Lee la columna completa: Catholic Universities

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En mi última columna recordé el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. En este, la Santa Sede aceptó en 1980, sin poner condición alguna, su sometimiento a la legislación peruana en cuanto a sus emprendimientos educativos privados. Esperé que se me desautorizara rápidamente por los voceros del Arzobispado que defienden otra posición en relación con la propiedad y el gobierno de la PUCP. Solo hubo silencio.

La única respuesta que recibí es ciertamente correcta, pero no cambia en nada el asunto de fondo. Es cierto que la ley que dio el dictador militar Velasco en 1969 para regular las universidades le reconocía una excepción exclusiva a la Universidad Católica. Se le permitió, para esa fecha, nombrar su rector de acuerdo con el estatuto vigente, el cual incluía al Arzobispado y a la Santa Sede en la decisión. Sin embargo, no excluyó a la PUCP del cumplimiento de ningún otro artículo de la ley y mucho menos el de someterse a la Asamblea como “máximo órgano de gobierno”. La PUCP en 1983, por mandato de la ley en tiempos de Belaúnde –a la que también se sometió la Iglesia al firmar el tratado–, nuevamente realizó una reforma estatutaria que trató de conciliar las disposiciones eclesiásticas con la ley peruana. Debo señalar que por un error consigné solo cuatro universidades privadas para 1969, cuando ya eran doce. Pero la primera universidad particular del Perú fue la PUCP, fundada en 1917. La experiencia nacional en educación superior privada no ha cumplido ni 100 años.

¿Qué es esta Asamblea, causa de las iras santas? El conjunto de profesores, alumnos y representantes de la Iglesia que disponga el estatuto. En el Perú las personas jurídicas se gobiernan a través de sus órganos de gobierno y en cumplimiento de sus estatutos, que vienen a ser su ley interna. Los estatutos definen el nombre, objeto, domicilio, órganos de gobierno, entre otros muchos detalles. En las asociaciones sin fines de lucro, y la PUCP es una, la Asamblea es la única que puede modificar el estatuto. Nadie ajeno a ella puede romper ese pacto social.

El mecanismo de asamblea no permite que una sola persona se haga “dueña” de una colectividad. Este es, creo, el problema central. Los representantes de Arzobispado quieren un poder único de gobierno universitario: el de la Iglesia a través de sus representantes. La PUCP, acogiéndose a la ley peruana, a la que está obligada, no puede, sin caer en la ilegalidad, aceptar esa posición. Tampoco lo puede hacer la Santa Sede porque aceptó someterse a la ley nacional. Por esa razón, el decreto que le quita el nombre a la PUCP no tiene efectos jurídicos en el Perú. Incluso la Cancillería podría protestar por un acto inamistoso de otro Estado que supone el desconocimiento de un tratado.

El genial Carlos Carlín creó un personaje que se llama “la señora Tozzo”, una elegante señora mayor que vive en San Isidro y está llenecita de prejuicios. Además de hacer reír a carcajadas al público por su absoluta desconexión con el país, grita, en medio de su monólogo, “¡Maldito Velasco!”. Su personaje, una caricatura de la realidad, se ha encarnado nuevamente en aquellos que no quieren aceptar que ya pasaron casi cuarenta años y que nuestro país, para bien o para mal, cambió y que, en su momento, ellos aceptaron esos cambios en un tratado.

Reproducimos el comunicado sobre la situación jurídica de nuestra Universidad, emitido por la Asamblea Nacional de Rectores, ente que rige, coordina y orienta las actividades universitarias del país.

COMUNICADO
SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PUCP

La Asamblea Nacional de Rectores, por acuerdo de los señores Rectores miembros de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, en su sesión extraordinaria de fecha 08 de agosto del presente, se dirige a la opinión pública a fin de efectuar las siguientes precisiones sobre la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP):

1. La PUCP es una universidad peruana que como persona jurídica de derecho privado se rige por la Constitución Peruana y el ordenamiento jurídico nacional.

2. La Constitución Peruana en su Art. 18º en su último párrafo establece que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Además, el Art. 4º de la Ley Universitaria señala que, la autonomía universitaria se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica el derecho de aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él y administrar sus bienes y rentas.

