Con el fin de mantener a la comunidad universitaria constantemente informada, consideramos necesario precisar algunos detalles sobre la controversia legal que sigue la Universidad.
En primer lugar, que la inscripción en Registros Públicos de la Junta Administradora de la herencia de José de la Riva Agüero en 1958 confirma que la Universidad reconoce —como siempre lo ha hecho— la existencia de la Junta y las funciones que en los testamentos se le encargaron. Según los testamentos desde 1964 estas funciones no tienen que ver con la administración de los bienes que son propiedad absoluta de la PUCP.
Además, consideramos importante recordar que los acuerdos tomados por la Universidad con respecto a la Junta Administradora siempre se han realizado respetando las leyes. En este sentido, el acuerdo de 1994 —en el que se reconoció que los bienes de la PUCP debían ser administrados y dispuestos por la misma Universidad— fue tomado por unanimidad y contando con la participación del miembro designado por el Arzobispado (quien fuera nombrado por el entonces arzobispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Alzamora).
Finalmente, comunicamos que los litigios siguen su curso normal y que en ellos la postura de la Universidad se mantiene firme pues sus argumentos se fortalecen frente a los cada vez más evidentes intentos externos por decidir sobre bienes de gran valor económico que son propiedad absoluta de la Universidad.
Renovamos, pues, nuestra confianza en la Justicia peruana y reiteramos nuestra decisión de defender la autonomía universitaria en el marco del Estado de Derecho.
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