Profesora receptora de la notificación enviada por la Comisión Interamericana explica por qué se presentó petición.

Abogado de la PUCP cuenta cómo se ha dado este proceso.

El señor Walter Muñoz Cho, designado por el Arzobispo de Lima ante la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva-Agüero, presentó al Tribunal Constitucional (TC) un escrito de desistimiento de la apelación por salto que había interpuesto hace casi dos años en contra de la Universidad. El 4 de setiembre, el TC ha publicado la resolución que acepta ese desistimiento.

Esto equivale a decir que el Arzobispado de Lima reconoce la validez de la resolución contra la que apeló en diciembre de 2011 y que, por tanto, también reconoce que la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en marzo de 2010, no es la última palabra de los jueces peruanos sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero. Corrige, así, una errónea afirmación que ha repetido insistentemente a lo largo de los tres últimos años.

La defensa jurídica de la Universidad se mantiene firme para garantizar la autonomía universitaria y la propiedad de los bienes que sirven para nuestras actividades académicas. Seguiremos informando a la comunidad universitaria de la evolución de los procesos judiciales sobre la materia.

Profesores receptores de la notificación comunican sobre trámite ante la CIDH.

A la comunidad universitaria:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que ha dado trámite a la petición presentada en setiembre de 2010 por miembros de la comunidad universitaria de la PUCP en contra de la sentencia emitida en marzo de 2010 por cuatro integrantes del Tribunal Constitucional en un proceso de amparo seguido por nuestra Universidad.

2. Dicha sentencia, como se ha demostrado ampliamente, afectó los derechos al debido proceso, a la educación —incluyendo la autonomía universitaria— a la libertad de cátedra, y a la no discriminación.

3. La CIDH ha decidido notificar nuestra petición al Estado peruano para que presente observaciones a su contenido en un plazo de tres meses. Al respecto, la comunidad universitaria hará sus mejores esfuerzos para favorecer una solución dentro de los términos mencionados en la notificación de la CIDH, resguardando los derechos de sus integrantes.

4. Esta notificación no es un prejuzgamiento sobre la situación existente, pero la apertura a trámite hace que el Estado deba informar sobre esa sentencia, cuestionada por nosotros, en virtud del Art. 205 de la Constitución Política.

Mantendremos informada a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de este trámite.

Marcial Rubio Correa
Rocío Villanueva Flores

Lima, 2 de setiembre de 2013

Las insistencias del Arzobispado de Lima contra la PUCP encontraron un nuevo freno en el Poder Judicial. El 19 Juzgado Civil de Lima rechazó pretensiones que ya habían sido denegadas en dos instancias judiciales. De este modo, otro juez ratifica que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida en marzo del 2010, no tiene validez para la interpretación del testamento de don José de la Riva-Agüero, pese a la porfía del Arzobispado.

El Arzobispado pretende que el Poder Judicial concluya anticipadamente el juicio sobre la interpretación del testamento, a cargo del 16 Juzgado Civil, y suscriba los argumentos de la cuestionada sentencia del TC. Como se sabe, el TC negó el amparo a la PUCP y, en su parte considerativa (argumentos), tomó una posición sobre el testamento similar a la del Arzobispado. Sin embargo, la parte considerativa de un fallo no constituye mandato. En este caso, simplemente declaró la improcedencia del pedido de amparo a la Universidad.

En abril de este año, el 16 Juzgado Civil de Lima denegó el pedido del Arzobispado para que el juicio sobre el testamento concluyera anticipadamente y suscribiera los argumentos del fallo del TC. El Arzobispado apeló esta decisión. En septiembre pasado, la Quinta Sala Civil de Lima rechazó la apelación. Es decir, dos instancias denegaron sus pretensiones.

Insistente, el Arzobispado presentó pedido de nulidad contra la resolución de septiembre. En octubre, en una nueva resolución, la Quinta Sala Civil rechazó este pedido de nulidad. El Arzobispado no podía apelar, impugnar o anular esta decisión en este proceso judicial.

Ante esto, decidió iniciar otro proceso desde la primera instancia. Esta vez, correspondió al 19 Juzgado Civil de Lima, que ha emitido la resolución 48, el último 16 de noviembre. En la misma, declara improcedente la solicitud que presentó Walter Muñoz, representante del Arzobispado. Más aún, le recuerda el artículo 139 de nuestra Constitución, que dice: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes”.

Por lo tanto, pese a la terca insistencia del Arzobispado, dos juzgados y una sala civil han emitido resoluciones en el mismo sentido: la sentencia que emitió el TC en marzo del 2010 no tiene efecto en la interpretación del testamento, asunto que está en litigio en el 16 Juzgado Civil. Este proceso, que está en sus inicios, continuará su curso correspondiente.

El Dr. Martín Mejorada nos explica la reciente resolución:

Sintética exposición de las razones por las que la cuestionadísima sentencia del TC (de abril del 2010)  no constituye un triunfo para el Arzobispo de Lima en la controversia legal que enfrenta con la PUCP, y que no se debe confundir con la polémica por el Estatuto Universitario..

