglesia pensante, dentro de la universalidad de la búsqueda del saber humano. La institución entendió que la persona que mejor podía representar el pensamiento católico en sus valores nucleares sería la que ejerciera el Arzobispado de Lima. Los derechos consecuentes se derivan, pues, de la voluntad creadora de la Universidad y no de un derecho antecedente, pues la Universidad Católica, posteriormente Pontificia, no fue fundada por la autoridad eclesiástica sino por la voluntad privada. El derecho otorgado, no derivado de un acto declarativo que reconociera un derecho preexistente, sino de un acto constitutivo basado en la autonomía de la voluntad institucional, ha confirmado y solidificado, por el hecho mismo de su adopción, la autonomía universitaria de la PUCP, en tanto persona jurídica de derecho privado peruano y universidad peruana sujeta al derecho peruano, en territorio bajo la soberanía del Estado peruano. La incorporación invitaba a una participación tan amplia como el pensamiento inteligente y la buena voluntad de la Iglesia, pero no se sometía a la voluntad de ninguna estructura de poder externa, por más estimable que ella fuera. El solo pensamiento y la palabra pueden ser muy poderosos e influir en las decisiones de la estructura de gobierno, pero las decisiones formales de la autoridad de una institución distinta, tienen su propia génesis y sus propios caminos de validez. Autonomía es no dependencia, y participación no es dominio, aun en el campo canónico no dogmático. Estos asuntos han estado siempre en el núcleo mismo de la reflexión universitaria.

Hasta que sobrevino, pensémoslo así, un gigantesco malentendido, de orden político–administrativo y no doctrinario, por parte de la estructura del poder eclesiástico humano: malentendido claramente demostrado por el reconocimiento de los señores Obispos delegados de la Conferencia Episcopal Peruana («la significativa y noble tarea formativa −dicen− de la Pontificia Universidad Católica del Perú»), lo que constituye, en el fondo de las cosas, una rectificación frente al alud de ataques y excesos de todo orden que se desataron injustamente contra la PUCP, que todos conocemos y que ha reconocido el propio Arzobispo de Lima.

Una nueva etapa en el diálogo puede abrir las puertas a un futuro menos complicado y quizá más diáfano, para el que el borrador de acuerdo preexistente, ahora convertido en simple aproximación inicial, ha de entenderse como lo que es: un primer trazo tendiente a una conciliación de perspectivas, destinado per se a ser rectificado a la luz de los nuevos acontecimientos sobrevenidos y de nuevas ideas que puedan ser adoptadas por la Universidad a través de la Asamblea Universitaria, sin arriesgar futuros conflictos y sin comprometer controles externos que vayan más allá de auditorías tan transparentes como sea posible, con participación de la jerarquía eclesiástica, si se considera adecuada como garantía de ecuanimidad.

Creo que nunca nuestra comunidad universitaria ha estado más unida que ahora, en el convencimiento de nuestra autonomía y en la voluntad de seguir siendo católica y pontificia, dentro de la razonabilidad, el entendimiento y el respeto mutuos. De allí el debate encargado al Rector, en procura de una relación satisfactoria, coherente con los fines propios más elevados de quienes son, ´antes que nada Universidad´, la PUCP, y, ´antes que nada, entidad Católica´, la Iglesia, sin exclusividades que las haga incompatibles. Claro que hay diferentes énfasis en una comunidad pensante, pero eso no la escinde, como algunos quisieran entender. ¿El que no coincide totalmente conmigo está contra mí y yo contra él? En el espacio de muy pocos días estamos viviendo la etapa inicial de todo proceso de pensamiento crítico sobre posibles soluciones: a) comprender la nueva situación en que nos encontramos; b) analizar la única propuesta existente hasta el momento, el preacuerdo; y c) asumir un juicio crítico, pues para eso ha sido comunicado. Es perfectamente lógico que así haya sido y venga siéndolo: primero análisis y contrastación de lo que hay, lo evidentemente más urgente frente a un proceso que podía y puede tornarse en vertiginoso. Ahora debe abrirse una segunda etapa: ¿es posible encontrar otras formas alternativas de relación con la Iglesia? ¿Serían aceptadas por el Arzobispado? Racionalidad y esperanza se alimentan mutuamente. El esbozo original (cualquier acuerdo correspondía a la Asamblea), llegó hasta donde fue posible en la contrastación. Las dificultades nadie puede ponerlas en duda: la tarea encomendada al Rector era poco menos que una misión imposible, y ha trabajado con denuedo. Después de la ruptura por la otra parte, si el restablecimiento del diálogo se concretara, es razonable que la experiencia inmediata nos lleve integralmente a un nuevo proceso de acercamiento no constreñido por más plazos que los de la buena voluntad.