3. En cumplimiento de la Constitución y de la ley, la Asamblea Nacional de Rectores reconoce el funcionamiento de la PUCP que como universidad peruana integra el sistema universitario nacional, manteniendo intacta su autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria; y realiza legalmente las actividades propias de sus fines institucionales, entre las que se mencionan, a modo enunciativo las siguientes:

a. Ejercer el derecho a utilizar su actual denominación, reconocida en el artículo 97º de la Ley Universitaria e inscrita en el INDECOPI.
b. Prestar servicios educativos, ofrecer programas de educación continua, convocar a procesos de admisión y matricular a sus alumnos de pre y posgrado.
c. Otorgar grados y títulos en nombre de la Nación, los cuales seguirán siendo inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR conforme a la Ley N º 25064, los que cuentan con valor legal para el ejercicio profesional ante las entidades públicas y ante las personas naturales y jurídicas privadas.
d. Revalidad grados y títulos obtenidos en el extranjero.

4. El Rector de la PUCP como representante legal de la Universidad mantiene su estatus y prerrogativas de miembro del Pleno de Rectores de la ANR y de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, de acuerdo a Ley.

Surco, 09 de agosto del 2012

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

En un primer documento, el doctor Delgado Barreto, profesor principal del Departamento de Derecho, revisa la normatividad nacional referida a la autonomía universitaria y la legislación referida a las relaciones entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica. En este se destaca que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico”, según señala la constitución en el artículo 18.

En cuanto a las relaciones con la Santa Sede y la República Peruana, el especialista cita el Acuerdo suscrito entre ambas en 1980, donde se precisa que la Iglesia no está facultada en el Perú a obligar a una Universidad Nacional, que además es Pontificia y Católica, ir en contra de la autonomía universitaria.

Descarga el documento “La PUCP está regida por la Constitución nacional y las leyes de la República Peruana“.

El segundo análisis del doctor Delgado Barreto se refiere al Decreto de la Secretaría del Estado Vaticano. El abogado sostiene que el decreto carece de legitimidad por ser injusto, ya que desconoce la fidelidad de la PUCP al magisterio de la Iglesia y es ilegal por opornerse a lo expresado en un acuerdo internacional suscrito por la Santa Sede y la República del Perú.

Descarga el “Análisis del decreto de la Curia Romana que priva a la PUCP de su título de Pontificia y su condición de Católica“.

El 19 de julio de 1980, en los últimos días de la dictadura militar, se firmó en Lima el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. Su artículo 19 dice: “La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”. Hago notar que se le señala específicamente a la Iglesia un límite: someterse a la ley nacional. Mons. Mario Tagliaferri, Plenipotenciario de la Santa Sede, estampó su firma en este documento libre, voluntariamente y sin hacer excepción de las obligaciones que la Iglesia asumía frente al Estado peruano.

En esos días regía el decreto ley 17437, Ley Orgánica de la Universidad Peruana, que fuera promulgada el 18 de febrero de 1969 por el dictador Velasco. Esa norma reconocía dentro de su ámbito a las únicas cuatro universidades privadas existentes. La primera, la Universidad Católica. Las otras, Cayetano, Católica Santa María y Pacífico. La norma creó un sistema de gobierno común para las universidades públicas y privadas basado en una Asamblea como “máximo órgano de gobierno de la universidad”. Es decir, cuando se firmó el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano, el máximo órgano de gobierno de la PUCP, para la ley peruana, era su Asamblea. No el Papa ni, muchos menos, el arzobispo de Lima.

¿Fue esto una expoliación a la Iglesia? Es posible, en lo que se refiere al gobierno de la PUCP, pero lo cierto es que esta aceptó la situación al firmar el Acuerdo sin reclamo. Si no quería someterse a la ley peruana, la Iglesia no debió firmar o debió insistir en que los emprendimientos educativos universitarios católicos estaban sometidos a la jurisdicción de otro Estado. Curiosamente, en los últimos días, varios columnistas defensores de la posición del arzobispo de Lima han hecho cronologías para justificar el sometimiento de la PUCP a la legislación de la Santa Sede. Podrán ver que todas terminan en 1968 y ninguna menciona el texto del Acuerdo.

