Lee la columna completa: Catholic Universities

Ver en la revista Ideele, aquí.

En mi última columna recordé el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. En este, la Santa Sede aceptó en 1980, sin poner condición alguna, su sometimiento a la legislación peruana en cuanto a sus emprendimientos educativos privados. Esperé que se me desautorizara rápidamente por los voceros del Arzobispado que defienden otra posición en relación con la propiedad y el gobierno de la PUCP. Solo hubo silencio.

La única respuesta que recibí es ciertamente correcta, pero no cambia en nada el asunto de fondo. Es cierto que la ley que dio el dictador militar Velasco en 1969 para regular las universidades le reconocía una excepción exclusiva a la Universidad Católica. Se le permitió, para esa fecha, nombrar su rector de acuerdo con el estatuto vigente, el cual incluía al Arzobispado y a la Santa Sede en la decisión. Sin embargo, no excluyó a la PUCP del cumplimiento de ningún otro artículo de la ley y mucho menos el de someterse a la Asamblea como “máximo órgano de gobierno”. La PUCP en 1983, por mandato de la ley en tiempos de Belaúnde –a la que también se sometió la Iglesia al firmar el tratado–, nuevamente realizó una reforma estatutaria que trató de conciliar las disposiciones eclesiásticas con la ley peruana. Debo señalar que por un error consigné solo cuatro universidades privadas para 1969, cuando ya eran doce. Pero la primera universidad particular del Perú fue la PUCP, fundada en 1917. La experiencia nacional en educación superior privada no ha cumplido ni 100 años.

¿Qué es esta Asamblea, causa de las iras santas? El conjunto de profesores, alumnos y representantes de la Iglesia que disponga el estatuto. En el Perú las personas jurídicas se gobiernan a través de sus órganos de gobierno y en cumplimiento de sus estatutos, que vienen a ser su ley interna. Los estatutos definen el nombre, objeto, domicilio, órganos de gobierno, entre otros muchos detalles. En las asociaciones sin fines de lucro, y la PUCP es una, la Asamblea es la única que puede modificar el estatuto. Nadie ajeno a ella puede romper ese pacto social.

El mecanismo de asamblea no permite que una sola persona se haga “dueña” de una colectividad. Este es, creo, el problema central. Los representantes de Arzobispado quieren un poder único de gobierno universitario: el de la Iglesia a través de sus representantes. La PUCP, acogiéndose a la ley peruana, a la que está obligada, no puede, sin caer en la ilegalidad, aceptar esa posición. Tampoco lo puede hacer la Santa Sede porque aceptó someterse a la ley nacional. Por esa razón, el decreto que le quita el nombre a la PUCP no tiene efectos jurídicos en el Perú. Incluso la Cancillería podría protestar por un acto inamistoso de otro Estado que supone el desconocimiento de un tratado.

El genial Carlos Carlín creó un personaje que se llama “la señora Tozzo”, una elegante señora mayor que vive en San Isidro y está llenecita de prejuicios. Además de hacer reír a carcajadas al público por su absoluta desconexión con el país, grita, en medio de su monólogo, “¡Maldito Velasco!”. Su personaje, una caricatura de la realidad, se ha encarnado nuevamente en aquellos que no quieren aceptar que ya pasaron casi cuarenta años y que nuestro país, para bien o para mal, cambió y que, en su momento, ellos aceptaron esos cambios en un tratado.

Reproducimos el comunicado sobre la situación jurídica de nuestra Universidad, emitido por la Asamblea Nacional de Rectores, ente que rige, coordina y orienta las actividades universitarias del país.

COMUNICADO
SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PUCP

La Asamblea Nacional de Rectores, por acuerdo de los señores Rectores miembros de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, en su sesión extraordinaria de fecha 08 de agosto del presente, se dirige a la opinión pública a fin de efectuar las siguientes precisiones sobre la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP):

1. La PUCP es una universidad peruana que como persona jurídica de derecho privado se rige por la Constitución Peruana y el ordenamiento jurídico nacional.

2. La Constitución Peruana en su Art. 18º en su último párrafo establece que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Además, el Art. 4º de la Ley Universitaria señala que, la autonomía universitaria se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica el derecho de aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él y administrar sus bienes y rentas.