El asunto del desistimiento de las acciones y pretensiones de los juicios en que las circunstancias, y el absurdo jurídico irredento de algunos jueces, han envuelto a la Universidad, forma parte sine qua non de cualquier arreglo entre las partes. Arreglo que, como han declarado lo señores Obispos delegados de la Conferencia Episcopal, debe «ofrecer caminos de solución integral para los ansiados objetivos de paz que todos urgimos y anhelamos». Solución integral que no debiera reducirse a incluir todos los extremos del conflicto inmediato, sino fundamentalmente a apoyar lo que hay, y profundizar y girar hacia la colaboración en el estudio y el diálogo entre fe y razón, con todos sus supuestos y consecuencias. Amplitud de miras que en definitiva es lo que más importa o debe importar en el confuso mundo global de nuestros días, que navega a la deriva olvidando la verdad y enredándose en modos y procedimientos, frente al cual la Universidad tiene la facultad y el deber de profundizar criterios, orientar y proponer concepciones de ángulo abierto, que integren ideas y modelos, a los que todos, desde nuestras diferentes perspectivas, hemos de contribuir.

Lo que está en juego es el estatuto autónomo que la Universidad adoptó hace unos 40 años, bajo el rectorado del jesuita Felipe Mac Gregor. En este estatuto, la autoridad administrativa está en manos de profesores y estudiantes. Eso implica que los únicos intereses que priman necesariamente en ella y se ejecutan mediante sus órganos de gobierno son los de la calidad de la educación superior y de la investigación. La universidad honra sus raíces católicas con explícitas declaraciones de fines que están en los estatutos, pero eso no basta hoy a la jerarquía de la Iglesia, ellos quieren controlar también los medios para avanzar hacia esos fines; no les basta la fe, requieren obediencia instalada en el orden legal. La autonomía estatutaria consiste en que profesores y estudiantes, mediante sus representantes elegidos, gobiernen la Universidad y decidan la forma en que van a realizar los fines institucionales. Ese es el mandato principal de la Ley Universitaria peruana, hoy debilitada por las excepciones permitidas por un decreto de Fujimori todavía vigente. La Universidad, como organización de los estudiosos, es una autoridad autónoma para preservar la calidad académica dentro de sus aulas y centros de investigación. La Universidad no tiene dueño ni patrón, es una asociación profesional y educativa cuya libertad está protegida por la ley.

Establecer autoridades autónomas es uno de los mejores medios que se ha encontrado en el mundo moderno para preservar bienes comunes. Para esto es importante que los encargados de la autoridad autónoma tengan su identidad y su destino unidos al bien que protegen. Tiene que ser un hecho cierto que su vida será valorada, medida y pesada según la integridad con que han cuidado el bien común que se les encargó. Cuando esto es así, los miembros de una autoridad autónoma tienen buenos motivos para resistir a los intereses contrarios al bien común que tienen a su cuidado, sean intereses empresariales o populares, humanos o divinos. Si la Universidad es controlada por un patronato empresarial o religioso, entonces esos patrones, en un caso, la engordan para venderla, y en el otro, extirpan de ella (o podan al ras del suelo) la enseñanza y la investigación que vayan contra sus doctrinas. Por eso, en el mundo moderno, la academia se ha separado de la Iglesia, así como el Estado se ha separado de la Iglesia. La sociedad moderna está hecha de esferas de valor autónomas. Los profesores que no tenemos otra vida que la de la enseñanza y la investigación, no tenemos otro interés que hacer bien esto mismo. El gobierno se legitima cuando respalda la autoridad autónoma, porque se desprende de todo contubernio con intereses de parte.

Fue enaltecedor para la Iglesia aceptar el estatuto autónomo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyos rectores, elegidos y regulados por este estatuto, han sido confirmados por la jerarquía eclesial durante décadas, hasta que Cipriani empezó su ofensiva. Mientras la Iglesia siga siendo portadora de un mensaje moral, se abstendrá de imponerlo mediante el derecho de propiedad y de dominio administrativo. El pastor de almas que, para guiar a su grey, recurre a la coerción legal, al control de presupuestos y actividades, transacciones, nombramientos y puestos, ya no es un pastor de almas, es un propietario y un gobernante terrenal. Los sacerdotes fariseos estaban en una zona gris hasta que, liderados por Caifás, decidieron salir en la foto junto a Herodes y Pilatos. El portador de un mensaje moral comete autoengaño y traición a sí mismo cuando recurre a premios y castigos para hacerse aceptar. La amenaza de excomunión y la promesa del Cielo, cuando son usadas como medios para conseguir poder, son instrumentos tan torpes como el dinero y las armas.