El sistema de gobierno por asamblea se mantuvo en la Ley 23733 aprobada en 1983 por el gobierno de Belaúnde. Esta ordenó una reforma estatutaria y elecciones en todas las universidades del país. Con muchas modificaciones, esta es la norma que se mantiene en esencia hasta hoy. Posteriormente, muchas universidades privadas fueron fundadas por órdenes religiosas u organizaciones católicas. La mayoría no adoptó el nombre de “católica” para poder organizarse con toda autonomía frente a la Santa Sede. Y nadie, sino fuera de mala fe, podría llamarlas “rebeldes al Papa”.

¿Es el régimen de asamblea la mejor forma de gobierno? El asunto disgustó mucho a miembros de la Iglesia en 1969. Desde ese entonces se estableció una situación de tensión entre la Santa Sede y la PUCP cuyos estatutos no se aprobaron por la primera a pesar de los esfuerzos de la segunda por dar prerrogativas estatutarias al arzobispo de Lima y a otros miembros del clero y posteriormente adaptarse, en lo que no sea incompatible con la ley peruana, a la Ex Corde Ecclesiae. Ningún esfuerzo le es reconocido hoy. Sin embargo, a la PUCP no le ha ido nada mal con el sistema de asamblea. 45 años después, medio gabinete, así como el Presidente y su esposa, son ex alumnos de la PUCP. Guste o no, es una de las mejores universidades del Perú y lo seguirá siendo mientras su esencia se conserve.

Pensé que no volvería a escribir sobre este asunto. Pensé que 23,000 estudiantes, 2,500 profesores y varios miles de trabajadores y egresados de la PUCP merecen respeto de todos como personas y como miembros de una comunidad que ha sabido ganar prestigio y reconocimiento dentro y fuera del país. Pensé que su modelo educativo, fundado en la tolerancia, la pluralidad y la inclusión, demostró más de una vez su contribución al desarrollo del Perú. Pensé que sus 10 facultades, 14 departamentos académicos, 2 estudios generales, 1 escuela de posgrado, 44 carreras, 117 maestrías, 16 doctorados y 121 diplomaturas eran evidencia suficiente de su compromiso con una formación universitaria de calidad. Pensé que 45 laboratorios, 17 centros e institutos de investigación, 50 libros publicados al año y 21 revistas académicas testimonian el esfuerzo de profesores y estudiantes peruanos por investigar y publicar con libertad y seriedad. Pensé que su presupuesto de 220 millones de dólares, su centro de idiomas, CENTRUM, un centro cultural y dos museos eran pruebas claras de que una institución nacional puede crecer y desarrollarse si hay honestidad y transparencia en la gestión.

También pensé que nadie estaría dispuesto a limitar hoy el debate, la crítica y la lectura en la vida universitaria, ni sentiría perplejidad alguna cuando ellos son ejercidos y fomentados. Pensé que la edad media había terminado. Pensé que la jerarquía de la iglesia peruana había comprendido el error de sus simpatías por el fujimorato y el poco favor que le hace servirse de voceros con pocas credenciales democráticas. Pensé que se había abandonado el miedo como medio de control. Pensé que todos los obispos eran pastores dedicados a cobijar, reunir y hermanar, antes que a expulsar y sancionar. Pensé que los bienes materiales no iban al cielo.

Hoy sé que para dos cardenales, Bertone y Cipriani, es todo lo contrario. Prohibir, controlar, limitar y sancionar son sus verbos de cabecera. La universidad peruana no merece cosas de este tipo. Dice Bertone: “No quiero por último dejar de manifestar también la perplejidad que recientemente han causado algunas iniciativas promovidas por esa universidad [la PUCP], tales como: los reconocimientos al Sr. Gregorio Peces-Barba y al Revdo P. Gastón Garatea Yori, SSCC y la programación de un ciclo de lecturas del libro ‘Teología de la liberación: perspectivas’ del P. Gustavo Gutiérrez, organizado por el centro de estudiantes de Humanidades…”. Intolerancia pura. Nada más alejado de la vida universitaria y de una actitud que fomente el conocimiento y el aprecio hacia dos peruanos y un español estimados por sus cualidades personales e intelectuales. De Cipriani, ya sabemos. No vale la pena citarlo. Para ellos, la edad media no ha terminado. Los bienes materiales sí van al cielo.

El Perú necesita paz, diálogo e inclusión. Las cosas buenas que tenemos hay que preservarlas y cuidarlas para que sean aún mejores. No pueden ser un botín. Eso hacían los piratas. Ah, por cierto, la edad medía terminó en el siglo XV luego de las cruzadas, la peste negra y el cisma de la Iglesia.

