Recuento de los sucesos en torno a la propuesta de cambios al Estatuto de la PUCP.
El pasado mes de julio, nuestro rector, el Dr. Marcial Rubio, recibió una altisonante carta del arzobispo de Lima, monseñor Juan Luis Cipriani, que llevaba como anexo modificaciones al Estatuto enviadas al prelado de Lima por la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. Como correspondía, ante esta situación, el rector convocó a una Asamblea Universitaria extraordinaria para presentarle el documento, pues es el único órgano facultado para modificar el Estatuto de la PUCP.
Ese mismo día, mientras los miembros de la Asamblea Universitaria se reunían para conocer y discutir el documento de carácter reservado, diversos medios de comunicación ya hacían público el contenido del mismo y daban amplia cabida a los voceros políticos y a los representantes legales del arzobispo, quienes enfatizaban el supuesto carácter ineludible de las modificaciones y resaltaban que se trataba de una orden y no de una sugerencia por lo que, según ellos, no había posibilidad de diálogo alguno.
Desde ese momento, el tema de la adecuación del Estatuto de la PUCP a los requerimientos particulares de la Iglesia católica —asunto que por muchos años se ha tratado en un clima de respeto y reserva entre autoridades de la Universidad y de la Santa Sede— pasó a ser motivo de debate público y alcanzó primeras planas y largas entrevistas en televisión.
La atención que esto concitó en la opinión pública permitió que los voceros del arzobispo y el mismo cardenal Juan Luis Cipriani tuvieran un espacio para divulgar inexactitudes como que la Universidad fue fundada por el Arzobispado de Lima, que la PUCP le pertenece a la Iglesia por el hecho de ostentar el título honorífico de “Pontificia”, que podría ser disuelta, que no respeta la ley, entre muchas otras informaciones que carecen de fundamento pero que pretenden confundir a la opinión pública. Por supuesto, la campaña de desinformación desde los medios de comunicación allegados al Arzobispo incluyó ataques contra la Universidad y agravios constantes contra las autoridades, los profesores, los trabajadores y los estudiantes.
Ante ello, voceros de la Universidad, intelectuales, periodistas independientes, religiosos y connotados abogados se han visto obligados a desmentir y rectificar a los voceros del Arzobispado, sin pretender ser dueños de la verdad absoluta pero presentando argumentos sólidos y documentos que respaldan la posición de la Universidad.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Rectores, la Red Peruana de Universidades, las federaciones nacionales de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios, los estudiantes y trabajadores de la PUCP, así como personalidadespolíticas, académicas y del mundo de la cultura se han manifestado en respaldo de la Universidad por medio de comunicados eintervenciones públicas.
Lo cierto es que en estas semanas la comunidad universitaria se ha cohesionado fuertemente y la opinión pública en general ha tenido la oportunidad de ver la forma en que operan las fuerzas que pretenden limitar las libertades en la PUCP. Esto ha hecho que se muestren a favor de la defensa de la autonomía universitaria y la pluralidad al interior de la PUCP.
En esta coyuntura, no se debe perder de vista que la discusión actual por el Estatuto es solo parte de un largo proceso de diálogo que la PUCP mantiene con autoridades del Vaticano desde hace muchos años, diálogo que dio lugar al Estatuto que fue avalado por el cardenal Augusto Vargas Alzamora y se entrampó en 1999.
Asimismo, no se debe olvidar que el tono de disputa que este diálogo ha tomado en la actualidad tiene que ver con unaestrategia con la que se busca tomar el control de la PUCP, la cual tiene distintas vías: 1) presionar a las autoridades para realizar determinadas modificaciones en el Estatuto con el fin de tener control administrativo de la Universidad; y 2) forzar una interpretación de los testamentos de don José de la Riva-Agüero para lograr el control económico de la PUCP (motivo de diversos juicios en curso y que se seguirán desarrollando en el Poder Judicial y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Es en este contexto que la Asamblea Universitaria —integrada por representantes de profesores y estudiantes elegidos democráticamente y conforme a la Ley Universitaria— formó el pasado 19 de agosto una comisión que presentará un informe sobre el pedido transmitido por el Arzobispo de Lima. Tras conocer este informe el máximo órgano de gobierno de la PUCP decidirá la respuesta de la Universidad al arzobispo de Lima ante las imposiciones que el mismo cardenal llamó “necesarias e insustituibles”.
Ya por medio del acuerdo del 19 de agosto la Asamblea expresó su respaldo al modelo actual de la PUCP plasmado en su Estatuto, su compromiso con la libertad académica y la pluralidad, su voluntad de preservar la autonomía universitaria y el derecho a la propiedad privada, su voto de respaldo a la conducción que viene dando el Rectorado en este tema y la reafirmación de la identidad católica de nuestra casa de estudio.
La comunidad confía en que se seguirá actuando en defensa de los derechos y las libertades universitarias, y respetando la Constitución y la legislación peruana que rigen a la PUCP desde que en 1917, con una profunda inspiración católica pero no como propiedad privada de la Iglesia, la fundaran Jorge Dintilhac SS.CC. y cinco laicos.