¿Tan rápido hemos olvidado cómo hemos llegado a esto? La dominación consiste en acumular miedo hasta que se convierta en temor reverente. El temor ha surgido en algunos cuando se han sumado la infundada demanda del Cardenal Cipriani y la infundada demanda del Estado Pontificio. El miedo se ha transformado en temor cuando se ha creado la apariencia de que si la universidad no acata la interpretación arzobispal del testamento, interpretación que convierte al albacea en titular, tendrá que acatar la autoridad del Arzobispo de todos modos para satisfacer la otra demanda, que viene de Roma, de que la universidad cambie sus estatutos a favor del Arzobispo. Es una tenaza hecha de dos amenazas, es decir, de coerciones imaginarias, hipotéticas, fantásticas, pero que sumadas hacen un temor real. Se ha producido la ilusión temible de que, si la Universidad no cambia el estatuto, entonces Roma la declarará disuelta, con lo que se espera que unos magistrados peruanos establezcan la muerte legal del único heredero y los bienes del testamento pasen a ser administrados por el albacea, que es el mismo Arzobispo. Así es como se compone una tenaza efectiva con dos premisas falsas, para expoliar a la comunidad universitaria y someterla administrativamente a la jerarquía eclesial. Ahora se negocia con temor, y la solución más fácil es sacrificar el estatuto autónomo a cambio de que nos perdonen el supuesto lucro cesante de la Iglesia y las costas del juicio que se da por perdido. Pero Cipriani ya ha dado a entender que tampoco esto le satisface. ¿Por qué? Porque basta un principio de solución, un destello orientador en las tinieblas, para que el temor se disipe, para que escapemos a la tenaza y volvamos por nuestros derechos.

Falta decir que una buena parte del valor de la autonomía está en que impide la discriminación. Las leyes peruanas han evolucionado y ya no se permite la discriminación por sexo, religión, raza, opción sexual ni discapacidad en ninguna actividad pública ni privada. Un estatuto que reservara el cargo de rector para aquel que viva de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia sería discriminador y los ciudadanos estaríamos en la obligación de denunciarlo y combatirlo con medios judiciales. Hoy el Club Regatas ya no reserva a los varones el derecho de ser socios, y varios centros de entretenimiento han sido multados por discriminación racial. Con el tema del Magisterio, la Iglesia fomenta la discriminación en todos los ámbitos en que tiene influencia y la impone en los que controla estatutariamente. Las mujeres no pueden ser autoridades de la Iglesia, ni siquiera pueden ser clérigos. Recientemente se ha enfatizado que los católicos no pueden compartir los lugares de culto de otras religiones. Ahora resulta que los templos católicos excluyen físicamente a las personas que no viven de acuerdo al Magisterio. Así también pues, el rectorado, el corazón de la Universidad, donde se deciden los méritos de los docentes y el doctorado honoris causa, equivaldría a un templo católico; los divorciados, convivientes, gays, o simplemente no católicos lo profanarían con su presencia. Por eso, si la Universidad perdiera el estatuto autónomo, si la república académica muriera por mano propia o por pública ejecución judicial, entonces quedaría excluido del rectorado todo aquel que no fuera un católico cabal a los ojos de la jerarquía, pese a tener los méritos personales y académicos para ser rector, que no son pocos.

¿Cómo han llegado a ser necesarias estas aclaraciones a comienzos del siglo XXI? ¿Cómo es que los líderes empresariales y políticos contemplan impasibles la degradación cultural que pone en riesgo la autonomía universitaria? ¿Es tan amplia la influencia de los neoliberales, los mismos que pactaron con el régimen de Fujimori y Montesinos? ¿Acaso son mayoría quienes, para encubrir su fidelidad exclusiva al capital y a los medios de dominación, alimentan discursos de odio, de exclusión e intolerancia que simulan fidelidad a valores trascendentes? Hoy es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad proteger el estatuto autónomo de este bien viviente imprescindible para el desarrollo de la investigación y la calificación académica internacional del Perú. Escribo esto con profunda lástima, con el dolor que causa ver que quizás no es cierto aquello en que he creído desde muy joven. He creído con todas mis fuerzas que servir a la Humanidad es servir a Dios. Me queda pensar que, como lo ha recordado Umberto Eco en su novela, la rosa es más que el nombre de la rosa.

