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El reconocimiento del Perú como país crisol de culturas desde la Constitución de 1979 y en la de 1993 como símbolo de la pluralidad étnica, complementado con la ratificación de tratados en Derechos Humanos y especialmente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha demostrado un cambio en la actitud estatal al considerar, en forma progresiva el origen étnico de la sociedad, no sólo en el aspecto lingüístico sino en sus costumbres y de la manera cómo las personas resuelven sus controversias. Basado en esta nueva filosofía, el derecho ha ido construyendo nuevos paradigmas que progresivamente garanticen el acercamiento de los derechos fundamentales a la persona, destacándose la libre disponibilidad y propiedad de sus tierras. Sin embargo, el descuido a esta labor tuitiva por parte del Estado ha dado origen a los conflictos sociales en los últimos años y con ello, se ha gestado la necesidad de plantearse nuevas estrategias de solución al registro de sus tierras ancestrales y un mayor involucramiento de los representantes de esas comunidades en el ámbito político, incluso, delineando de esta manera un ambiente de complementariedad entre sociedad y Estado.
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Como sostiene François Xavier Guerra (1994), una de las dificultades que afrontó el continente americano fue hallar dentro de ese confuso panorama de ruptura elementos que permitiese recrear un nuevo modelo político. La identidad remite a lo que un grupo considera ser y a lo que hace al mismo tiempo diferente de otros: Lo político, la pertenencia a una colectividad que posee un gobierno propio y lo cultural, como posesión de rasgos culturales específicos. (p. 96). En este ámbito, hay que señalar que no necesariamente las comunidades políticas correspondieron a las divisiones administrativas republicanas en las que ejercían autoridad antes a nombre de la corona y luego de la república, generándose fuerzas provenientes de la sociedad misma. Mientras que lo cultural se hallan las identidades locales de los pueblos, villas, ciudades, expresadas en ceremonias públicas. El pase al Estado decimonónico revelará la dificultad de generar un nuevo pacto fundador por el cual las etnias se incorporasen pacíficamente al nuevo marco político diseñado por la Constitución. En segundo lugar, proponemos una narrativa del trabajo relacionándolo con el pensamiento de Norberto Bobbio (2006) en La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, que nos permite conjugar dos posturas académicas: la de George Wilhelm Hegel, quien sostuvo la tesis de una historia lineal y continua impulsada por la noción de progreso, con diferentes estadios donde los pueblos han ido evolucionando en sus regímenes hasta concluir en una monarquía regulada por la Constitución que: ¿ es la puerta por donde el momento abstracto del Estado entra en la vida y en la realidad (p. 149). Instrumento político y más adelante jurídico que se ve fortalecido por la existencia de las instituciones que conforman la ¿sociedad civil¿, en cuyos ingredientes se hallan presentes la eticidad, loa moralidad, el elemento objetivo del derecho y la familia.
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El proyecto analiza el contexto, desde el nacimiento del Estado peruano considerando la retrospectiva a la herencia Indiana, para distinguir el gradual establecimiento de las funciones y normas que acompañaron al magistrado militar en actividad. Para ello, además vinculamos la administración de justicia con la Ordenanza de 1769 en materia castrense que podía involucrar asuntos civiles. La jurisdicción vinculada al aforismo de justicia dei capi, traducido como el aforismo de quien manda juzga, lo cual no fue cierto en todos los casos. En el desarrollo la investigación muestra que las funciones se gestaron no sólo de acuerdo al Instituto al cual pertenecía el oficial de armas sino que al derecho que asimilaba los quehaceres militares en forma indirecta. Lo cual podemos constar más adelante con la figura del abogado Auditor General y de Guerra. Notamos la influencia del liberalismo en el siglo XVIII con la expedición de las primeras ordenanzas militares durante el absolutismo y posteriormente la gestión del Estado de Derecho y su sometimiento al imperio de la ley, dentro de la cual se encontraba la organización de tribunales así como el derecho penal militar. Con ello destacamos la continuidad en las prácticas o costumbres de impartición de justicia conviviendo con la vigencia de la ley como norma suprema, para evitar el abuso de poder, contemplando la participación de los magistrados.
