Abogado de la PUCP cuenta cómo se ha dado este proceso.

El señor Walter Muñoz Cho, designado por el Arzobispo de Lima ante la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva-Agüero, presentó al Tribunal Constitucional (TC) un escrito de desistimiento de la apelación por salto que había interpuesto hace casi dos años en contra de la Universidad. El 4 de setiembre, el TC ha publicado la resolución que acepta ese desistimiento.

Esto equivale a decir que el Arzobispado de Lima reconoce la validez de la resolución contra la que apeló en diciembre de 2011 y que, por tanto, también reconoce que la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en marzo de 2010, no es la última palabra de los jueces peruanos sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero. Corrige, así, una errónea afirmación que ha repetido insistentemente a lo largo de los tres últimos años.

La defensa jurídica de la Universidad se mantiene firme para garantizar la autonomía universitaria y la propiedad de los bienes que sirven para nuestras actividades académicas. Seguiremos informando a la comunidad universitaria de la evolución de los procesos judiciales sobre la materia.

Profesores receptores de la notificación comunican sobre trámite ante la CIDH.

A la comunidad universitaria:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que ha dado trámite a la petición presentada en setiembre de 2010 por miembros de la comunidad universitaria de la PUCP en contra de la sentencia emitida en marzo de 2010 por cuatro integrantes del Tribunal Constitucional en un proceso de amparo seguido por nuestra Universidad.

2. Dicha sentencia, como se ha demostrado ampliamente, afectó los derechos al debido proceso, a la educación —incluyendo la autonomía universitaria— a la libertad de cátedra, y a la no discriminación.

3. La CIDH ha decidido notificar nuestra petición al Estado peruano para que presente observaciones a su contenido en un plazo de tres meses. Al respecto, la comunidad universitaria hará sus mejores esfuerzos para favorecer una solución dentro de los términos mencionados en la notificación de la CIDH, resguardando los derechos de sus integrantes.

4. Esta notificación no es un prejuzgamiento sobre la situación existente, pero la apertura a trámite hace que el Estado deba informar sobre esa sentencia, cuestionada por nosotros, en virtud del Art. 205 de la Constitución Política.

Mantendremos informada a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de este trámite.

Marcial Rubio Correa
Rocío Villanueva Flores

Lima, 2 de setiembre de 2013