Asimismo, pensamos que es imprescindible contar con información clara y exacta sobre la situación actual de los procesos judiciales para poder evaluar adecuadamente los pros y los contras del mencionado pre-acuerdo. Conviene recordar, en esta difícil coyuntura, que por ser una universidad en la que nos sentimos comprometidos en formar ciudadanos libres que contribuyan al progreso del país, tenemos la obligación moral que nos impone nuestra historia y tradición, de no ceder ante escenarios legales adversos.

Así como es necesario fortalecer el frente judicial, lo es también recordar que no será la primera vez que la PUCP tenga que hacer valer sus derechos en condiciones adversas. Si tenemos razón en lo que reclamamos, habremos de luchar por ello. Sólo así podremos ser coherentes con la excelencia académica a la que aspiramos, y, sobre todo, con la formación en valores que promovemos.

Frente a la actual situación de la controversia con el Arzobispo de Lima por la modificación del estatuto incluida la administración de los bienes de la universidad, consideramos importante recordar y expresar lo siguiente:

1. En septiembre del año pasado la Asamblea Universitaria rechazó las pretensiones del Cardenal Cipriani de modificar los estatutos de la PUCP por considerar que vulneraban su autonomía. Entonces, se reafirmó el carácter católico de la PUCP, y se encargó al Rectorado propiciar espacios de diálogo con las autoridades eclesiásticas para buscar una solución integral al conflicto que respetara la autonomía universitaria. El rectorado llegó a un pre-acuerdo con el Arzobispado y lo expuso ante los diversos estamentos que componen la Asamblea Universitaria para obtener su eventual aprobación en el momento en que se lo ponga formalmente a votación. La semana siguiente el Cardenal Cipriani desconoció el pre-acuerdo alcanzado con el Rector y afirmó públicamente que la discusión sobre la herencia de Riva Agüero debe ser tratada independientemente de las modificaciones al estatuto. Este impasse generó la postergación indefinida del diálogo. Además, suscitó razonables dudas sobre la transparencia de la otra parte en la negociación.

2. Consideramos que el pre-acuerdo entre el Cardenal Cipriani y el equipo rectoral propone algunos puntos que colisionan con la autonomía universitaria e implican una concesión inadmisible ante las pretensiones de un sector de la Iglesia. Estos puntos son:

a.Elección del Rector y Vicerrectores (punto 2.1. del pre-acuerdo): incorporar en el estatuto el derecho del Gran Canciller a pronunciarse sobre la catolicidad de los candidatos a Rector y Vicerrector y sobre su fidelidad al Magisterio de la Iglesia es concederle un derecho al “veto moral”, lo que generaría una indeseable autocensura. Podría colisionar incluso con el derecho constitucional de mantener en reserva ideologías y creencias religiosas. Esto es totalmente distinto al requisito que contempla el estatuto actual de identificarse con los principios de la PUCP.
Asimismo, al establecer entre las atribuciones del Gran Canciller la de “recibir la profesión de fe del Rector y de los Vicerrectores para empezar a ejercer sus cargos” se está aceptando un derecho de veto estrictamente jurídico.

b. La Comisión Económica Especial (punto 2.2. del pre-acuerdo): su conformación (2 miembros de la Iglesia y un representante del Rector) es absolutamente desproporcionada, y, en los hechos, niega, contra toda evidencia jurídica, que los bienes sean propiedad de la PUCP. Si bien esta Comisión autorizará operaciones financieras de mayor envergadura y por tanto poco frecuentes (p.ej., venta del Centro Cultural, CC San Miguel, Centrum), son precisamente esas operaciones las que determinan el éxito o fracaso financiero de la universidad. Esa decisión debe estar en manos de la PUCP. Pero más importante aun es el sentido de la cesión de derechos implicada en la creación de una instancia mayoritariamente externa a la propia universidad, que podría tomar decisiones vinculantes.

c. La autorización de la Iglesia para modificar el estatuto si se “modifica en alguna forma la relación Iglesia-Universidad” (punto 2.3. del pre-acuerdo): Todo, o casi todo en esta universidad, tiene que ver con la Iglesia, y aunque no fuera así, siempre habrá una forma de alegar lo contrario.
Constituye pues un gravísimo riesgo de pérdida de autonomía: ¿quién decidirá si el cambio afecta o no la relación con la lglesia? Cualquier controversia al respecto nos sometería a un nuevo conflicto. Esta cláusula candado es un veto explícito e indeseable.