Ver en La República, aquí.

Vicerrectora de investigación afirma que el proceso de matrículas se desarrollan con normalidad y que los títulos universitarios se emitirán con normalidad.

“Estamos reconocidos por la ley peruana como Pontificia Universidad Católica del Perú y estamos autorizados por la ley universitaria y la ANR a emitir títulos como tal”, sostiene Vicerrectora.

Una serie de crímenes ocurren en una truculenta abadía en el siglo XIV. En medio de un oscurantismo religioso retratado con agudeza en la novela de Umberto Eco, se realiza una reunión para resolver un dilema teológico: ¿era Jesús propietario de su túnica? En realidad se trataba de una controversia más profunda: los denominados franciscanos espirituales (que derivarían en una facción conocida como los fraticellis) enfrentan a la jerarquía eclesiástica (incluido el Papa) en torno al desapego de los bienes materiales. Las ideas de los franciscanos sobre una auténtica pobreza apostólica son consideradas heréticas.

Homicidios, luchas por el control de la abadía, mentiras, persecución por un inquisidor enviado por el Papa, e intento de desacreditar los métodos científicos del protagonista (Guillermo de Baskerville, un fraile detectivesco que emula al mismo tiempo a Guillermo de Ockham y a Sherlock Holmes) dan el marco a un relato que resalta magistralmente las intrigas en las que están envueltos un grupo de personajes que tienen en común ser, supuestamente, hombres de Dios.

El título de la novela proviene de una idea paradójicamente simple a la vez que sofisticada. Como dice Eco, el simbolismo de “la rosa” es tan denso y lleno de significados que “…ya casi los ha perdido todos: rosa mística, y como rosa ha vivido lo que viven las rosas, la guerra de las dos rosas, una rosa es una rosa, los rosacruces, gracias por las espléndidas rosas, rosa fresca toda fragancia”.

Tanto se usa el nombre que su contenido se diluye para ser solo eso, un mero nombre sin significado definido: “De la rosa solo queda el nombre desnudo” y “[Aunque] persiste el nombre de la rosa primigenia, [solo] el nombre desnudo tenemos”.

Del término Pontificia Universidad Católica (PUC) hoy nos queda solo su nombre desnudo, irrelevante y confuso, como el nombre de la rosa. No es ni el ‘Pontificia’ ni el ‘Católica’ lo que le da significado. Es al revés. Lo que vale no es lo que el Papa o el arzobispo le dieron. Es la atmósfera tolerante de su formación y la calidad de su educación lo que le da el valor al nombre y no el nombre el que le da valor a la universidad. La PUC es lo que es al margen (y a pesar) de su nombre. Es más. Todo indica que el nombre viene condicionado a la pérdida de su esencia de tolerancia y apertura.

‘Pontificia’ y ‘Católica’ han perdido su sentido. Se han usado tanto y en tantos contextos, que ya no sabemos si son buenos o malos, positivos o negativos. Se han alejado de toda realidad para diluir su original sentido divino y terminar enterrados en un sentido terrenal, humano y hasta banal.

Por eso no debe preocupar el nombre, sino la esencia. Eso es lo que hay que preservar. Lo demás no importa.

Como en la novela de Eco, la historia que vivimos casi calca circunstancias y personajes: intrigas, inquisidores, poder, apropiación de bienes en nombre de la espiritualidad, infalibilidades, manipulación del Derecho y jerarquías basadas en una supuesta inspiración divina. La teocracia (el poder supuestamente derivado de Dios) es una buena forma de evadir explicaciones porque la fe no requiere (al menos para algunos) demostración. Y la historia nos demuestra que las organizaciones basadas en jerarquías sin rendición de cuentas, sean estas políticas, militares o eclesiásticas, son proclives a la arbitrariedad y al abuso. Y un poder sin límites, al margen de su origen, tiende a corromper y a corromperse.

Como en ‘El nombre de la rosa’, esta historia posiblemente escalará a otros niveles donde se hable de blasfemias y se amenace con excomuniones o exorcismos, supersticiones más propias de una novela de brujería. Pero, parafraseando al zorro de ‘El principito’, “lo esencial es invisible a los ojos” y, añadimos, ajeno al nombre que le pongamos.