Uno de los mitos más repetidos en los últimos meses es que la sentencia del TC favorece, de forma irrefutable, al Arzobispado en el conflicto que tiene desde hace más de 5 años con la PUCP. Se trata, es bueno resaltarlo, de un mito, pero de uno muy exitoso, pues a pesar de los esfuerzos de la Universidad y de las apariciones mediáticas de sus autoridades más de un periodista, político y/o líder de opinión está convencido de que el Arzobispado tiene la razón y que la justicia está de su lado tanto que, claro está, el TC ya resolvió a su favor.

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Aquí intento, humildemente, aportar mi granito de arena para derrumbar este mito ya que, además de ser falso, es la bandera que los enemigos de la PUCP airean de tanto en tanto para señalar que, contra todo pronóstico, dentro de muy poco tomarán el control de la Universidad y pondrán el orden que tanta falta le hace (si Juan, cómo no…).

1) “El TC ya le dio la razón al Arzobispado en el conflicto por la herencia de don José de la Riva Agüero”.
FALSO. El TC no le dio la razón al Arzobispado por la simple y sencilla razón de que no podía dársela. El proceso constitucional que inició la PUCP fue por la amenaza, inminente, a su derecho a la propiedad no por la herencia de don José de la Riva-Agüero. Que el TC se haya pronunciado sobre este punto no equivale a decir que le dieron la razón al Arzobispado como que el TC se excedió en sus funciones.

2) “El TC es el supremo intérprete de la Constitución y como tal su sentencia es indiscutible”.
FALSO. El TC es el supremo intérprete de la Constitución en el ámbito de sus competencias pero en el ámbito de las que no lo son —y claramente pronunciarse sobre un conflicto que se dirime ante el Poder Judicial no lo era—, no sólo no es competente sino que se encuentra subordinado a lo que sostengan los demás órganos jurisdiccionales.

3) “La PUCP no acepta que perdió el caso con el Arzobispado por la herencia de don José de la Riva Agüero”.
FALSO. La PUCP no ha perdido ese proceso porque el único que puede definir si lo ha perdido o no es el Poder Judicial y éste, al menos hasta el día de hoy, no se ha pronunciado al respecto.

4- “El análisis del TC es contundente. Lo más seguro es que el Poder Judicial actuará en consonancia con su sentencia”.
FALSO. El análisis del TC no sólo no es contundente sino que es vergonzoso. Se pronuncia de forma extra petita sin el menor respeto por el debido proceso y haciendo gala de una ignorancia supina en temas históricos, doctrinarios e, incluso, legales. Su impertinencia es tan grande que sus fuentes doctrinales más “serias” son: el procesalista conservador Jorge Peyrano y el, no menos radical, Couture. El TC en su sentencia se mete en la cabeza de don José de la Riva-Agüero y le hace decir cosas tan absurdas como que: el testamento es claro y debe haber una junta perpetua que administre sus bienes, las mismas que sin ser abogado cualquier lego que de verdad leyera la sentencia juraría que serán revocadas por la justicia ordinaria.

Dicho esto espero, sinceramente, que quienes afirman, como Ricardo Vásquez Kunze, que el TC le dio la razón al Arzobispado se lo piensen dos veces pues solo tendrían dos motivos para seguir afirmando lo mismo: o son bobos y carecen de entendimiento para leer, o son demasiado vivos y quieren a toda costa que las actuales autoridades de la Universidad se retiren de sus cargos para así mejor lucrar con el nombre y el prestigio de una institución que los sobrepasa de cabo a rabo.

Fuente: Blog La otra orilla.

Más información sobre la sentencia del TC:
Detallado análisis jurídico que demuestra irrefutablemente que la sentencia del TC no es imparcial, presenta numerosas inconsistencias, no respeta anteriores fallos del propio TC, invade la jurisdicción de otros fueros, entre otras deficiencias.

Mira además
- Declaraciones del Dr. Alberto Beingolea, congresista del Partido Popular Cristiano (PPC)
- Enrique Bernales, Fernando Vivas, Coqui Bruce, Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y otros destacados columnistas escriben sobre el caso de los Estatutos de la PUCP
- Autoridades PUCP explican en televisión la controversia con el Arzobispado
- Acuerdo de la Asamblea Universitaria de la PUCP

La primera, que el Cardenal Juan Luis Cipriani, contra lo que ha dicho una y otra vez, no trata de cumplir la “última voluntad” de José de la Riva-Agüero sino, más bien, apoderarse de todos los bienes de la Universidad. Las autoridades hemos dicho siempre la verdad ahora corroborada: este no es un problema de testamentos sino del interés del Cardenal por el patrimonio construido por la Universidad.

La inscripción de la mencionada sentencia en las partidas de nuestros bienes no es una “nueva sentencia” sino la consecuencia mecánica de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional hace catorce meses y cuya arbitrariedad y parcialidad ya hemos mostrado en el documento Apostillas a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Con esta inscripción, el Cardenal Juan Luis Cipriani muestra que tiene la intención de causar daño económico y financiero a la Universidad y se desenvuelve como un claro adversario de la institución. No guarda aprecio por el trabajo que, sumados todos, realizamos cerca de cien mil personas en la PUCP. Para él, la Universidad no somos personas que trabajamos, estudiamos e investigamos y necesitamos los bienes de nuestro patrimonio para ello. La Universidad, para el Cardenal Cipriani, es simplemente un conjunto de bienes valiosos que debe tomar bajo su control.