d. Concepto de educación (punto 2.6.6. del pre-acuerdo): la propuesta señala que la educación en la PUCP debe “integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos católicos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia, respetando la libertad de las consciencias”. De nuevo, ¿quién decidirá qué entender por principios morales y religiosos católicos?, ¿qué pasará cuando se debate o tan sólo se hable de algún tema sensible para la Iglesia en donde haya sentado ya su postura (aborto, eugenesia, planificación familiar, igualdad de género, etc.?), y por tanto quien tenga una opinión distinta se aleje del Magisterio actual de la Iglesia?

e. Obligación de la PUCP de tomar medidas legales y velar por el debido respeto a las autoridades eclesiásticas (punto 2.6.7. del pre-acuerdo). Esta cláusula contraviene el derecho de libre crítica que es esencial en una comunidad académica: una autoridad eclesiástica que no admite críticas ni comentarios se valdrá de esta cláusula. Las autoridades eclesiásticas tienen abogados que bien podrían reclamar judicialmente contra cualquier comentario que considerasen inadecuado.

f. La ambigüedad de diversos términos empleados y lo abierto de muchas cláusulas del pre-acuerdo no garantizan una interpretación que resguarde nuestra autonomía, y, en caso de conflicto, es de esperarse que, aprobadas las modificatorias al estatuto que propone el pre-acuerdo, las autoridades eclesiásticas tendrían potestad para imponer su punto de vista.

g. El pre-acuerdo le otorga derechos a la Iglesia en la Universidad (punto 2.3.) que desconocemos y que no están expresamente sancionados en el estatuto de la PUCP.

3. Finalmente, lo que está en juego es la supervivencia, en el Perú, de una institución académica de calidad que ha sido por muchos años un centro de pensamiento crítico y pluralista, que ha contribuido a la formación de la élite intelectual y política del país y que ha prestado valiosos servicios a su desarrollo. En su defensa, suscribimos este pronunciamiento y convocamos a la comunidad universitaria a expresar su adhesión.

Abril de 2012

Giovanna Aguilar
Ciro Alegría
Mariana Alvarado
Luis Andrade
Carlos Eduardo Aramburú
Laura Balbuena
María Paz Ballén
Martín Beaumont
Marcial Blondet
Jorge Bossio
Juan Fernando Bossio
Juan Carlos Callirgos
Federico Camino Macedo
Gisela Cánepa
José Canziani
Gerardo Castillo
Omar Cavero
Mariana Chu
Marta Cisneros
Karen Coral Rodriguez
Omar Coronel
Norma Correa
Rodolfo Cortegana
Jesús Cosamalón Aguilar
Alonso Cueto
Gerardo Damonte
Oscar Dancourt
Levy Del Aguila
Francesca Denegri
Carmen Díaz Bazo
Silvia Espinal
Alan Fairlie Reinoso
Jacqueline Fowks
Susana Frisancho
Pedro Francke
Fabricio Franco
Leisy Freitas
Norma Fuller
Cecilia Garavito
Luis García-Zapatero
Juan Gargurevich
Romina Gatti
Miguel Giusti
Rocío Gómez
Estrella Guerra
Victoria Guerrero Peirano
Johanna Hamann
Kathia Hanza
Narda Henríquez
Isabel Hidalgo
Natalia Iguiñiz
Lorena Izaguirre
Lupe Jara
Félix Jiménez
Farid Kahatt
Víctor J. Krebs
María Isabel La Rosa
Javier La Rosa Calle
Alejandro León Cannock
Rogelio Llerena
Sinesio López
Erich Daniel Luna
Omar Manky
Nelson Manrique
Betzabé Marciani Burgos
Cristina Mazzeo
Iván Meini
Sarah Moll
Mario Montalbetti
Yvan Montoya Vivanco
Fanny Muñoz
Isabel Murga
Héctor Omar Noejovich
Juan Luis Orrego
José Oscátegui
Eliana Otta
Daniel Parodi
Sergio Pavletich
María Angélica Pease
Roberto Pereira
Jorge Pérez Silva
Sonia Prager
Gonzalo Ramírez
Margarita Ramírez
Juan Reiser
Susana Reisz
Alvaro Rey de Castro
Cecilia Rivera
Guillermo Rochabrun
Eduardo Romero Dianderas
María Ana Rodríguez
Claudia Rosas
Abelardo Sánchez-León
Adriana Scaletti
Luis SimeJosé Tavera
Francesca Uccelli
María Eugenia Ulfe
Marcel Valcarcel
Jorge Luis Valdez
Héctor Velásquez
Tesania Velásquez
Victor Vich
Eduardo Villanueva Mansilla
Valeria Villarán
Carmen Zanelli
Virginia Zavala

