Por Antonio Zapata. (La República, 25 de julio del 2012.)
La carta dirigida por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, al rector de la PUCP, doctor Marcial Rubio, ha sido publicada en la página web de la agencia de prensa de Sodalitium, Aciprensa. Esta carta expone con claridad la orientación del Vaticano con respecto a la Iglesia y la educación superior. El cardenal Bertone no solamente se dirige a la PUCP, sino a través de ella, cuestiona a todas las universidades peruanas que fueron fundadas por religiosos.
Según Bertone, después de 1967, la PUCP habría estado incurriendo en “cambios estatutarios ilegítimos”, que constituirían un “expolio” a las propiedades de la Iglesia. Pero, esas modificaciones al estatuto de la PUCP han sido efectuadas buscando su adecuación a la legislación peruana. Se trata de dos leyes, la primera fue promulgada por el gobierno del general Juan Velasco en 1969 y luego, en 1983, el segundo gobierno de Fernando Belaunde dio una nueva ley, que con modificaciones está vigente hasta hoy. Por ello, todos los cambios del estatuto de la PUCP han sido aceptados por la Asamblea Nacional de Rectores como correspondientes al orden legal nacional.
La orientación de ambas leyes ha sido clara en un punto esencial que cuestiona el Vaticano. ¿Quién nombra al rector? Según la legislación peruana, las autoridades universitarias son nombradas por la comunidad universitaria, a través de una asamblea en la cual todos los estamentos ocupan su lugar. Mientras que el Vaticano sostiene que el rector debe ser elegido por el arzobispo, o que debe tener una fuerte injerencia en su selección. No le han bastado los cambios sugeridos para que el perfil de los candidatos a rector garantice su comunión católica; en realidad, Roma desea colocar a la PUCP bajo la tutela de las autoridades de la Iglesia.
Por ello, constituye una interferencia con el sistema legal peruano. El Vaticano quiere que la PUCP se ponga al margen de la ley nacional y acepte regirse por la normatividad vigente en otro Estado. Sucede que el cardenal Bertone no sólo es una autoridad de la Iglesia, sino que además es Secretario de Estado; es decir, es ministro de un gobierno con el cual la República del Perú tiene acuerdos precisos y bien establecidos. Como todos sabemos, los Estados no pueden desconocer la legislación interna del otro Estado. En realidad, el cardenal-ministro niega la autonomía del Estado peruano para dictaminar las reglas de organización de su propio sistema universitario.
Asimismo, el cardenal sostiene que ello significa un “expolio” a la Iglesia; es decir, un robo. ¿Quién sería el ladrón? No puede ser otro que la comunidad universitaria, que de acuerdo a ley ha pasado a ser la dueña de las universidades y elige autónomamente a sus autoridades. Ahora preguntémonos ¿quién es la víctima de este robo? De acuerdo al cardenal, la Iglesia, puesto que toda universidad fundada por un religioso sería su propiedad permanente. Pero, si seguimos su lógica, el Estado es el agente activo del robo, ya que ha establecido las normas presentes en los estatutos de la PUCP que cuestiona Roma.
Por ejemplo, la Universidad San Martín de Porres fue fundada por la orden dominica. Igual que la PUCP, la USMP se ha adaptado a las leyes peruanas, a resulta de las cuales hoy en día su rector es el ex primer ministro Antonio Chang. De acuerdo al cardenal Bertone, la USMP debería volver a los religiosos. Lo mismo ha de ocurrir en el caso de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que es idéntico al de la PUCP y que ya soporta una arremetida de monseñor Del Río por capturarla.
Entonces, no estamos ante una situación que afecta exclusivamente a la PUCP. La carta del cardenal Bertone indica que el Vaticano quiere retrotraer las relaciones a la situación existente antes de Velasco, que todo lo que viene a continuación es un “expolio” a la Iglesia. La ofensiva es general y pretende colocar parte del sistema universitario bajo el imperio de una ley distinta a la peruana.