La inscripción que se ha realizado en las partidas de los bienes de la Universidad ha sido promovida por el Arzobispo con la finalidad de que, si deseáramos vender o hipotecar algún bien inmueble, el comprador o el prestamista se desanime de realizar la operación porque podría ser que la Junta Administradora de los bienes de Riva-Agüero no la aprobara. Con ello, el Cardenal Cipriani pretende “asfixiar” económicamente a la Universidad para así tomarla bajo su control.

El Cardenal Cipriani desconoce que la Universidad no funciona al crédito. Gracias a la administración prudente ejercida por las autoridades de todos los tiempos, la Universidad tiene una sólida posición patrimonial y presupuestaria: no necesita préstamos ni ventas para financiar su funcionamiento.

Desde hace más de doce años, el Cardenal Juan Luis Cipriani trata sin éxito de tomar el control de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una y otra vez anuncia noticias que, sin embargo, no lo han acercado en lo más mínimo a lograr sus propósitos. Las autoridades universitarias seguiremos defendiendo la autonomía y el patrimonio de la Universidad de estos ataques arbitrarios. Al respecto, es necesario recordar que el tema de fondo recién se está viendo en el fuero común, en el cual se debe dilucidar lo que dicen realmente los testamentos de Don José de la Riva-Agüero sobre la propiedad de los bienes heredados y las atribuciones de la Junta Administradora de sus bienes.

Como católicos, nos apena tener en el Arzobispado de Lima un pastor que, lejos de reunir a todos los católicos, nos divide incumpliendo lo esencial del mandato evangélico para la conducción de la Iglesia.

Lima, 30 de junio de 2011
Rectorado

El contexto

Como se recuerda, el pasado mes de febrero (durante las vacaciones judiciales), la 5ta Sala Civil de Lima dio a conocer una resolución por la cual equivocadamente disponía que se inscribiera la cuestionada sentencia del TC (emitida en marzo del 2010) en los registros públicos de las propiedades de la PUCP. Con ello, se buscaba que nuestra casa de estudios no pueda disponer libremente de ninguno de sus bienes.

Ante este atropello, producido además en circunstancias bastante irregulares, la PUCP decidió:

1) Denunciar ante la ODECMA—órgano que es parte del sistema de la OCMA— a las vocales Doris Mirtha Céspedes Cabala y María del Carmen Gallardo Neyra (de la 5ta Sala Civil de Lima) pues existían claros indicios de irregularidades que habrían afectado su independencia e imparcialidad. Esta queja fue admitida el 16 de marzo y ha permitido que las juezas en mención sean investigadas. (ver más detalles sobre este tema aquí).

2) Presentar una demanda de amparo para evitar que la irregular resolución de la 5ta Sala Civil afecte los derechos fundamentales de la Universidad. Esta es la demanda que acaba de ser admitida e iniciará su trámite regular en el Poder Judicial.

Con estas dos admisiones (la de la denuncia ante la OCMA y la de la demanda de amparo) la Universidad avanza en la defensa de sus derechos frente a los intentos de injerencia externa. Estas se suman a otros avances recientes, como ha sido, por ejemplo, el rechazo del Poder Judicial al intento del Arzobispado de concluir prematuramente el juicio de interpretación de los testamentos por los cuales José de la Riva-Agüero heredó sus bienes a la PUCP.

La larga historia que ha llevado a esta demanda

Luego de que en marzo del 2010 el Tribunal Constitucional emitiera una inconsistente sentencia en la que declaraba improcedente un pedido de protección de la PUCP y se pronunciaba sobre materias que invadían la jurisdicción de otros fueros, los abogados del Arzobispado buscaron que este insólito fallo del TC fuera inscrito en el registro de todos los bienes de la PUCP (no solo los de la herencia), con la intención de que nuestra casa de estudios no pueda disponer libremente de sus propiedades.

Si bien este pedido del Arzobispado fue rechazado en primera instancia, irregulares circunstancias ocurridas en la 5ta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, llevaron a que, finalmente, dos de las vocales de la sala (Doris Mirtha Céspedes Cabala y María del Carmen Gallardo Neyra) resolvieran que la polémica sentencia del TC sí debía inscribirse en los bienes de la herencia.

Ante esta situación, la PUCP se ha visto en la necesidad de presentar una queja formal ante la ODECMA de Lima y de formular una demanda de amparo ante la 9no Juzgado Constitucional de Lima.

Más detalles sobre las irregularidades de la 5ta Sala civil de Lima

• Lee el artículo “ODECMA admite denuncia de la PUCP e investigará a juezas por irregularidades en proceso con el Arzobispado”.
• Mira el video: “La resolución de la 5ta sala afecta el derecho al debido proceso de manera grave” (entrevista al Dr. Giovanni Priori)