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Jefes de práctica / instructores / pre-docentes
Susana Cabanillas
Bruno Giusti
Sebastián Muñoz-Najar Gálvez
Eduardo Salmón

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El antecedente de la “apelación por salto” lo encontramos en un caso que conviene citar previamente. Se trata del proceso de amparo iniciado por un trabajador despedido de una Municipalidad Distrital de Lima donde el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado su pedido (2004). Posteriormente, el Juez Constitucional ejecutor de la Sentencia del TC interpretó de manera diferente la parte resolutiva de dicha sentencia, produciendo que el trabajador inicie otro proceso de amparo que llegó hasta el TC nuevamente. A través de la sentencia de este segundo proceso de Amparo (denominado Amparo contra Amparo en la doctrina), el TC creó la institución de “Recurso de Apelación por salto a favor de la Ejecución de una Sentencia del TC” (Expediente Nº 004-2009-PA/TC) para evitar el largo segundo proceso de amparo reiniciada por el trabajador.

Siguiendo este antecedente podemos afirmar que la apelación por salto consiste en el recurso que una persona interpone contra una resolución de un Juez Constitucional en ejecución de sentencia para que, “saltando” la siguiente instancia, se recurra directamente al Tribunal Constitucional que resolverá en última instancia. Esta definición supone entender previamente que el proceso constitucional tiene normalmente tres “instancias”: dos instancias a nivel del Poder Judicial y una instancia ante el TC. En el Poder Judicial normalmente las dos instancias son: El Juez Constitucional de Primera Instancia, donde se inicia la demanda o pedido constitucional y se ejecuta la sentencia final, y la Sala Constitucional de la Corte Superior que, como Segunda Instancia, recibe en apelación los pedido de las partes del proceso luego que fuera resuelto en Primera Instancia.

La “apelación por salto” ocurre cuando la persona favorecida por una Sentencia del TC y estando en ejecución de sentencia recibe una resolución negativa del Juez Constitucional ejecutor (Primera Instancia), recurriendo en apelación directamente ante el TC (Tercera Instancia), “saltándose” la sala constitucional (Segunda Instancia). Este concepto procesal constitucional tiene 3 elementos o requisitos:
1. Se aplica cuando un proceso constitucional, como el Amparo, está en ejecución de sentencia luego de haber pasado por el proceso “regular” de las tres instancias previas.
2. El proceso constitucional previo debió tener sentencia final favorable del TC, a favor de la persona que inició la demanda o pedido constitucional.
3. Se busca proteger el Derecho Constitucional amparado en la sentencia final del TC. Para ello debe tenerse en cuenta tres nuevos elementos:
3.1. Existe un Derecho Constitucional que ha sido definido y amparado en la sentencia final del TC, el mismo que debe ser protegido, buscando volver a la situación anterior de la transgresión del Derecho.
3.2. Busca evitar la demora en la ejecución de la Sentencia del TC que declaró fundada la demanda o pedido constitucional. No hacerlo en la brevedad, puede afectar más el derecho constitucional invocado.
3.3. La razón por la que el juez ejecutor (de Primera Instancia) niega la ejecución de la sentencia del TC es porque no puede aplicar dicha sentencia por problemas de interpretación o precisión de la Sentencia de TC. Esto significa que el TC se constituye en un principal interesado para que se cumpla su sentencia.

Todos los elementos o requisitos destacados se aplican al caso del trabajador citado al inicio. El trabajador consiguió que su demanda de Amparo Laboral sea declarada Fundada por el TC y cuando su proceso estuvo en ejecución (Juez de Primera Instancia), surgieron dudas sobre el derecho de reposición del trabajador: si se reponía bajo locación de servicios o como trabajador permanente. El juez ejecutor resolvió que se trataba de locación de servicios, entonces el trabajador tenía todo el derecho de “apelar por salto” recurriendo directamente ante el TC.
¿Qué ocurre con el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)? ¿El proceso constitucional promovido esta vez por el Sr. Muñoz Cho contra la PUCP cumple con los requisitos para aplicar la “apelación por salto”? Creemos que no, por tres razones:

