En las últimas semanas, han llamado nuestra atención (y despertado nuestra preocupación) las imprecisiones jurídicas e inexactitudes que los voceros del arzobispo de Lima exponen a la opinión pública. Como parte de nuestra labor educativa, nos vemos en la obligación de hacer lo que sabemos hacer bien: dar algunas lecciones de Derecho.
Mira el primer video de la serie que presentaremos en los próximos con el Dr. Walter Albán, decano de la Facultad de Derecho y especialista en personas jurídicas.
Lección 1: ¿A quién pertenecen los bienes de la Universidad?
El pasado domingo 3 de abril, el abogado del Arzobispo de Lima, Natale Amprimo, publicó un artículo en el que acusó a nuestra casa de estudios de administrar incorrectamente el patrimonio que es de su propiedad, así como de no querer rendir cuentas ante ninguna instancia y de desacatar las disposiciones judiciales. Estas falsedades se suman a la gran lista de ataques que se pueden contar en la campaña para dañar la imagen de nuestra Universidad, que se ha iniciado hace ya varios meses, con la anuencia del cardenal Cipriani. Como siempre, la PUCP responde con argumentos sólidos a las acusaciones infundadas que se propalan.
Presentamos un breve resumen del estado actual de la controversia que mantiene nuestra Universidad y el Arzobispado de Lima. Descarga el documento también en PDF.
La Universidad Católica formula queja ante la Oficina de Control de la Magistratura por desempeño de magistradas de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima.
Ante los comunicados publicados los días 6 y 8 de julio del 2010 en respaldo del cardenal Juan Luis Cipriani, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) declara lo siguiente.
Desde el 2007, la PUCP mantiene una controversia legal con el Arzobispo de Lima en la que busca protegerse de la amenaza de injerencia externa que representan las exigencias indebidas de parte del Arzobispado. En los procesos que se siguen no solo está en juego el respeto a la voluntad expresada por José de la Riva-Agüero en sus testamentos, sino, también, el respeto a los derechos fundamentales a la propiedad y a la autonomía universitaria.
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