3. En cumplimiento de la Constitución y de la ley, la Asamblea Nacional de Rectores reconoce el funcionamiento de la PUCP que como universidad peruana integra el sistema universitario nacional, manteniendo intacta su autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria; y realiza legalmente las actividades propias de sus fines institucionales, entre las que se mencionan, a modo enunciativo las siguientes:

a. Ejercer el derecho a utilizar su actual denominación, reconocida en el artículo 97º de la Ley Universitaria e inscrita en el INDECOPI.
b. Prestar servicios educativos, ofrecer programas de educación continua, convocar a procesos de admisión y matricular a sus alumnos de pre y posgrado.
c. Otorgar grados y títulos en nombre de la Nación, los cuales seguirán siendo inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR conforme a la Ley N º 25064, los que cuentan con valor legal para el ejercicio profesional ante las entidades públicas y ante las personas naturales y jurídicas privadas.
d. Revalidad grados y títulos obtenidos en el extranjero.

4. El Rector de la PUCP como representante legal de la Universidad mantiene su estatus y prerrogativas de miembro del Pleno de Rectores de la ANR y de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, de acuerdo a Ley.

Surco, 09 de agosto del 2012

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

En un primer documento, el doctor Delgado Barreto, profesor principal del Departamento de Derecho, revisa la normatividad nacional referida a la autonomía universitaria y la legislación referida a las relaciones entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica. En este se destaca que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico”, según señala la constitución en el artículo 18.

En cuanto a las relaciones con la Santa Sede y la República Peruana, el especialista cita el Acuerdo suscrito entre ambas en 1980, donde se precisa que la Iglesia no está facultada en el Perú a obligar a una Universidad Nacional, que además es Pontificia y Católica, ir en contra de la autonomía universitaria.

Descarga el documento “La PUCP está regida por la Constitución nacional y las leyes de la República Peruana“.

El segundo análisis del doctor Delgado Barreto se refiere al Decreto de la Secretaría del Estado Vaticano. El abogado sostiene que el decreto carece de legitimidad por ser injusto, ya que desconoce la fidelidad de la PUCP al magisterio de la Iglesia y es ilegal por opornerse a lo expresado en un acuerdo internacional suscrito por la Santa Sede y la República del Perú.

Descarga el “Análisis del decreto de la Curia Romana que priva a la PUCP de su título de Pontificia y su condición de Católica“.

El 19 de julio de 1980, en los últimos días de la dictadura militar, se firmó en Lima el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. Su artículo 19 dice: “La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”. Hago notar que se le señala específicamente a la Iglesia un límite: someterse a la ley nacional. Mons. Mario Tagliaferri, Plenipotenciario de la Santa Sede, estampó su firma en este documento libre, voluntariamente y sin hacer excepción de las obligaciones que la Iglesia asumía frente al Estado peruano.

En esos días regía el decreto ley 17437, Ley Orgánica de la Universidad Peruana, que fuera promulgada el 18 de febrero de 1969 por el dictador Velasco. Esa norma reconocía dentro de su ámbito a las únicas cuatro universidades privadas existentes. La primera, la Universidad Católica. Las otras, Cayetano, Católica Santa María y Pacífico. La norma creó un sistema de gobierno común para las universidades públicas y privadas basado en una Asamblea como “máximo órgano de gobierno de la universidad”. Es decir, cuando se firmó el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano, el máximo órgano de gobierno de la PUCP, para la ley peruana, era su Asamblea. No el Papa ni, muchos menos, el arzobispo de Lima.

¿Fue esto una expoliación a la Iglesia? Es posible, en lo que se refiere al gobierno de la PUCP, pero lo cierto es que esta aceptó la situación al firmar el Acuerdo sin reclamo. Si no quería someterse a la ley peruana, la Iglesia no debió firmar o debió insistir en que los emprendimientos educativos universitarios católicos estaban sometidos a la jurisdicción de otro Estado. Curiosamente, en los últimos días, varios columnistas defensores de la posición del arzobispo de Lima han hecho cronologías para justificar el sometimiento de la PUCP a la legislación de la Santa Sede. Podrán ver que todas terminan en 1968 y ninguna menciona el texto del Acuerdo.