1) No se cumple con el requisito 2. El proceso de Amparo que sirve de fundamento al proceso iniciado por el Sr. Muñoz Cho no fue iniciado por él, sino por la PUCP. Se trata del proceso de amparo que inició la PUCP para defender su autonomía (2009). Pero este proceso constitucional tampoco tiene una sentencia favorable sino desestimatoria.
2) No se cumple el requisito 3. Al ser desestimada la demanda iniciada por la PUCP, no existe un derecho constitucional definido por proteger. En consecuencia, ni la PUCP ni el Señor Muñoz Cho tendrían sentencia por ejecutar ni resoluciones para “apelar por salto”. Tampoco hay urgencia ni posibilidad que el Juez ejecutor dude sobre la sentencia.
3) Si se aplica una “apelación por salto” en el caso de la PUCP, a pesar de no cumplir con dos de los tres requisitos, se estaría cometiendo una “anomalía” o “aberración” jurídica. Se actuaría contra la naturaleza jurídica de la institución creada: el recurso de “apelación por salto”. Pero también se abriría paso a una única explicación: la arbitrariedad contra el orden jurídico.

Los magistrados del TC han aceptado con fecha 6 de enero de 2012 (resolución de queja) el pedido de “apelación por salto” promovido por el Sr. Muñoz Cho en perjuicio de la PUCP. Esto significa que ya han desnaturalizado la institución o concepto creado de “apelación por salto”. Pero más grave aún será si es que emiten una resolución cuyo contenido sigue destruyendo la institución creada y el ordenamiento jurídico. En tal situación, nos encontraríamos ante una situación de desastre no solo legal sino constitucional que afectaría la propia institución del TC.

El problema central no es el de los juicios. Lo esencial es que el borrador de acuerdo contempla concesiones en la elección del rector, en el manejo de los recursos económicos de la universidad, en la evaluación de la “conducta católica” de acuerdo al magisterio de la Iglesia de los miembros de la PUCP, que vulneran la autonomía. Igualmente, la “cláusula candado” que concede un veto al Arzobispado sobre todo cambio en el estatuto, en lo que a su entender, tenga que ver con la relación iglesia-universidad. Se modificaría así el modelo de institución que según varios reportes y rankings extranjeros, nos ha convertido en la primera universidad del Perú.

Esa propuesta de acuerdo dividió a la comunidad universitaria. Hay quienes con buena fe consideraron que las concesiones podían ser aceptadas, si de una vez por todas se resolvían todas las diferencias con el Arzobispado. En ese sentido, mantener el carácter de Pontifica y Católica, era el objetivo, y había que hacer lo necesario para un acuerdo. Otros colegas y estudiantes, pensamos que estas concesiones no solo afectan la autonomía, sino la esencia del modelo de universidad construido.

Entendemos que el mandato de la Asamblea Universitaria del 23 de setiembre del 2011, no fue llegar a un acuerdo a cualquier costo. Tampoco el mantener el título de Pontificia y Católica a como de lugar. El mandato fue defender la autonomía de la Universidad y el modelo pluralista, democrático, de excelencia, que se ha construido en décadas. La unidad se debe forjar en torno a la defensa de la autonomía de esta gran institución, que está cercana a cumplir su primer centenario.

Se debe impulsar una estrategia integral de defensa de la universidad, donde el fortalecimiento del área legal sea uno de sus componentes, pero no el único. El equipo rectoral debe ser apoyado y retomar la defensa de la autonomía de nuestra universidad, reforzando los equipos que implementen la estrategia, convocando a los mejores cuadros internos y externos que la impulsen con éxito.

No está en juego solo una institución cuya propiedad quiere ser tomada, se busca acallar también un centro de pensamiento crítico en la búsqueda de la verdad y la producción de conocimiento. Un centro independiente de reflexión universal y aporte al desarrollo del país, que ha contribuido a formar la élite intelectual y política del Perú. Una institución comprometida con el desarrollo nacional, con la democracia, con los menos favorecidos.

En opinión del Premio Nobel Mario Vargas Llosa:

Entrevista a Mario Vargas Llosa

¿Cree que esa jerarquía eclesial pueda tomar la Universidad Católica? “No creo que vaya a ocurrir. La Universidad Católica es una universidad de católicos pero no de fanáticos; de católicos democráticos, abiertos, que piensan que el catolicismo puede coexistir con libertad de cátedra y con la libertad de opiniones. La defensa de la Universidad Católica nos interesa a todos los peruanos, porque la Universidad Católica es una gran universidad, es una de las pocas universidades que podemos llamar gran universidad a nivel internacional, sería terrible que el fanatismo y la intolerancia suprimieran toda esa diversidad intelectual”.

Nos parece que debemos reafirmar nuestros principios y dar la batalla en su defensa, hasta el final.