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La propuesta parte del establecimiento de esta institución atípica, en momento de debilidad del Estado peruano al no poder combatir los flagelos del terrorismo y de bandas organizadas. Se optó por esta respuesta mediática que si bien al inicio, contó con el beneplácito de la población, luego se tradujo en una preocupación ante la carencia de garantías procesales y constitucionales. Más aún, dicha inquietud se acentuó ante las denuncias contra el Estado peruano ante las organizaciones supranacionales provenientes de la Convención Americana de Derechos , que se encargaron de supervisar el proceso de recuperación del orden en el país, con sus respectivos costos. En el plano interno desde 1993, no sólo las organizaciones de Derechos Humanos levantaron su voz de protesta sino sectores minoritarios y algunos del oficialismo, sobre todo indpoendientes como el Doctor César Férnandez Arce en el Parlamento peruano planteaban su desactivación. Como toda situación de excepción, fuimos construyendo en la doctrina mecanismos mínimos de protección a los que se incorporaron nuevas tipologías en los procesos de habeas corpus en beneficios de los procesados. La experiencia ha demostrado que toda emergencia debe ser evaluada en su génesis para no repetir los excesos cometidos en aras de la defensa del Estado.
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Al establecerse el Estado peruano se produjo una reorganización, restando las funciones de la secretaria hispana: Gracia y Justicia, de acuerdo a la Constitución de 1812. Más adelante con la gestión de Simón Bolívar aparece el sector Justicia como secretaría y luego como ministerio. Hecho que podemos corroborar de la lectura de las Constituciones posteriores, siendo la norma primigenia el Decreto de 1° de junio de 1826 que estableció en su artículo 1° la Secretaría de Estado del Poder Supremo Ejecutivo, á (sic) saber: de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Desde entonces, en el devenir fueron varias las áreas de la administración que se incluyeron en este despacho o más tarde éste fue incorporado a otros: Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia y Negocios Eclesiásticos (1844-1852) y más adelante cuando recuperó su autonomía: Ministerio de Justicia, Instrucción y Beneficencia (1857-1905) hasta llegar al modelo que rige en la actualidad: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta explicación resulta conveniente considerar los aportes de aquellos personajes que han contribuido a la consolidación del sector Justicia bajo su influencia lograron darle otro giro a la gestión ministerial. A través de ellos podemos verificar la influencia del pensamiento occidental en el perfil institucional que ha irradiado en la administración pública. Por ello, resulta conveniente a través de la lectura de las Memorias del Ministerio de Justicia recuperar para el ámbito colectivo los logros de sus titulares en su respectiva gestión. Labor que otorga continuidad que no se limita a la presencia fáctica sino a marcar la trayectoria que sigue teniendo el Ministerio de Justicia. En este sentido, corresponderá al texto académico poner el énfasis en sus orígenes, la restructuración y el fortalecimiento de la vida institucional a través de la labor de los titulares de esta cartera.
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Transcurrían las décadas del siglo XIX y la ideología se disputaba primero entre monarquistas y republicanos, más adelante entre liberales y conservadores, tratando de sentar las bases del sistema político. Su pensamiento frente al fenómeno del primer militarismo y de los caudillos, motivó que se creasen mecanismos de control para debilitar su poder. Fue así que apareció en el escenario la institución del Consejo de Ministros, creada por la Constitución Política del Estado el 19 de octubre de 1856 y desarrollada en la Ley del 4 de diciembre del mismo año. Originaria del sistema parlamentario, la figura del Presidente del Consejo de Ministros fue introducida en la estructura del Poder Ejecutivo. A partir de entonces, este colegiado se convirtió en el brazo derecho del Presidente de la República para la consecución de tareas adscritas al Estado, conforme éste las fue incorporando en sus fines y roles.Muchas fueron las circunstancias que pusieron a prueba la labor de los gabinetes ministeriales, cuyos miembros provenían de la magistratura, el derecho, el clero, las fuerzas armadas, los sectores económicos y de la intelectualidad, a quienes les correspondió ser examinados y fiscalizados por el Congreso, en la posibilidad que sus actos pudiesen tener responsabilidad política. Desde aquellos años, este proceso se incorporó en el ejercicio del balance de poderes y de una democracia aún incipiente. El desarrollo del Estado peruano y la participación de los Presidentes del Consejo de Ministros como protagonistas e hijos de su tiempo, afianzaron la vida institucional, otorgándole un liderazgo en las labores gubernativas, tal como lo apreciaremos en el desarrollo de la presente obra.
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El proyecto tiene por finalidad establecer los puntos comunes entre estos tres representantes del liberalismo peruano , cuya presencia se relaciona con los períodos de nuestra vida nacional a través del pensamiento político que impactó en el derecho de la época así como en sus instituciones.
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El desarrollo de la política en el siglo XIX nos muestra el rol de los intelectuales, quienes examinaban los escollos que impedían la estabilidad política de entonces. De ahí que escogimos a tres intelectuales para analozar sus planteamientos y distinguir su participación en los sucesos de entonces.
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