El sistema de gobierno por asamblea se mantuvo en la Ley 23733 aprobada en 1983 por el gobierno de Belaúnde. Esta ordenó una reforma estatutaria y elecciones en todas las universidades del país. Con muchas modificaciones, esta es la norma que se mantiene en esencia hasta hoy. Posteriormente, muchas universidades privadas fueron fundadas por órdenes religiosas u organizaciones católicas. La mayoría no adoptó el nombre de “católica” para poder organizarse con toda autonomía frente a la Santa Sede. Y nadie, sino fuera de mala fe, podría llamarlas “rebeldes al Papa”.

¿Es el régimen de asamblea la mejor forma de gobierno? El asunto disgustó mucho a miembros de la Iglesia en 1969. Desde ese entonces se estableció una situación de tensión entre la Santa Sede y la PUCP cuyos estatutos no se aprobaron por la primera a pesar de los esfuerzos de la segunda por dar prerrogativas estatutarias al arzobispo de Lima y a otros miembros del clero y posteriormente adaptarse, en lo que no sea incompatible con la ley peruana, a la Ex Corde Ecclesiae. Ningún esfuerzo le es reconocido hoy. Sin embargo, a la PUCP no le ha ido nada mal con el sistema de asamblea. 45 años después, medio gabinete, así como el Presidente y su esposa, son ex alumnos de la PUCP. Guste o no, es una de las mejores universidades del Perú y lo seguirá siendo mientras su esencia se conserve.

Pensé que no volvería a escribir sobre este asunto. Pensé que 23,000 estudiantes, 2,500 profesores y varios miles de trabajadores y egresados de la PUCP merecen respeto de todos como personas y como miembros de una comunidad que ha sabido ganar prestigio y reconocimiento dentro y fuera del país. Pensé que su modelo educativo, fundado en la tolerancia, la pluralidad y la inclusión, demostró más de una vez su contribución al desarrollo del Perú. Pensé que sus 10 facultades, 14 departamentos académicos, 2 estudios generales, 1 escuela de posgrado, 44 carreras, 117 maestrías, 16 doctorados y 121 diplomaturas eran evidencia suficiente de su compromiso con una formación universitaria de calidad. Pensé que 45 laboratorios, 17 centros e institutos de investigación, 50 libros publicados al año y 21 revistas académicas testimonian el esfuerzo de profesores y estudiantes peruanos por investigar y publicar con libertad y seriedad. Pensé que su presupuesto de 220 millones de dólares, su centro de idiomas, CENTRUM, un centro cultural y dos museos eran pruebas claras de que una institución nacional puede crecer y desarrollarse si hay honestidad y transparencia en la gestión.

También pensé que nadie estaría dispuesto a limitar hoy el debate, la crítica y la lectura en la vida universitaria, ni sentiría perplejidad alguna cuando ellos son ejercidos y fomentados. Pensé que la edad media había terminado. Pensé que la jerarquía de la iglesia peruana había comprendido el error de sus simpatías por el fujimorato y el poco favor que le hace servirse de voceros con pocas credenciales democráticas. Pensé que se había abandonado el miedo como medio de control. Pensé que todos los obispos eran pastores dedicados a cobijar, reunir y hermanar, antes que a expulsar y sancionar. Pensé que los bienes materiales no iban al cielo.

Hoy sé que para dos cardenales, Bertone y Cipriani, es todo lo contrario. Prohibir, controlar, limitar y sancionar son sus verbos de cabecera. La universidad peruana no merece cosas de este tipo. Dice Bertone: “No quiero por último dejar de manifestar también la perplejidad que recientemente han causado algunas iniciativas promovidas por esa universidad [la PUCP], tales como: los reconocimientos al Sr. Gregorio Peces-Barba y al Revdo P. Gastón Garatea Yori, SSCC y la programación de un ciclo de lecturas del libro ‘Teología de la liberación: perspectivas’ del P. Gustavo Gutiérrez, organizado por el centro de estudiantes de Humanidades…”. Intolerancia pura. Nada más alejado de la vida universitaria y de una actitud que fomente el conocimiento y el aprecio hacia dos peruanos y un español estimados por sus cualidades personales e intelectuales. De Cipriani, ya sabemos. No vale la pena citarlo. Para ellos, la edad media no ha terminado. Los bienes materiales sí van al cielo.