1. Manifestamos nuestro decidido respaldo al Rectorado en el diálogo que está sosteniendo con el Arzobispado de Lima en la búsqueda de un acuerdo que permita preservar el carácter de pontificia y católica, así como la debida autonomía de la Universidad.
2. Manifestamos nuestro deseo de que este diálogo conduzca a un acuerdo integral sobre la reforma de los Estatutos y la administración de los bienes de la Universidad, que permita una solución estable y de largo plazo a este asunto.

• Acosta Sullcahuaman, Julio Arnaldo
• Aguilar Velez, Rafael
• Alencastre Miranda, Jorge Hernan
• Alvarez Rojas, Miguel Angel
• Assureira Espinoza, Estela
• Atoche Díaz, Wilmer Jhonny
• Barrantes Peña, Enrique Jose
• Bartra Gardini, Gumercindo
• Berrocal Perez Albela, Jorge Alberto
• Blondet Saavedra, Jorge Marcial
• Brioso Lescano, Xavier Max
• Cabrera Vega, Félix Israel
• Cabrera Winkelried, Jose Hernan
• Carrera Soria, Willy Eduardo
• Chavez Muñoz, Pastor David
• Chirinos Garcia, Luis Ricardo
• Cisneros Arata, Victor
• Cornejo Sánchez, Christian Santos
• Cotaquispe Zevallos, Luis Orlando
• Cruz R. Juan
• Davalos Pinto, Jose Amadeo
• Dávila Ramón, Abraham
• Del Rosario Quinteros, Eduardo Raul
• Dextre Quijandria, Juan Carlos
• Dominguez Talavera, Iris Violeta
• Elias Giordano, Dante Angel
• Olcese Franzero, Manuel Alberto
• Ormachea Freyre, Fernando Enrique
• Ottazzi Pasino, Gianfranco
• Pillihuaman Zambrano, Adolfo
• Pow Sang Portillo, Jose Antonio
• Pratt Linares, Hugo Carlos Eduardo
• Quiun Wong, Daniel Roberto
• Ramírez Valdivia, Victoria Emperatriz
• Rau Alvarez, José Alan
• Reyes Soto, Juan Pedro
• Rios Alejos, Luis Esteban
• Rocca Espinoza, Salustiano Eduardo
• Rodriguez Hernandez, Jorge Antonio
• Rodriguez Valderrama, Paul Antonio
• Rosas Lizarraga, Blanca Silvia
• Rumiche Zapata, Francisco Aurelio
• Santa Cruz Hidalgo, Sandra Cecilia
• Silva Berrios, Wilson
• Silva Cardenas, Carlos Bernardino
• Solari Aguela, Felipe
• Fernández Fernández, Jorge Orlando
• Flores Espinoza, Donato Andres
• Flores Merino, Santiago Eleodoro
• Flores Molina, José Carlos
• Girón Medina, Víctor Sergio
• Giuffra Fontanes, Fernando A
• Gonzalez Alvarez, Miguel Domingo
• Guanira Erazo, Juan Miguel Angel
• Guzmán Córdova, Maribel Giovana
• Hadzich Marin, Miguel Angel
• Harman Infantes, Juan Carlos
• Heraud Perez, Jorge Arturo
• Hirsh Martínez, Layla
• Huapaya Huapaya, Cesar Antonio
• Huayta Socontaype, Freddy
• Ísmodes Cascón, Eduardo
• Kahhat Abedrabbo, Ramzy Francis
• Kato Ishizawa, Gustavo
• Khlebnikov -, Viktor
• Lazarte Gamero, Roberto
• Lean Sifuentes, Paul Pedro
• Madrid Ruiz, Ericka Patricia
• Mejia Puente, Miguel Hermogenes
• Montero Diaz, Gualberto Isaac
• Muñoz Pelaez, Juan Alejandro
• Solis Tovar, Jorge
• Sotomayor Moriano, Juan Javier
• Tafur Sotelo, Julio Cesar
• Tamashiro Higa, Javier
• Tarque Ruíz, Sabino Nicola
• Torrealva Davila, Daniel Enrique
• Torres Garcia, Fernando
• Tupia Anticona, Manuel Francisco
• Tupia Anticona, Walter Mariano
• Valverde Guzman, Quino Martin
• Vargas Florez, Jorge
• Vargas Neumann, Julio
• Velarde Criado, Luis Angelo
• Vilcahuaman Cajacuri, Luis Alberto
• Villa Garcia Medina, Gladys
• Yarleque Medina, Manuel Augusto
• Yepez Castillo, Herbert
• Zapata Del Rio, Claudia María Del Pilar
• Zavala Rosell, Guillermo Jose
• Zegarra Pellanne,  Jorge

Lima, 9 de abril de 2012