El Perú necesita paz, diálogo e inclusión. Las cosas buenas que tenemos hay que preservarlas y cuidarlas para que sean aún mejores. No pueden ser un botín. Eso hacían los piratas. Ah, por cierto, la edad medía terminó en el siglo XV luego de las cruzadas, la peste negra y el cisma de la Iglesia.

Ver en La República, aquí.

Vicerrectora de investigación afirma que el proceso de matrículas se desarrollan con normalidad y que los títulos universitarios se emitirán con normalidad.

“Estamos reconocidos por la ley peruana como Pontificia Universidad Católica del Perú y estamos autorizados por la ley universitaria y la ANR a emitir títulos como tal”, sostiene Vicerrectora.

Por Mirko Lauer. (La República, 3 de agosto del 2012.)

En el caso de la PUCP, para opinar sobre qué es lo que quiso disponer el testador José de la Riva Agüero, y así interpretar lealmente su voluntad, es indispensable tratar de conocer su personalidad, sus múltiples calidades intelectuales y los determinantes históricos familiares.

Cuando Riva Agüero decide sobre el futuro de sus bienes no cabe duda que ordena que estos bienes pasen a la cultura universitaria. Así, en dos primeros testamentos, el primero a la muerte de su madre, correlativo al del mismo día de su tía Rosa Julia y el segundo al llegar a Lima, los bienes son para su alma máter la Universidad de San Marcos, y cuando en el año 1933 vuelve a su antigua y abandonada fe, los bienes son para la Universidad Católica.

A esta última la titula su heredera absoluta, cualquiera que sea el nombre que lleve. Lo repite en su testamento de 1938 con el nombre de Heredera Principal. Riva Agüero sabía, por muchos antecedentes familiares, qué cosa se decide y ordena en los testamentos. Sabía también, por no haber herederos directos en su caso, qué cosa eran “Mandas y Legados” y quiénes deberían encargarse de cumplirlos.

Por eso cuando dice, “y para las mandas, legados, etc., constituyo como condición insustituible una Junta Perpetua formada por el Rector de la Universidad (que es además su heredera absoluta) y un delegado del Arzobispo”, la misión de esa junta, es cuidar del cumplimiento de las Mandas y Legados, entre los que están en el testamento de Madrid del año 1939, las mandas que no cumplieron los herederos de su tío José María Sancho Dávila, relativos a un Busto para un antepasado en España.

Por eso, no se puede negar que la propiedad absoluta de los bienes de Riva Agüero sea de la Universidad Católica, y que la obligación de cumplir con las mandas, legados, etc., fuera y fue la misión cumplida o no de la Junta Administradora Perpetua.

Sus testamentos, y por cierto sus mandatos fueron dictados bajo el régimen de la Ley Civil Peruana y no por las Normas Canónicas. Tan claro fue ese mandato que de no haber subsistido su “heredera” a los 20 años de su muerte, sus bienes habrían pasado a una fundación, la cual habría tenido que cumplir con “las Mandas y Legados” en forma perpetua. Querer interpretar de otro modo esa clara voluntad que la Universidad Católica ha cuidado de honrar es contradecir el mandato del Testador.

Además, como ha escrito Shoschana Zusman, “no parece que su intención haya sido darle a la Junta el tutelaje perpetuo sobre los bienes de la herencia porque tendría que haberlo dicho. Y, en ninguno de sus testamentos alude, directa o indirectamente, a ello. Aunque, ciertamente, tampoco pudo haberlo dicho porque, un jurista de su talla tenía que saber que, a diferencia del Derecho Medieval, que admitía limitaciones perpetuas a la propiedad, desde el siglo XVIII, el Derecho siente aversión por tales limitaciones, sencillamente, porque traban la circulación de la riqueza”.